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El apoyo estratégico de CiU a Rajoy va más allá de la reforma laboral

La asfixia financiera de la Generalitat favorece el apoyo a los populares

El Gobierno mantiene su senda reformista ante las exigencias europeas

Rajoy cumple con Bruselas pero se enfrenta a una huelga general

Rajoy conversa con Duran Lleida durante el pleno. Ampliar foto
Rajoy conversa con Duran Lleida durante el pleno. EFE

La dura reforma laboral de Mariano Rajoy cruzó este jueves la primera y decisiva línea del trámite parlamentario, con más votos de los necesarios (197) y con un respaldo estratégico de CiU que va mucho más allá del decreto.

El debate fue crispado, subido de tono, plagado de interrupciones e insultos, en un ambiente caliente a la altura de la trascendencia de la votación y de lo que para todos los grupos suponía la convalidación del texto. Para los que se oponen a la reforma porque consideran que se pasó el punto de no retorno en el cambio de las relaciones laborales, de tal forma que nada será igual porque se reduce al mínimo la negociación colectiva y se extiende el despido de baja indemnización (20 días) prácticamente a todos los casos. Y para el PP y el Gobierno, porque esta gran reforma permite a Rajoy presentar en Bruselas parte de los deberes hechos; porque, como él mismo dijo ante un micrófono abierto, puede costarle una huelga general, y porque le permite probar el calado de los apoyos para afrontar los recortes del Presupuesto.

El decreto ya está en vigor, pero se inicia ahora un trámite de urgencia, que no terminará antes de mayo y que permitirá incluir enmiendas y modificaciones. Sin embargo, el Gobierno ha dejado claro que solo aceptará mínimos retoques, negociados con CiU.

Para Rajoy es importante, aunque no decisivo, el voto de los nacionalistas catalanes. Le sirve para no estar solo frente a la calle y es un apoyo estratégico que da cobertura política al presidente del Gobierno. CiU se mantiene como socio preferente gobiernen el PSOE o los populares, y en España hay alternancia, pero terminan influyendo o decidiendo los nacionalistas catalanes.

Materialmente, CiU ha logrado que se precise en un artículo que la competencia sobre las políticas activas de empleo, como ya logró algo similar en el decreto que reforma el sistema financiero. En este caso, el PP se aprovecha de que, como explicó Carles Campuzano, CiU cree en esta dura reforma, y de que la Generalitat catalana se encuentra en situación de asfixia financiera y necesita al Gobierno central, tal y como asegura el PP.

“La reforma es completa y equilibrada”, permitirá “frenar la sangría del desempleo en el corto plazo” y “aporta más derechos a los trabajadores al tiempo que facilita la flexibilidad a los empresarios”, aseguró en defensa del decreto la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en la tribuna del Congreso. Al Gobierno le sigue dando juego, y lo explotó al máximo, la referencia a la herencia del PSOE. Báñez la usó como burladero para refugiarse en los recortes del anterior Ejecutivo y, lanzada, esgrimió los escándalos sobre los ERE irregulares en Andalucía y exigió a los socialistas que “abandonen las movilizaciones y las pancartas y sean leales como lo fue el PP en la oposición”.

Con esos argumentos, el calor del debate se convirtió en bronca. Especialmente cuando intervino la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, y sacó a relucir la “violencia estructural” a favor del aborto, invocada el día antes por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. “Se está yendo de la cuestión”, le interrumpió Jesús Posada, presidente de la Cámara, que calló mientras la ministra hablaba de la Junta de Andalucía. Entre gritos de “¡eres, eres!” procedentes de la bancada popular, la portavoz socialista sostuvo que la reforma es “una barbaridad”, es inconstitucional, cambia las reglas de juego en las relaciones laborales y no ha sido dialogada con los sindicatos.

El PSOE encabezó el rechazo al decreto, que es superior al que tuvo en el Congreso la reforma laboral de José Luis Rodríguez Zapatero, la que provocó una huelga general en 2010 y terminó por desgastar al Gobierno socialista. Entonces hubo ocho votos en contra y la mayoría fueron abstenciones, pero la convalidación del decreto de Rajoy tuvo este jueves en contra a 142 diputados. Se incluye el PNV, para cuyo portavoz, Emilio Olabarria, “va a provocar 630.000 desempleados nuevos este año y la pérdida de 450.000 afiliados al sistema público de pensiones”.

A la izquierda del PSOE, la oposición al decreto fue aún más radical. Así, Joan Coscubiela (ICV) llamó a apoyar la huelga general y Joan Tardà (ERC) habló de “terrorismo empresarial”. La tensión llegó al extremo con la disputa entre Sabino Cuadra (Amaiur) y Celia Villalobos, en funciones de presidenta de la Cámara, por la distribución de los tiempos.

Los puntos clave del decreto

  • Despido objetivo más sencillo. La reforma laboral establece que bastan tres trimestres consecutivos de caídas de la facturación en una empresa para justificar los despidos por causas económicas. Estos tienen una indemnización de 20 días por año trabajado con un límite máximo de 12 mensualidades. De esta forma, la capacidad de decidir de un juez sobre la improcedencia o no de un despido queda limitada.
  • Eliminación de la autorización administrativa en los despidos colectivos. Los empresarios podrán efectuar despidos colectivos sin contar con el beneplácito de la autoridad laboral. Este cambio resta poder de negociación a los sindicatos. Hasta ahora, si un ERE llegaba a la Administración pactado entre empresario y trabajadores, la autoridad laboral tenía la obligación de darle el visto bueno.
  • Rebaja del coste del despido no justificado. La indemnización por despido improcedente pasa de 45 días por año trabajado con un límite de 42 mensualidades a 33 días con un tope de 24 meses. Para los contratados antes de que entrara en vigor la reforma, 12 de febrero, el cálculo se efectúa de acuerdo con la fórmula anterior hasta el momento en que se aprobó el real decreto; desde entonces, según la nueva fórmula.
  • Prioridad de los convenios de empresa. Los pactos alcanzados en las compañías prevalecerán sobre los firmados en sectores o regiones. Antes esto era así, salvo que los convenios autonómicos o sectoriales pactaran otra cosa.
  • Dos años de prórroga. Cuando caduca un convenio, los sindicatos y los empresarios tienen un plazo de dos años para renovarlo. Transcurrido ese periodo sin acuerdo, el convenio deja de aplicarse y los trabajadores quedan bajo el amparo del convenio superior (sector o territorio) o del Estatuto de los Trabajadores.
  • Rebaja de sueldos. El empresario podrá reducir unilateralmente el sueldo de los empleados hasta el suelo marcado por el convenio aduciendo motivos de productividad. Si el empleado no acepta, puede recurrir al juez. Este paso no paraliza la decisión empresarial, y el trabajador tiene derecho a dejar la empresa con una indemnización de 20 días por año trabajado con un límite de nueve mensualidades.