Procedimientos

Desmintiendo su pose de abúlico indeciso, Rajoy lleva dos meses trepidantes al timón del Gobierno. Su última proeza, tras la contrarreforma política y el desarme del derecho laboral, ha sido su gesto de insumisión a Bruselas y Berlín, desobedeciendo el objetivo de ajuste del déficit al 4,4% del PIB. Un desplante soberano destinado a marcar distancias con la anterior sumisión de Zapatero al directorio europeo, demostrando así la superioridad de su liderazgo desde el primer momento. Pero es que claro, con semejante mayoría absoluta y perteneciendo a la internacional conservadora del PP europeo, Rajoy puede permitirse lujos de los que su antecesor jamás hubiera sido capaz, dada su impotencia minoritaria y socialdemócrata. Por lo demás, en el numerito del viernes parece haber mucho truco teatral, tras haber sido precocinado entre bastidores. Lo que no quita para que suponga un golpe de efecto político de gran impacto mediático, permitiéndole refutar el mito de que los Gobiernos europeos estarían hoy sometidos tanto a los mercados globales como al dictado alemán.

Pero resulta prematuro iniciar ya el análisis del primer Gobierno Rajoy. Aún no han pasado los cien días de rigor desde su toma de posesión, todavía seguimos en la luna de miel que vive todo Gobierno tras su victoria en las urnas y sigue sin conocerse la medida exacta del shock presupuestario (recorte de gastos y alza de impuestos) con que se propone estabilizar la economía española a riesgo de asfixia. Pero si no procede prejuzgar antes de hora el contenido político de las medidas adoptadas, bien se puede entrar a discutir ya las formas esgrimidas: los métodos, las maneras, los procedimientos. Algo sagrado para la democracia procedimental, fundada como está en la Rule of Law. Pues bien, en esta dimensión procedimentalista, los métodos y las formas exhibidos hasta ahora resultan más que inquietantes, dada la precedente trayectoria del PP y la mayoría absoluta de que goza.

Con ello me refiero no sólo a groseros defectos de forma que atentan contra el deportivo juego limpio (como traicionar el programa electoral, eludir responsabilidades culpando a la herencia recibida, camuflar las verdaderas intenciones ocultas o caer en el spoil system), sino sobre todo a la posible instrumentalización de las instituciones con fines partidistas, clientelares o personalistas. Véase como ejemplo el caso de la justicia. El ministro responsable ya anunció su intención de modificar la normativa que regula el acceso a sus órganos de dirección (Tribunal Constitucional y Consejo del Poder Judicial, del que dependen los demás), con el peligro evidente de ponerla al servicio de la asociación de magistrados conservadores más afín al partido en el poder. El nuevo fiscal general no solo renunció a recurrir la absolución de Camps y Costa, sino que acaba de reabrir la patraña conspiranoica del 11-M. Y entretanto, el triple procesamiento por prevaricación contra el juez Garzón ha terminado con un resultado aparentemente salomónico (condena, archivo y absolución) que parece destinado a justificar el cierre del caso Gürtel. ¿La justicia al servicio del PP?

Y si el poder judicial se inclina hacia el Ejecutivo, lo mismo podría ocurrir con los demás poderes independientes destinados a ejercer la función arbitral. Me refiero a las diversas agencias reguladoras que acaban de ser refundidas y reducidas al mínimo para plegarlas quizás al servicio del poder político. Y en esta misma línea de posible instrumentalización de los mecanismos de control destaca la reciente destitución de la cúpula de la ONIF: la alta inspección tributaria que investigó el caso Gürtel. De poco servirá que la vicepresidenta anuncie una ley de transparencia si las fiscalías especializadas en la lucha contra la corrupción pasan a estar instrumentalizadas por el poder. Pues cuando las instituciones independientes pierden su apariencia de imparcialidad, sus dictámenes y veredictos dejan de resultar fiables.

Es lo que ahora está ocurriendo con la Intervención General del Estado, cuyas certificaciones sobre el volumen del déficit público han sido puestas en duda bajo sospecha de manipulación tanto por el Gobierno y las CC AA como por la propia Unión Europea. Ya probó en su momento Alejandro Nieto que la corrupción española se debía a la sumisión de los interventores municipales a los alcaldes. Y siguiendo su argumentación, no habrá saneamiento posible de la Hacienda española hasta que exista una Intervención General verdaderamente independiente del poder en los tres niveles del Estado: el municipal, el autonómico y el central. Solo así podrá evitarse que la Unión Europea siga desconfiando de las cifras de nuestra Hacienda, lo que podría llevarnos a que la Intervención General tenga que realizarla Bruselas.