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Las víctimas: "El Supremo nos ha hecho perder mucho tiempo"

Los denunciantes pedirán al tribunal que resuelva de urgencia la competencia sobre las fosas

Natalia Junquera
Emilio Silva, durante su declaración en el juicio a Garzón.
Emilio Silva, durante su declaración en el juicio a Garzón.EFE

No puede haber grandes celebraciones por la sentencia absolutoria de Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo, manifiestan varios juristas y colectivos de víctimas. El tiempo transcurrido desde que se presentaron las primeras denuncias por estos crímenes, en 2006, hasta hoy, cuando el juez que decidió investigarlos ha sido absuelto por ello, han causado un daño irreparable al proceso. Muchas de las víctimas del franquismo han muerto en estos cinco años y medio.

Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal jefe anticorrupción. "Se cumple un plan perfectamente calculado y preconcebido. Este debería haber sido el primer juicio y ha sido el último, deliberadamente. El Supremo le absuelve cuando ya le ha apartado injustamente de la carrera judicial. Cinco años y medio más tarde, ¿qué hacen ahora las víctimas del franquismo? La mayoría de los jueces con fosas en su jurisdicción han archivado las denuncias de Garzón. Que hayan dejado pasar tanto tiempo para absolverle es una ofensa a la inteligencia jurídica".

El ex fiscal jefe anticorrupción cree que la absolución deja al juez Varela, instructor de la causa, en una situación muy delicada, "como un incompetente y un perfecto ignorante. Debe ser objeto de una crítica inmisericorde por empeñarse en llevar este proceso hacia adelante con el fiscal en contra y haciendo pactos espúreos con la acusación de Manos Limpias". "Todo este proceso ha sido un disparate jurídico".

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"Es imposible estar contento porque ha pasado mucho tiempo y se han cometido muchas atrocidades en el camino. Pese a todo, me alegro porque este fallo supone un espaldarazo a una decisión histórica y una buena noticia para las víctimas del franquismo. Esta causa debería reabrirse en la Audiencia Nacional".

José Antonio Martín Pallín, magistrado retirado del Tribunal Supremo, opina que esta causa contra Garzón "nunca se debió abrir con unos fundamentos jurídicos tan débiles. El escrito de admisión de las querellas fue inadmisible. Y todavía más escandaloso es que haya terminado celebrándose un juicio. Aunque ha servido para que las víctimas del franquismo pudieran ser escuchadas.

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Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. "Me parece muy desproporcionado todo lo que han montado para votar seis contra uno. Creo que deja al juez Varela en un papel delicadísimo", asegura. "Los denunciantes pedirán mañana a la justicia que resuelva el conflicto de competencia de urgencia . Detrás de esto hay gente muy mayor. Muchos han muerto en estos años. El Tribunal Supremo nos ha hecho perder mucho tiempo y tiempo es precisamente algo que no tienen los familiares de las víctimas. Se han destruido muchas pruebas durante este proceso porque ha muerto gente cuyo testimonio podía llevarnos a abrir fosas del franquismo".

Luis García Montero, portavoz de la Plataforma Solidarios con Garzón, ha anunciado que en los próximos meses, se va a organizar "un gran homenaje” al exjuez, además de un encuentro nacional de todas las organizaciones de represaliados y de víctimas del franquismo "para seguir en la lucha". El poeta ha valorado con "alegría macabra" este procedimiento, dirigido contra Garzón y en el cual se ha dado a las víctimas la oportunidad de contar su "historia" delante de un tribunal. "Nos ha conmocionado oír sus historias", ha afirmado en declaraciones a Europa Press. García Montero sospechaba que Garzón sería absuelto por investigar los crímenes del franquismo ya que “se trataba” de apartarle de la carrera, lo que el Supremo acordó en la causa de las escuchas de la Gürtel.

Reed Brody, observador internacional enviado por Human Rights Watch al juicio. "Al declarar este caso improcedente, el Tribunal Supremo ha conseguido evitar un escándalo de mayores proporciones. La investigación de hechos de tortura y desapariciones no puede ser considerada un delito. España debería cumplir el pedido de las Naciones Unidas y derogar la ley de amnistía de 1977, además de brindar asistencia a los familiares de las víctimas del franquismo en su prolongada búsqueda de justicia y verdad". "Sin embargo, la condena que ya fue dictada contra Garzón constituye de por sí un serio revés. Aunque Garzón ya no podrá volver a ejercer como juez, no es él quien más se ha perjudicado con este resultado .La decisión perjudica particularmente la reputación del poder judicial español y a aquellas personas -ya sea en España, detenidas en Guantánamo o en otros países de todo el mundo donde no existe justicia- que sabían que podían contar con que al menos un juez independiente aplicaría las normas de derechos humanos sin temor a las consecuencias políticas".

María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular y presidenta de Castilla-La Mancha, ha asegurado que el PP respeta la sentencia dictada por el Tribunal Supremo. "Desde el partido respetamos las sentencias sea cual sea el sentido de las mismas", ha afirmado.

Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, se ha pronunciado en línea similar. Ha señalado que en un Estado de Derecho, con plena independencia de sus poderes, el Gobierno respeta cualquier resolución que dicta cualquier organismo jurisdiccional en España. Gallardón ha agregado que, al margen del criterio personal que cualquier ciudadano puede adoptar ante una resolución, hay que tener la seguridad y la garantía de que el Supremo es el organismo que identifica los valores de independencia del poder judicial y que aplica las leyes que aprueban los legisladores, cumpliendo el mandato democrático de los ciudadanos.

El ministro también ha dicho que ninguna de las críticas "injustificadas" lanzadas contra el alto tribunal por el proceso seguido contra Garzón por la causa del franquismo le ha hecho perder el prestigio que tiene ante los ciudadanos. El exalcalde de Madrid ha añadido que, dentro y fuera del país, la justicia española es percibida como "fuerte" e "independiente" y con la capacidad de poder resolver los conflictos en los que se haya producido una vulneración de la legalidad vigente.

Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE, ha mostrado la satisfacción de su partido por la sentencia. "Unas sentencias nos gustan más que otras y esta, en concreto, nos satisface", ha precisado. Valenciano ha puntualizado que el PSOE siempre ha creído que la justicia debía investigar los crímenes del franquismo. No obstante, ha hecho hincapié en que "cualquier sentencia de los tribunales es respetada por el Partido Socialista. Faltaría más".

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Sobre la firma

Natalia Junquera
Reportera de la sección de España desde 2006. Además de reportajes, realiza entrevistas y comenta las redes sociales en Anatomía de Twitter. Especialista en memoria histórica, ha escrito los libros 'Valientes' y 'Vidas Robadas', y la novela 'Recuérdame por qué te quiero'. También es coautora del libro 'Chapapote' sobre el hundimiento del Prestige.

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