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La inspección del Poder Judicial se opuso a investigar al juez del ‘caso Urdangarin’

El Consejo abrió diligencias, pese al dictamen contrario, por cuatro votos a uno

Gema Gallego, vocal conservadora, la única que rechazó las pesquisas

La Comisión Disciplinaria del Consejo del Poder Judicial acordó investigar las filtraciones del juzgado que ha imputado a Iñaki Urdargarin a pesar de que sobre la mesa tenía un informe de sus servicios de inspección que proponía archivar la denuncia del abogado del expresidente de Balares Jaume Matas. El letrado elevó una denuncia al Poder Judicial pidiendo que se indagasen las filtraciones del sumario que instruye en Palma de Mallorca el juez José Castro contra el yerno del Rey por delitos de fraude a la Administración y malversación de fondos públicos.

El Consejo acordó el martes, por cuatro votos contra uno, “investigar las medidas adoptadas por el juzgado para evitar las masivas filtraciones y, en la medida de lo posible, que sean depuradas las responsabilidades”. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ya archivó en diciembre una querella por revelación de secretos en el caso Urdagarin presentada por el abogado de Matas, Antonio Alberca. Ante este revés, lo ha intentado ahora, esta vez con cierto éxito, ante el órgano de gobierno de los jueces.

La decisión de abrir diligencias fue adoptada por cuatro de los cinco vocales de la comisión disciplinaria (integrada por los conservadores Pío Aguirre, presidente, y Gemma Gallego, los progresistas José Manuel Gómez Benítez y Miguel Carmona, y la vocal elegida a propuesta del PNV Margarita Uría). Solo la vocal Gallego avaló con su voto la opinión del servicio de inspección y discrepó abiertamente de la propuesta que sostuvo, a favor de abrir diligencias, el vocal progresista José Manuel Gómez Benítez. Tras un amplio debate, Benítez logró la adhesión de Uría, de Carmona y de Aguirre. No es la primera vez que Gómez Benítez reclama que se investiguen filtraciones. También defendió junto a la vocal Margarita Robles, elegida como él a propuesta del PSOE y ex secretaria de Estado en el Gobierno de Felipe González, que se investigara la supuesta filtración del expediente que ha tramitado el propio Poder Judicial contra la magistrada de Madrid Coro Cillán por el caso de la discoteca Moma. El Consejo General del Poder Judicial ha decidido ahora imponer el secreto y no comunica las diligencias que abre a jueces por irregularidades en su gestión. Los anteriores consejos, a diferencia de este, facilitaban información sobre expedientes tramitados contra jueces.

La comisión disciplinaria negó ayer, a través de un comunicado, que haya abierto una investigación especifica por filtraciones contra el juez Castro, quien tiene citado para el próximo día 25 de febrero a Iñaki Urdangarin, yerno del Rey, para interrogarle como imputado en relación con la supuesta apropiación indebida de fondos públicas a través de sus empresas privadas.

En su comunicado, la comisión matiza que las diligencias abiertas no están dirigidas contra el instructor del caso Urdangarin y precisan que las pesquisas son para averiguar si se han filtrado documentos que estuvieran declarados secretos y, en su caso, determinar la autoría.

Según el Consejo, la investigación abarca, pues, a todo el personal del juzgado, incluyendo fiscales y funcionarios, y su finalidad también es también conocer qué medidas ha adoptado el juez, cuya labor “no se cuestiona”, para evitarlas. El juez Castro consideró en un auto, tras otra denuncia de Matas contra él, que sus supuestas filtraciones son “hechos que no han acontecido” o que “de haberlo sido, sus autores podrían ser infinitos”. Y que, además, no ha habido filtraciones de documentos secretos.

Fuentes del Consejo indicaron que su labor inspectora no se ciñe a los jueces, sino que está facultado para inspeccionar las irregularidades que puedan producirse en los juzgados, y si las hubiere y fueran ajenas al juez, dar traslado de ellas “al Ministerio de Justicia, a los Gobiernos autónomos, a los tribunales superiores o a la Fiscalía General”. En función del órgano del que dependa la persona que haya podido cometer el ilícito.

Los citados medios también apuntaron que no es la primera vez que el Consejo abre diligencias por filtraciones de sumarios secretos. En el caso Campeón, que afecta al exministro de Fomento José Blanco, la Comisión Permanente del Consejo remitió al Tribunal Supremo otra denuncia por filtraciones. Señalan que, cuando se trata del Supremo, el trámite de inspección tiene un régimen especial que consiste en que el alto tribunal nombra a un instructor que da cuenta a la sala de Gobierno. En el caso Campeón fue nombrado un instructor, que poco después propuso, y logró, archivar el asunto al no poder determinar la autoría de la filtración.

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