Selecciona Edición
Iniciar sesión

El Poder Judicial investiga al juez que interrogará a Urdangarin en 16 días

La comisión disciplinaria abre diligencias informativas por las filtraciones del caso

El juez José Castro; detrás, el fiscal Antonio Horrach.

La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial acordó abrir unas diligencias informativas previas al juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca, cuyo titular es José Castro Aragón, que investiga el caso Urdangarin, en el que está imputado el yerno del Rey por fraude a la Administración y malversación de fondos públicos. La comisión disciplinaria ha decidido, en función de la denuncia contra Castro presentada por el abogado de Jaume Matas, “investigar las medidas adoptadas por el juzgado para evitar las masivas filtraciones y, en la medida de lo posible, que sean depuradas las responsabilidades”. En otros casos de filtraciones de sumarios declarados secretos, el consejo nunca abrió este tipo de expediente.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares rechazó en su día una querella de Matas contra el juez Castro, al que atribuía, entre otros, los delitos de revelación de secretos y de dejación en la obligación de todo juez de perseguir el delito.

La defensa del expolítico del PP mantiene una reiterada y beligerante acción contra el juez Castro, al que ha atribuido “fobia personal y política contra” Matas. La Fiscalía Anticorrupción acusó al abogado Antonio Alberca de usar “la vía penal para intentar desacreditar la labor instructora”.

“Es imposible guardar con escrupulosa fidelidad un secreto tan compartido”

El juez Castro, al rechazar la primera denuncia de Matas sobre el tema, negó que se hayan dado filtraciones en las partes secretas del caso, pero reconoció que era muy difícil hacer cumplir el deber de sigilo general sobre la causa debido al gran número de personas con acceso a ella, entre afectados, abogados, procuradores o miembros de la Policía Judicial.

Castro consideró en un auto que sus supuestas filtraciones son “hechos que no han acontecido” o que “de haberlo sido, sus autores podrían ser infinitos”. Iniciar una causa sobre ello “ya se advierte inútil, dilapidadora de un tiempo que no sobra”.

El juez, en alusión a Matas, indicó que “no ha sido nadie vinculado” al juzgado “quien ha concedido ruedas de prensa relacionadas con esta causa, tampoco el que ha acudido a medios televisivos para lo mismo, ni tampoco quien ha enviado a la dirección de un determinado diario local y para su publicación un escrito comentando aspectos de esta causa y cuestionando la imparcialidad de este instructor”. Sobre el caso Urdangarin, el juez aseguró que “en ningún momento ha habido la menor filtración”. “Ni una sola de las resoluciones que han recaído en dicha pieza secreta” hasta el auto de 3 de noviembre, que ordenó las entradas y registros llevados a cabo en Barcelona, como en el Instituto Nóos, “ha trascendido al exterior, ni en su letra ni en su espíritu”.

En cuanto a las filtraciones “que se dicen habidas desde el inicio de la causa y en lo no especialmente secreto”, el juez Castro comenta que el deber de sigilo “queda seriamente comprometido” por la obligación legal de entregar copia de la causa a los afectados, que sumados a sus abogados, procuradores y ministerio fiscal, dan “nada menos” que la cifra de 136 personas. El juez afirmó que “no está en condiciones de lanzar la más mínima sombra de sospecha sobre nadie” y “que un secreto compartido por tan elevado número de personas es en la práctica imposible de guardar con escrupulosa fidelidad”.