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Marlaska exonera a los mandos militares de Trillo del ‘caso Yak-42’

El juez no aprecia “responsabilidad penal relevante” en el siniestro

La fiscalía dijo que el accidente era previsible y pudo haberse evitado

La sala que verá los recursos ya se pronunció en favor de las defensas

Federico Trillo declara en el juicio del 'caso Yak-42'. Ampliar foto
Federico Trillo declara en el juicio del 'caso Yak-42'.

No por esperada dejó de caer la noticia como un “jarro de agua fría” sobre los familiares de los 62 militares muertos en el accidente del Yak-42, el 26 de mayo de 2003. El titular del juzgado central número tres de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, decretó el “sobreseimiento libre” de la cúpula militar de la etapa de Federico Trillo al frente de Defensa, por considerar que no existió “responsabilidad penal relevante” en la mayor catástrofe sufrida por las Fuerzas Armadas españolas en tiempo de paz.

En el sumario abierto para investigar las múltiples irregularidades que rodearon la contratación del avión ucraniano estaban imputados hasta ahora los entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante general Antonio Moreno Barberá; jefe del Estado Mayor Conjunto, Juan Luis Ibarreta; jefe de la División de Operaciones, contralmirante José Antonio Martínez Sainz-Rozas; el coronel Joaquín Yáñez González y el teniente coronel Alfonso Elías Lorenzo Taboada, miembros del Grupo de Control del Contrato con la agencia NAMSA de la OTAN; y el coronel Abraham Ruiz López, representante español ante NAMSA.

El juez concluye que la causa del accidente en el que perdieron la vida los militares que regresaban de cumplir su misión en Afganistán fue “la falta de preparación concreta de la tripulación para aterrizar en aeropuertos como el de Trabzon (Turquía)”, así como para reaccionar “ante situaciones de riesgo”, lo que, “unido a la razonable fatiga”, hizo que el piloto se desorientara y se dirigiera hacia unas montañas. “No fueron las circunstancias relativas al estado y mantenimiento de la aeronave las causas, directas ni indirectas, del siniestro”, concluye.

Marlaska no ve responsabilidad en el hecho de que Defensa contratara los vuelos de traslado de tropas con la agencia NAMSA, que adjudicó el contrato al broker Chapman Freeborn, que a su vez subcontrató, a través de varios intermediarios, con la ucraniana UM Air, y subraya la autonomía que tienen los comandantes de los aviones para organizar los vuelos y más aún “en escenarios bélicos”. Concluye que no se podía exigir a los mandos militares imputados “una acción concreta omitida, intencional o imprudente, relacionada con el vuelo en sí mismo o de carácter colateral”, por lo que decreta el sobreseimiento.

Eso sí, subraya que su decisión “en modo alguno desvirtúa la gravedad de los hechos” ni la existencia de “cualquier otra responsabilidad” distinta a la penal.

La decisión del juez contradice a la Fiscalía, que estimó que los mandos militares incurrieron en una “imprudencia grave” y una “absoluta falta de diligencia, pese a tener conocimiento de las enormes deficiencias e irregularidades que caracterizaban” ese tipo de vuelos. Todo ello, para el fiscal, “hacía previsible que pudiera suceder [un siniestro] que hubiera sido evitable”.

Es la tercera vez que se archiva el caso Yak-42. En las dos anteriores, en 2004 y 2008, la Sala de lo Penal ordenó reabrir la investigación. Es dudoso que ahora suceda lo mismo, pues la sala que debe resolver los recursos ya rechazó en abril de 2010 ampliar la lista de imputados con un auto que ha servido ahora a Marlaska para decretar el archivo.

Al margen de este sumario, la Audiencia Nacional condenó en 2009 al general médico Vicente Navarro, ya fallecido, y a sus dos subordinados (los comandantes José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sanz) por falsear las identidades de 30 de los 62 militares fallecidos en el Yak-42.

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