Génova recibe una advertencia por resistirse a aportar datos

“Procede reiterar del Partido Popular el inmediato cumplimiento de lo requerido (…) Invocando el deber de colaboración con la justicia, reitérese el oficio”.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia asumió en mayo la investigación de la financiación irregular del PP autonómico. Dos meses después, el instructor del caso, José Ceres, requirió a la dirección nacional del partido para que aportara un informe sobre el funcionamiento de sus cuentas y determinara quién o quiénes han sido responsables o han intervenido en la contabilidad del partido en la Comunidad Valenciana. El magistrado solicitó que se informara del “modo de funcionamiento”, del grado de “autonomía económico-financiera y contable” y del modo en que Génova fiscaliza y controla al PP valenciano. Además, reclamaba una atención especial al funcionamiento de la contabilidad electoral “y en concreto la derivada de las campañas de los años 2007 (autonómicas y locales) y 2008 (generales)”.

A principios de octubre, el PP aún no había contestado y el juez les requirió para ello. Ni lo hizo después del día 10, fecha en la que se le recordó, ni tras el 29 del mismo mes, cuando alegó una “inmediata” remisión. El 22 de diciembre la reclamación se hizo vía telefónica y, a finales de ese mismo mes, después de medio año, el juez decidió realizar la advertencia señalando además que, de no cumplirse el requerimiento, el PP podría ser apercibido de la posibilidad de incurrir en responsabilidad penal. Fue con esa “amenaza” con la que, finalmente, Génova (sede del PP nacional) decidió remitir el informe el pasado día 16.

Imprecisiones

Mientras, el PP valenciano envió su propio informe, pero el instructor ha exigido precisiones ya que no indica quién o quiénes fueron responsables de las finanzas en los años 2007 y 2008 y quiénes supervisaron en el PPCV la actividad económico-contable en los mismos años.

Los datos son necesarios para que el magistrado determine quiénes están involucrados en la causa por el posible endoso de facturas a empresarios, que habrían abonado los servicios realizados por la trama al PP valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008. De momento, están imputados quienes conformaron la cúpula del PP valenciano en aquellos años y el extesorero del PP nacional, Luis Bárcenas, así como varios miembros de la trama Gürtel.