Los siete días que hicieron temblar la Transición

Martín Villa recuerda la semana de enero 1977 en que España estuvo al borde del abismo

El exministro Martín Villa, el pasado viernes en Madrid.

"Solamente en aquellos días de enero vi seriamente amenazada la Transición”. Quien lo dice tiene sobrados argumentos para hacer tan rotunda afirmación. Es Rodolfo Martín Villa, ministro de Gobernación en 1977, quien entonces, hace ahora 35 años, hubo de hacer frente a una ofensiva criminal que colocó a la naciente democracia al borde del precipicio. A esa situación se llegó por la concatenación de episodios como los secuestros de Antonio María de Oriol y del general Emilio Villaescusa, el asesinato de los abogados laboralistas de la calle de Atocha, la muerte del estudiante Arturo Ruiz por disparos de un ultraderechista y la muerte de la joven universitaria María Luz Nájera al ser alcanzada por un bote de humo de la policía antidisturbios. España iba de sobresalto en sobresalto tras los “cuarenta años de paz” de la propaganda de régimen franquista.

A sus 77 años, Martín Villa conserva una lucidez y una memoria prodigiosas. Recuerda nombres y fechas con precisión. Es un magnífico guía para recorrer de su mano aquellos intrincados —y delicados— acontecimientos. Ministro de Relaciones Sindicales en el primer Gobierno de la monarquía presidido por Carlos Arias Navarro, fue llamado de nuevo al Ejecutivo encabezado por Adolfo Suárez, quien le asignó una cartera “de primera”: nada más y nada menos que la de Gobernación. Así, con solo 42 años, se convirtió en personaje clave de la Transición.

“En ese primer Gobierno de Suárez se hicieron las grandes transformaciones que luego consagraría la Constitución”, afirma. Y el Ministerio de la Gobernación era un macrodepartamento del que dependían la seguridad pública, la política de la Administración local y la administración de las libertades ciudadanas (asociación, reunión y manifestación). Ese Ejecutivo, encabezado sorpresivamente por Suárez, estaba formado por personas que, excepto cuatro militares, no habían participado en la Guerra Civil, aunque muchos de ellos sí habían tenido puestos destacados en la dictadura del general Francisco Franco.

Funeral por los abogados laboralistas asesinados en la calle Atocha de Madrid.

El Gabinete de Suárez, constituido en julio de 1976, disfrutó de una muy relativa calma hasta el 4 de octubre siguiente. Ese día, ETA asesinó a tiros en San Sebastián a Juan María de Araluce Villar, presidente de la Diputación de Gipuzkoa, junto con su chófer y tres policías de escolta. Al funeral por las víctimas asistieron miles de personas, entre ellas Martín Villa, que tuvo que salir por una de las puertas laterales del templo, mientras un grupo de exaltados cantaba el Cara al sol entre gritos de “Ejército al poder”. Sería la primera vez que el ministro tuviera que afrontar una situación tan cargada de tensión.

“No éramos un Gobierno democrático, sino salido de la legalidad franquista. Y además, seguramente éramos sospechosos de no ser capaces de garantizar el orden y la seguridad pública”, rememora hoy el entonces ministro. Este se extiende después en un largo análisis de la evolución política antes de llegar a los días del invierno de 1976 en que España estuvo al borde del abismo. Una fecha clave fue el 8 de septiembre de ese año, cuando el presidente Suárez se reunió con la cúpula militar para, entre otras cosas, sondear su posición ante una eventual legalización del Partido Comunista de España (PCE).

El 12 de noviembre de 1976 hubo una huelga general convocada por la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (entre ellas CC OO, UGT y USO). “Era una huelga política. Yo creía que había que ser beligerante y que el Gobierno debía hacer todo lo posible por que el país funcionara ese día. La Administración funcionó y la huelga fue un fracaso. Eso era muy importante porque vino a demostrar que el Gobierno era capaz de mantener el orden y hacer que el país funcionara con normalidad”, recalca Martín Villa. Según él, esa imagen de firmeza y eficacia era muy importante para convencer a la ciudadanía de que Suárez tenía todo bajo control y que era merecedor de la confianza popular.

“Ningún Gobierno tiene por qué hacer frente a una huelga general, pero en aquel caso era importante hacerlo para evitar que los ciudadanos de mayor edad asociaran esa situación con el recuerdo histórico de cosas que ocurrieron en la Segunda República porque algunos de sus Gobiernos no supieron mantener el orden”, añade.

Antonio María Oriol leyendo EL PAÍS en uno de los pisos en los que estuvo cautivo durante su secuestro.

El 11 de diciembre, un comando de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) hizo “prisionero” a Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado. Un auténtico torpedo en la línea de flotación lanzado por un nuevo y minúsculo grupo de ultraizquierda que nuevamente puso en jaque al Ejecutivo. El secuestro produjo una reacción sorda, pero dura, del mundo político, lo cual puso otra vez más al jefe del Ejecutivo contra las cuerdas.

El 15 de diciembre, el referéndum para la reforma política proyectada por Suárez obtiene un respaldo mayoritario del pueblo, señal inequívoca de que este quería avanzar hacia la democracia a pesar de todas las dificultades.

Pero España vivía al borde del infarto. Para más inri, cientos de policías y guardias civiles se echaron a las calles de Madrid el 17 de diciembre en demanda de un salario digno y su inclusión en el sistema de Seguridad Social. Ante este nuevo pulso, el Gobierno reaccionó con un gesto de firmeza destituyendo a toda la cúpula policial. Mariano Nicolás García, entonces gobernador civil de Valencia, fue designado director general de Seguridad; el general Antonio Ibáñez Freire fue nombrado jefe de la Guardia Civil y el general José Timón de Lara fue llamado como inspector de la Policía Armada (los famosos grises).

Las tensiones nos acompañaban desde  que ETA mató a Araluce, afirma el exresponsable de Gobernación

Horas antes de ser destituido de director general de Seguridad, Emilio Rodríguez Román había almorzado con Martín Villa y le había anunciado que ese mismo día iba a ser detenido el secretario general del ilegal PCE, Santiago Carrillo. En efecto, fue arrestado el 22 de diciembre cerca de la calle de López de Hoyos de Madrid, cuando iba disfrazado con una peluca.

“Las tensiones nos acompañaban desde el asesinato de Araluce y sus escoltas. Yo no tenía experiencia en el mando de policías y guardias civiles, excepto la poca que tuve siendo gobernador civil de Barcelona en 1974”, evoca hoy Martín Villa. El secuestro de Oriol era una prueba de fuego para él. Estaba un tanto desorientado sobre cómo pilotar las investigaciones y así se lo confió a Mariano Nicolás, recién nombrado director general de Seguridad.

“Mariano me dijo que la investigación estaba llevándose de forma desorganizada y que hacía falta alguien que la encauzara. Me habló de que él conocía a alguien que podía hacerlo”. Era el comisario Roberto Conesa, entonces jefe superior de Policía de Valencia, que durante muchos años había sido jefe de la franquista Brigada Político-Social y conocido cazarrojos. “Conesa recondujo las pesquisas y pronto empezó a haber pistas sobre un piso donde Oriol había estado secuestrado”, dice el exministro.

María Luz Nájera, también estudiante, que pereció al ser alcanzada por un bote de humo de los policías 'antidisturbios' mientras protestaba por la muerte de Arturo.

Dicen los pesimistas que si hay algo susceptible de empeorar, lo más probable es que empeore. Y esta máxima se cumplió para agravar aún más la situación que padecía la débil e incipiente democracia española. El 23 de enero de 1977, mientras Oriol seguía en poder de los GRAPO, un pistolero ultraderechista asesinó a sangre fría al estudiante Arturo Ruiz, de 19 años, cuando participaba en una manifestación proamnistía en la céntrica Gran Vía madrileña.

Al día siguiente, María Luz Nájera, una veinteañera universitaria, falleció tras recibir en la cara el impacto de un pesado bote de humo lanzado por los antidisturbios para disolver a palos la manifestación convocada en la misma Gran Vía en protesta por el asesinato de Arturo Ruiz. Un nuevo quebradero de cabeza para el Gobierno de Suárez, que parecía acorralado por los acontecimientos, como si una mano negra moviese los hilos para desestabilizarlo.

Solo 24 horas después, otro terremoto sacudía a la sociedad desconcertada: el teniente general Emilio Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, era secuestrado a las puertas de su domicilio de la calle de O’Donnell, número 49. Los GRAPO, que mantenían en su poder a Oriol, se hacían con un segundo rehén. El golpe hizo crujir las cuadernas del frágil barco —la balbuceante democracia— que pilotaba Suárez. “El secuestro de Villaescusa tensó mucho la cuerda. Eso afectaba no solo al mundo político, sino también al militar”, confiesa ahora Martín Villa.

No estaba tan claro  que la policía quisiera detener a los asesinos de los abogados, revela el exministro Martín Villa

Pero aquel día no acabaría ahí. Porque apenas 12 horas más tarde, la sangre volvió a correr por las calles de Madrid. Un grupo de pistoleros ultraderechistas irrumpió en un despacho de abogados laboralistas de la calle de Atocha y abrió fuego a discreción. En aquel atentado fallecieron los abogados Javier Sauquillo, Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez Leal, y resultaron heridos de gravedad Alejandro Ruiz Huertas, María Dolores González, Luis Ramos y Miguel Sarabia.

“Fue una semana absolutamente negra”, reflexiona el ex ministro de la Gobernación. Y cuando uno vuelve la vista atrás le recuerda ante los periodistas nervioso y casi desencajado, con sus gafas resbalando constantemente por su nariz a causa del sudor. “Ayer, Madrid llegó a sufrir un amago —¿solo un amago?— de noche de los cuchillos largos. Asistimos a una conspiración contra el Estado”, señalaba un editorial publicado en la portada de EL PAÍS. Y añadía: “La transformación por vía pacífica de la dictadura en una democracia hubiera sido insólita y hubiera pasado a los anales de la ciencia política. Era necesario, para algunos, intentar dinamitarla, y esta operación es a la que estamos asistiendo”.

“Que la policía quería localizar a Oriol y Villaescusa estaba fuera de toda duda, pero que quisiera detener a los asesinos de los abogados laboralistas no estaba tan claro”, admite Martín Villa al cumplirse el 35º aniversario. Juan José Rosón, en aquella época gobernador civil de Madrid, le recomendó que encomendara esta investigación al comisario Francisco de Asís Pastor, no al superagente Conesa.

Al entierro de los abogados asistieron cientos de miles de personas. Fue un acto ejemplar, un clamor silencioso en pro de la libertad y la democracia. Hasta el Rey estuvo presente en aquel evento: lo hizo sobrevolando a la multitud en helicóptero, según reveló hace un año el ex ministro socialista José Bono.

Arturo Ruiz, el estudiante que murió de un disparo efectuado por un ultra en una manifestación a favor de la amnistía.

Ese clima de crispación política y social obligaba al titular de Gobernación a trabajar 24 horas al día. Dormía en el ministerio cubierto con una manta que le prestaron los guardias civiles de escolta. “Aquellos días de enero vi seriamente amenazada la Transición”, reflexiona hoy. Él dice que estaba volcado en el trabajo y que nunca fue consciente de que los entonces llamados poderes fácticos presionaran al presidente Suárez. “Pero tengo la impresión de que los militares pidieron al Rey que me quitara del cargo”, revela por primera vez, aunque jamás tuvo la constatación.

“Éramos un Gobierno no democrático, sino surgido de la legalidad franquista, pero que íbamos tras la democracia”, dice Martín Villa. “Éramos sospechosos de ser incapaces. Y yo, el ministro del ramo de la seguridad, estaba jodido”, agrega.

Sin embargo, el 11 de febrero de 1977, festividad de la Virgen de Lourdes, empezó a verse la luz al final del túnel negro en que había entrado la Transición. Los hombres del superagente Conesa lograron liberar a Oriol en un piso de la calle de San Claudio de Vallecas y al general Villaescusa en un inmueble de la calle de Sierra de Alcubierre en Alcorcón (Madrid), donde estaban retenidos por los GRAPO.

“Había sectores políticos que desconfiaban de que fuéramos a resolver el caso Atocha”, dice el ex ministro. Pero un mes después, los policías al mando del comisario Pastor apresaron a los homicidas. Todos ellos ultraderechistas muy significados.

“La captura de los asesinos de Atocha hizo que los grupos ultraderechistas se vinieran abajo”, sostiene Martín Villa. Este, a la par, emprendió otra tarea que él considera “muy importante”: alejar poco a poco a los militares de los puestos de decisión que tradicionalmente venían ocupando en la policía y la Guardia Civil.

Las elecciones generales del 15 de junio de 1977 —más de 40 años después de las últimas celebradas en España— suponían que los españoles volvían a decidir en las urnas su destino. Entre el fuego cruzado de los grupos de ultraderecha y los de ultraizquierda, los ciudadanos apostaron por la moderación al primar a los partidos de centroderecha y centroizquierda. Adolfo Suárez, al frente de la Unión de Centro Democrático, se convirtió en presidente con 166 diputados, mientras que el PSOE de Felipe González lideraría la oposición desde sus 118 escaños. Martín Villa seguiría al frente de las fuerzas de seguridad desde el nuevo Ministerio del Interior.

Tras los esfuerzos en pro de la reconciliación nacional promovidos por el Ejecutivo —hubo tres amnistías—, España navegaba hacia la normalización, pero la travesía aún tendría muchas turbulencias: la furibunda actividad de ETA y los GRAPO, la sangrienta oleada criminal de grupos neofascistas en 1980 y, finalmente, el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Pese a todos esos seísmos, la democracia triunfó.