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Montoro traslada las medidas de liquidez a los Ayuntamientos

Las administraciones locales ampliarán hasta 10 años el pago de la deuda pendiente con el Estado

Jesús Sérvulo González
Montoro (derecha), y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ayer durante la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL).
Montoro (derecha), y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ayer durante la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL).LUCA PIERGIOVANNI (EFE) (EFE)

El Gobierno traslada la lluvia de liquidez a los Ayuntamientos. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, arrancó ayer a las administraciones locales el “compromiso de Estado” con la estabilidad de las finanzas públicas que plasmará en una ley proximamente. Al igual que hizo la semana pasada con las comunidades, el titular de Hacienda ofreció a los alcaldes un conjunto de medidas “excepcionales” para aliviar los graves problemas de liquidez que atraviesan los ayuntamientos.

Entre estas medidas se encuentra una línea de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que los regidores puedan afrontar el pago a proveedores. El acceso a estos préstamos estará condicionado al cumplimiento de los objetivos del déficit y a la presentación de un plan de viabilidad por parte de los Ayuntamientos que se acojan a ella. “Está sujeto al reconocimiento de la deuda por parte de los Ayuntamientos”, aseguró Montoro. La deuda municipal asciende a unos 36.700 millones de euros, un 3,4% del PIB español. El ministro no ha precisado las condiciones que tendrán esta línea de financiación, aunque ha dicho que “se busca ofrecer las mejores condiciones financieras posibles”. Pero fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) explican que el “meollo” del asunto está en alargar los plazos de devolución más que en conseguir un mejor tipo de interés. “Lo ideal sería un periodo de carencia de tres o cuatro años y una amortización a cinco o seis años”, explican las mismas fuentes.

El responsable de Hacienda también ha detallado que se ampliará el plazo de devolución, de cinco a 10 años, de las liquidaciones negativas que los Ayuntamientos mantienen con el Estado de los ejercicios 2008 y 2009 y que asciende a unos 6.000 millones de euros. Además, se adelantará para las próximas semanas la mitad de la liquidación de la financiación de 2010, que los ayuntamientos debían cobrar en julio. Los ayuntamientos, por su parte, estarán obligados a presentar información trimestral sobre la evolución de la tesorería y los saldos pendientes de pago a proveedores.

Montoro convocó la Comisión Nacional de Administración Local dos años después de su última cita y se comprometió a impulsar la Ley de financiación local. El ministro ha insistido en la necesidad de aflorar toda la deuda encubierta y actuar contra las prácticas de ocultar las facturas en los cajones. "Hay que suprimir estas políticas. Porque hay que mostrar una imagen de una España comprometida con el recorte del déficit público". Las últimas previsiones del FMI arrojan una recesión para España, en 2012 crecerá un 1,7%, según el organismo internacional que prevé que el país incumpla el objetivo de déficit. Montoro ha evitado responder a si espera un cambio de los objetivos de estabilidad por parte de Bruselas. "Hoy por hoy tenemos un objetivo que cumplir", remachó Montoro.

Por su parte, el presidente de la FEMP, Antonio Zoido, aseguró: “No hemos comprometido a apretarnos el cinturón. Siempre hay margen para apretarse un poco más”. El alcalde de Sevilla dejó entrever que el Gobierno podía eliminar el veto para endeudarse a los ayuntamientos, pero el ministro lo negó tajantemente. "No vamos a relajar los compromisos para nadie". Zoido explicó que antes de abordar la reforma de la financión local sería necesario definir las competencias. Para ello se comprometió a eliminar entes duplicados en las administraciones locales.

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Sobre la firma

Jesús Sérvulo González
Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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