Política

Un empresario gallego lleva seis meses retenido en China por deudas

Su empresa, en concurso de acreedores, debe 216.000 euros a proveedores del país asiático

Cándido Rodríguez, el empresario gallego retenido, en China. / ZIGOR ALDAMA

“El 6 de julio facturé la maleta y recogí sin problema las tarjetas de embarque, pero en el control de inmigración me dijeron que no podía abandonar el país”. Cándido Rodríguez, gallego, empresario textil, lleva desde entonces retenido en China. Seis meses sin poder volver a casa por las deudas que acumula con proveedores del país. El pasado 28 de noviembre, su empresa, Grupo 3 Fashion SL, que distribuía en España trajes de ceremonia fabricados en el gigante asiático, se declaró insolvente. Debe a bancos y proveedores, nacionales y extranjeros. Al entrar en concurso de acreedores, Rodríguez ya no puede decidir a quién paga primero. Aunque tuviera el dinero, no podía saldar su deuda en China.

Sus problemas económicos vienen de atrás. En diciembre de 2010, Rodríguez, se plantó en una sucusal de Ourense con un revólver descargado. “Lo dejó encima de la mesa para intimidar al banco y se desmayó”, recuerda su hijo Marcos. Sus trabajadores emitieron un comunicado condenando la violencia y apoyando a su jefe: “Además de ser un gran empresario, es mejor persona”.

El 26 de junio de 2011 viajó a China para “dar la cara” frente a sus proveedores y explicarles la situación. “Pensé que los chinos entenderían”, relata. Pero uno de los proveedores le puso una denuncia por los 46.000 euros que le adeudaba y el juez de la ciudad de Yangzhou, en la provincia manufacturera de Jiangsu, decretó su retención.

Lo que no podía saber el magistrado es que, aunque quiera y disponga del dinero, Rodríguez no puede saldar su deuda. “Estaría cometiendo un delito en España, ya que la empresa está intervenida judicialmente”, explica su abogado, que pide ocultar su nombre y que ha ofrecido sus servicios de forma gratuita “por razones humanitarias y por el grave precedente que este caso podría sentar para la comunidad empresarial extranjera en China”.

“Se ha celebrado una vista, estamos a la espera del fallo, pero otro proveedor ha puesto una denuncia más —en este caso por una deuda de 170.000 euros— y la orden de retención se mantendrá hasta que se dicte sentencia en este caso, o que se proporcionen garantías económicas con las que no cuenta”, prosigue el abogado. “La ley que regula la entrada y salida de extranjeros otorga al juez la potestad de retener a una persona en caso de que haya una disputa civil. Es muy discrecional y permite que, de facto, se dé un caso de prisión por deudas”.

La forma en la que se han sucedido las denuncias —la segunda llegó justo cuando expiraban los tres meses de la primera orden de retención—, y el hecho de que los dos magistrados que llevan ambos casos se conozcan, hace pensar a Rodríguez que se trata de una extorsión encubierta. Fuentes legales y diplomáticas consideran posible la connivencia de los proveedores con los magistrados.

Rodríguez, que no habla ni inglés ni chino, y vive en una habitación con su hijo, cuyo permiso de residencia expiró el pasado jueves. “He tenido que viajar a Hong Kong y tramitar un visado de turista. Me han dado tres meses, pero después lo tendré que dejar solo, y no sé qué será de él”, comenta Marcos Rodríguez.

Mientras, el poco dinero que hay y que Cándido Rodríguez necesita para pagar los chequeos médicos que precisa y el desplazamiento cada mes a la ciudad donde se han puesto las denuncias para renovar el visado, se acaba. “El proceso de disolución de la empresa en España llevará un mínimo de tres años, y me dicen que aquí podría pasarme toda la vida, pero el dinero se me acabará pronto. Entonces solo me queda una salida: iré a la Embajada de España, de la que no he recibido apoyo, y me negaré a salir”, avisa el empresario entre lágrimas.

El cónsul español en Shangai, Gonzalo Ortiz, califica de kafquiano el caso. “Hemos enviado una nota al waiban [la delegación del Ministerio de Asuntos Exteriores en Shanghái], y nos han respondido que se está cumpliendo la legalidad china”. Según Ortiz, la Embajada solo podrá actuar cuando haya una sentencia firme. “Se le condenará a pagar, y, como no podrá, si le envían a la cárcel podremos actuar”.

La estrategia legal se basa en la aceptación de la deuda para acelerar la sentencia. “Así le deberían dejar marchar a la vez que las empresas chinas tendrían que hacer valer la sentencia en España, donde tendrán el mismo derecho que cualquier otro acreedor”, explica el abogado, que se coordina con un colega chino ante la imposibilidad legal de que extranjeros ejerzan como defensa.

Pero Rodríguez cometió un grave error: “Cuando ya estaba retenido, y quizá en un ataque de miedo, redactó de su puño y letra, y sin consultar con ningún abogado, un documento en el que se comprometía a saldar personalmente las cuentas de la empresa”, explica el letrado. Ahora los demandantes pueden arremeter contra una persona física por el problema causado por una empresa, ya que Rodríguez no era el administrador de Grupo 3 Fashion S.L., sino su propietario. “En cualquier lugar se podría probar que es un documento redactado bajo coacción”. El abogado hace hincapié en la gradual degradación que sufre el ámbito empresarial en el gigante asiático. “Este caso envía una señal muy preocupante”.

India advierte de los matones chinos

Cándido Rodríguez tiene suerte de que no le hayan torturado para obligarle a pagar su deuda porque esta es una vía cada vez más habitual en China. Las dos últimas víctimas conocidas son dos comerciantes indios que fueron encerrados por matones enviados por sus acreedores. Les forzaron a comer sus propias heces y a beber su orina, pero no consiguieron el dinero. No lo había.

El suceso provocó la intervención del consulado indio en Shanghái, que, alarmado, envió a su representante para intervenir en la vista que se celebró poco después del incidente en un juzgado del centro manufacturero de Yiwu, ciudad conocida como la fábrica del mundo. A pesar de que dejó bien clara su condición de diabético, al cónsul se le impidió tomar la medicación y salir del juzgado durante cinco horas. Se desmayó y tuvo que ser hospitalizado. Los dos comerciantes indios fueron retenidos en un hotel “por su seguridad”, y su país ha puesto ya una queja formal ante el Gobierno de Pekín, que anuncia una investigación.

La Embajada de India ha publicado la siguiente nota de advertencia “Se recomienda no hacer negocios en Yiwu. Los empresarios deben ser conscientes de que, en caso de disputa, pueden ser detenidos de forma ilegal y maltratados. Basados en la experiencia, no hay garantía de que se pueda poner remedio legal”.

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Colaborador de EL PAÍS en Extremo Oriente

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