Santamaría apuesta por la inhabilitación más que por las sanciones penales
Remite la concreción al futuro catálogo de obligaciones legales de los gestores públicos
El Ejecutivo establecerá una serie de obligaciones legales a los gestores públicos para poder sancionarlos posteriormente si incurren en una falta de "dolo acreditado" o tienen "gran culpa" en el incumplimiento de sus presupuestos económicos regionales o en el de los objetivos de déficit público establecidos. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha puesto hoy el acento en las inhabilitaciones más que en las acciones penales para castigar a los políticos negligentes con el déficit.
En cualquier caso, Santamaría ha remitido la concreción de esta medida al futuro catálogo de obligaciones legales de los gestores públicos en la nueva ley de transparencia. Durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha explicado que la nueva norma acordada en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera determinará un conjunto de obligaciones legales de los gestores públicos para poder establecer posteriormente un régimen de infracciones y sanciones.
La mano derecha del presidente Mariano Rajoy aclara así un poco más las declaraciones del ministro de Hacienda y Administración Pública, Cristóbal Montoro, que hace esta semana habló exclusivamente de responsabilidades penales.
"Habrá una Ley de buen gobierno", ha dicho la vicepresidenta, que ha explicado que una vez fijadas las obligaciones legales de los gestores que guiarán la elaboración de sus presupuestos, techos de gasto y objetivo de déficit, se revisará el régimen sancionador.
Ha añadido que habrá que establecer para los casos de dolo acreditado o gran culpa "una reacción desde el punto de vista penal".
"Hoy por hoy existe una responsabilidad de los gestores públicos que se determina en infracciones en el ámbito administrativo y contable y el más grave conlleva una sanción penal", ha puntualizado, aunque ha dicho que para que haya sanciones de una u otra naturaleza hay que establecer primero las obligaciones legales de cada gestor público.
