Política
OPINIÓN

Cacería judicial

Se han usado argucias para intentar dañar la reputación del magistrado: su honorabilidad de juez

En mayo de 2009, cuando el caso Gürtel ya había estallado y Antonio Pedreira, magistrado del Tribunal Superior de Madrid, se hizo cargo del caso, comenzaron a caer sobre su cabeza todo tipo de improperios acerca de su parcialidad. Su pecado es que había sido letrado del Ayuntamiento de Madrid en tiempos del alcalde socialista Juan Barranco, de quien era amigo. Yo también. Me sorprendió esa virulencia, pues recordaba que en alguna columna en las que hace años comentaba sentencias en Abc, había escrito elogiosamente sobre decisiones de asuntos polémicos y políticos de este juez, que había dado la razón unas veces a imputados del PP y otras del PSOE. Y entonces escribí sobre la imparcialidad del magistrado y afirmaba que el caso Gürtel creía que estaba en buenas manos y que al final resplandecería la verdad. No tenían, pues, nada que temer mis compañeros del PP que desconocían —o incluso habían denunciado— la trama corrupta, por mayor proximidad que hubiesen tenido con los encausados.

Al cabo de unas dos semanas recibí una llamada telefónica, “de su compañero Antonio Pedreira”. Ni se me ocurrió pensar que el “compañero” que me llamaba era el instructor. Cuando até los cabos me di cuenta enseguida de quién era. Me llamaba para darme las gracias por el artículo, algo poco habitual, y acabamos la conversación quedando para vernos. Una tarde me acerqué a su despacho, le llevé mi libro de poemas Desde la incertidumbre, que acababa de reeditarse, y La cocina de la Justicia, donde comentaba algunos casos muy singulares. Hablamos de la justicia en general, de la vida, de su enfermedad, de los escasos medios que tenía para investigar, y al final me preguntó si le podía ayudar. En suma, me pedía que transmitiese al PP, especialmente a Mariano Rajoy, que no dudasen de su imparcialidad, pero que no tratasen de enturbiar la labor investigadora, pues el caso se enredaría, politizándose más de la cuenta, como así ocurrió. Hablamos también del juez Garzón, ya que la causa venía de la Audiencia Nacional, de las escuchas, de la competencia, de Valencia y de todo un poco.

Rajoy me recibió enseguida y le expliqué lo que pensaba sobre el caso, y lo que yo haría si estuviese en su piel, dejando trabajar a la justicia. Entonces no conocía al principal imputado, Luis Bárcenas, cuya cabeza querían cortar a toda costa desde un lado y de otro de la bancada política, pues sabían que decapitando a Bárcenas, el tesorero nombrado por Rajoy, podía herirse de muerte al presidente del PP y jefe de la oposición entonces. Algunos de los “compañeros” de Rajoy desconocían su capacidad de resistencia y de que era capaz de doblarse, como los juncos, hasta que pasara el ciclón. Recuerdo que me enseñó un montón de diarios y me dijo que si tenía que fiarse de lo que ahí se decía no podría estar sentado en la silla donde estaba ni un minuto y que “cuando el viento sopla mal, lo único que se puede hacer es esperar que pase”.

Voy a ahorrarme los detalles del montón de entrevistas que tuve con Antonio Pedreira para ayudarle en su instrucción y darle mi opinión. Yo no estaba personado como abogado defensor de ninguno de los imputados y me pareció una buena ocasión para colaborar en esclarecer la verdad y de ayudar a un hombre bueno y enfermo que trataba de hacer su trabajo con competencia y honor. Enseguida me di cuenta de que dos personas iban a salir malparadas de este asunto. Por un lado, Luis Bárcenas, que además era senador, aunque dejó, junto con Merino, el escaño para no perjudicar a su partido. Me lo presentó mi amigo de la montaña y de la vida, ahora exsenador, Luis Fraga, y al final, después de tantas y tantas conversaciones, hemos acabado Luis y yo siendo amigos y subiendo —en mi caso tratando de subir— algunas cumbres juntos. Algo bueno tenía que tener todo esto. Y la otra víctima iba a ser Baltasar Garzón, el juez de la Audiencia Nacional que había osado mirar las finanzas del PP. Cuando comprobé por dónde iban los tiros, recordé la imposibilidad que tuvimos, siendo diputado, de modificar la ley de financiación de los partidos políticos ante la cerrazón de estos por abandonar las irregularidades y someterse a control. De esas irregularidades, la mayoría no delictivas, han vivido centenares de políticos a los que no les alcanzaban los sueldos míseros que percibían y la alta responsabilidad y representación que debían tener. Garzón, ¡qué osadía!, se había atrevido a mirar las cuentas de un partido.

El juez no debió de calcular sus fuerzas, y fue una buena ocasión para cargar contra él en una extraña alianza entre jueces y políticos para acabar con la “fama” de quien tanto odiaban. Unos por corporativismo y otros por meter las narices donde apestaba. Casi nadie salía en su defensa; y, al margen de sus errores y de las críticas, algunas acerbas, que yo mismo le había hecho, pensé que por encima de todo estaba la lealtad a la justicia. Cuando leí que se le pretendía imputar por el asunto de la memoria y del franquismo, pensé: se ha abierto la veda de una nueva cacería judicial. Y entonces salí en su defensa en una “tercera” en Abc que fue muy criticada y muy alabada por partes iguales. La suscribo hoy de la “a” a la “z”. Ante la desfachatez de esa causa y su poca consistencia, y como había encallado, se apuntó entonces al discutido y discutible tema de las escuchas. Sobre esta cuestión, que conocía bien pues yo fui una de las personas que colaboró con Carlos García Valdés, cuando era director general de Instituciones Penitenciarias, en tiempos del ministro Lavilla y del subsecretario Ortega y Díaz Ambrona, en la redacción de la primera ley orgánica de la democracia, la Ley General Penitenciaria, también me pronuncié en otras dos “terceras” de Abc, donde mantenía la misma tesis del magistrado Suárez Robledano, uno de los que avaló las escuchas, en el sentido siguiente: “Hay abogados que cooperan o se involucran en la continuidad de actividades delictivas”. Sentía mucho que un profesor, tan reputado y buen compañero y amigo, como Gonzalo Rodríguez Mourullo se encontrase en medio de este fuego cruzado, muy a pesar suyo; y que su honorabilidad hubiese sido puesta en duda, ya que no he conocido a abogado más honesto. Pero de ahí a que se instruyese una causa contra el juez que ordenó esas escuchas por prevaricación iba un abismo.

Para apuntalar la cacería se abrió un nuevo frente: la historia rocambolesca de la financiación irregular de actividades de Garzón en una universidad americana por el banco de Santander. Yo no conozco un solo juez o magistrado, de la instancia que sea, que no haya cobrado en cursos o conferencias financiadas por instituciones bancarias, compañías de seguros, fundaciones de partidos o despachos profesionales. Ni uno. Y no doy nombres e instituciones porque no resulta trascendente ni creo que afecte a la independencia de los jueces a la hora de juzgar. ¡Ah!, pero en el caso de Garzón sí resultaba trascendente. Y los mismos jueces que le tiraban las piedras eran los que escondían sus manos. Todo muy ejemplar. La cacería había comenzado y se usó todo tipo de argucias para que los tiros viniesen del puesto que más podía dañar la reputación del magistrado: su honorabilidad como juez, nada menos que haber vulnerado un derecho fundamental como es el secreto de las comunicaciones. Además, las otras dos causas no se sostenían en pie. La del franquismo, porque si hubiese sido condenado por ello le habrían convertido en un héroe. Y la segunda, la del dinero, porque se radiografiaron públicamente las cuentas de Garzón, de su mujer y de sus hijos hasta un detalle indecoroso e insufrible sin que nada irregular apareciese. Pero había que matar al lobo para calmar la rabia. Y la rabia estaba en la investigación de las finanzas populares.

Al final, el tesorero del PP fue exculpado, sin necesidad de juicio, con algún recurso que hay pendiente de resolución. Ya he escrito en otras ocasiones que en lo del caso Gürtel ni eran todos los que estaban, ni estaban todos los que eran. El día que este diario desveló que un conspicuo líder popular había cobrado minutas por varias decenas de miles de euros para autodefenderse, me escandalicé, hasta el punto que decidí pasar una minuta, por menor cantidad por supuesto, ya que al cabo yo no tenía incompatibilidad alguna y llevaba más de un año trabajando por amor al arte ayudando a mis compañeros de partido. Evidentemente no me pagaron nada y me dijeron que a mí nadie me había contratado, con lo cual tuve la excusa de salirme de este tema que me producía náuseas. Rajoy ganó hace unos meses por mayoría absoluta las elecciones y el extesorero ha podido demostrar su absoluta inocencia. Que yo sepa, y sé bastante, nadie del actual Gobierno tuvo que ver con esa historia, pero como dijo Rosa Díez en el debate de investidura, si no generalizada, la corrupción, o para ser más exactos, las corruptelas, están bastante extendidas entre los aledaños de la política. Al final, el que se ha sentado en el banquillo ha sido el juez Baltasar Garzón. ¿Es esto la justicia que tan hermosamente se describe en el Título VI de la Constitución? Si no fuera porque no tengo otro medio de vida que mi profesión, en la que ahorré poco y di mucho, mañana mismo colgaba la toga.

Jorge Trías Sagnier es abogado y exdiputado del PP.

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