Política

Los técnicos de Hacienda apuestan por limitar a 1.000 euros el pago en efectivo

El colectivo sostiene que la medida permitiría recaudar 26.000 euros extra al año

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han cifrado en 1.000 euros el importe óptimo en el que el debería fijarse la limitación del pago en efectivo que el Gobierno estudia implantar para hacer aflorar el dinero negro, "ya que de este modo podría obtenerse una recaudación adicional de casi 26.000 millones de euros anuales".

El secretario general del colectivo, José María Mollinedo, explicó que solo con aplicarse esta medida de manera estricta "se podría recaudar más del triple de lo que el Gobierno planea ingresar con la puesta en marcha de todo el plan de control tributario para 2012".

Además, permitiría rebajar la tasa de economía sumergida en 5,1%, reduciendo así a la mitad la brecha que separa a España -donde un 23,3% del PIB se encuentra sumergido- de los países de nuestro entorno.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, no detalló cifras ni límites pero sí citó a Francia e Italia, donde el Gobierno de Mario Monti ha restringido a 1.000 euros el máximo que se puede pagar en metálico. En su caso, la de diciembre fue la segunda bajada de este nivel, ya que en primavera sus antecesores ya lo habían reducido a los 5.000 euros y empezó 2011 en 12.000. En Francia, el límite es de 3.000 euros entre profesionales y de 1.500 euros en el caso de pagos de salarios. La ley, sobre todo, es muy restrictiva en el pago de los metales como acero, hierro, plata y oro, informa Miguel Mora

Según los técnicos de Hacienda, la prohibición de pagar más de 1.000 euros en metálico supondría "una medida disuasoria" frente al fraude fiscal, ya que las empresas no podrían deducir el IVA, ni el gasto en el IRPF ni en el Impuesto de Sociedades en la parte de las facturas pagadas en metálico, con cheques bancarios o documentos al portador que exceda del límite máximo permitido de 1.000 euros.

 El plan contra el fraude que esbozó la vicepresidenta tras el Consejo de Ministros del jueves pretende recaudará menos de lo obtenido el año pasado. Santamaría dijo que se pretenden recaudar 8.171 millones en 2012 en actuaciones de control directas. En 2011, la lucha contra el fraude permitió a la Hacienda Pública ingresar 10.400 millones, 9.400 millones del total gracias a estos controles directos sobre los contribuyentes.

Por otra parte, Gestha se mostró a favor de que el nuevo Plan General de Control Tributario recoja medidas concretas para alcanzar los objetivos de reducción de la tasa sumergida y aumentar las competencias y responsabiidades de los efectivos destinados en la lucha contra el fraude, de manera que las iniciativas anunciadas no queden en "una mera declaración de intenciones".

Así, el colectivo aplaudió la decisión de intensificar el control en los sectores donde se concentran las grandes bolsas de fraude, como la construcción o el alquiler, aunque recordó que el control a través del consumo de energía eléctrica ya se presentó en su momento como medida estrella de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal.

Por otro lado, Gestha manifestó su preocupación por que la autorregulación fiscal voluntaria acabe por convertirse en una amnistía fiscal encubierta para aquellos defraudadores que pueden gozar una segunda oportunidad para saldar sus cuentas con el Fisco cuando los ciudadanos de a pie, por el contrario, no disfrutan de "estas facilidades". Asimismo, apremió al nuevo Gobierno a estrechar la colaboración en el ámbito internacional para combatir los paraísos fiscales.

Respecto a la coordinación entre administraciones públicas, los Técnicos de Hacienda calificaron como "una necesidad urgente" que los distintos órganos de las administraciones territoriales pongan su información en común de manera efectiva con el fin de compartir las bases de datos tributrias y luchar de manera conjunta contra el fraude fiscal.

Por otro lado, Gestha abogó por la puesta en marcha de medidas adicionales que permitan incrementar la recaudación en más de 38.500 millones de euros, muy por encima de los 8.171 millones de euros que el Gobierno tiene previsto recaudar con el nuevo plan antifraude que está perfilando, como la creación de un nuevo tipo impositivo para las grandes empresas, de un impuesto sobre la riqueza o de un impuesto a las transacciones financieras internacionales, entre otras.

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