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Hacienda prevé ingresar menos que en 2011 en la lucha contra el fraude

El Gobierno aspira a recaudar 8.171 millones, cuando el año pasado recabó 9.400

Lucía Abellán

El plan especial que ha anunciado hoy el Gobierno para atajar el fraude fiscal resulta, en realidad, menos ambicioso que el aplicado hasta ahora. El Ministerio de Hacienda aspira a recaudar este año 8.171 millones de euros como resultado de esas actuaciones, según anunció la vicepresidenta, que no aclaró si se trataba de la meta global de lucha contra el fraude o de una cantidad adicional a la prevista por la Agencia Tributaria para otras actuaciones. Una fuente oficial de Hacienda aclaró por la tarde que la cifra recoge la previsión por actuaciones directas de control. Y ese capítulo recaudó el año pasado 9.400 millones de euros. Es decir, el objetivo de este año rebajaría un 13% el del anterior, algo sorprendente si se tiene en cuenta que todas las medidas del Ejecutivo persiguen corregir los desequilibrios de las cuentas públicas.

La principal novedad avanzada ayer consiste en limitar los pagos en efectivo “en determinadas transacciones económicas” para luchar contra la economía sumergida y la utilización de dinero negro. Santamaría no precisó si se impedirá pagar en efectivo a partir de una determinada cantidad, como se acaba de hacer en Italia con las operaciones superiores a 1.000 euros, o si se utilizará otro criterio diferente al cuantitativo.

Además, Hacienda pretende aumentar la labor de la Inspecciones de Trabajo y de la Seguridad Social en sectores en los que abunda el dinero negro. Como pistas se utilizarán los datos de consumo eléctrico o el rastro de las tarjetas de crédito para perseguir actividades sumergidas, algo que ya hace la Agencia Tributaria. La vicepresidenta explicó también que se intensificará la colaboración con las comunidades autónomas para atajar el fraude.

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Sobre la firma

Lucía Abellán
La redactora jefa de Internacional de EL PAÍS ha desarrollado casi toda su carrera profesional en este diario. Comenzó en 1999 en la sección de Economía, donde se especializó en mercado laboral y fiscalidad. Entre 2012 y 2018 fue corresponsal en Bruselas y posteriormente corresponsal diplomática adscrita a la sección de España.

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