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El Ejecutivo copia a Francia e Italia para atajar los focos de economía sumergida

Roma ha limitado a 1.000 el euros y París a 3.000 el máximo en metálico que se puede pagar

Se fomentará la regularización voluntaria de los contribuyentes

La vicepresidenta, en un momento de la rueda de prensa.
La vicepresidenta, en un momento de la rueda de prensa. AFP

El Gobierno ha anunciado hoy que limitará el pago en efectivo en algunas transacciones financieras para luchar contra el fraude fiscal. Según ha explicado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, esta medida se incluye dentro de un plan más amplio de control del fraude y contra la economía sumergida con el que espera elevar la recaudación con vistas a reducir el déficit, que se irá al 8% del PIB. En base a los cálculos del Ministerio de Hacienda, gracias a este conjunto de medidas se espera recaudar 8.171 millones en 2012 en actuaciones de control directas. En 2011, la lucha contra el fraude permitió a la Hacienda Pública ingresar 10.400 millones, 9.400 millones del total gracias a estos controles directos sobre los contribuyentes.

Tal y como ha recordado Santamaría, otros países del euro ya han tomado medidas similares para mejorar los ingresos del Estado a través de la puesta al descubierto de los focos de economía sumergida donde son habituales los pagos en dinero B. En concreto, la vicepresidenta ha citado a Francia e Italia, donde el Gobierno de Mario Monti ha restringido a 1.000 euros el máximo que se puede pagar en metálico a la hora de comprar productos que excedan un cierto nivel de dinero. En su caso, la de diciembre fue la segunda bajada de este nivel, ya que en primavera sus antecesores ya lo habían reducido a los 5.000 euros y empezó 2011 en 12.000.

En Francia, este límite es de 3.000 euros entre profesionales y de 1.500 euros en el caso de pagos de salarios. La ley, sobre todo, es muy restrictiva en el pago de los metales como acero, hierro, plata y oro, según informa Miguel Mora. De este lado, la medida también formaba parte del programa del candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, que quería imponerlo sobre las transacciones superiores a los 3.000 euros.

Siguiendo con el plan para atajar la economía sumergida,Santamaría también ha anunciado que se intensificará el control sobre ciertos sectores -que no especificó- en los que suele ser frecuente no declarar el 100% de la actividad. En estos, se vigilará el consumo eléctrico o el uso de terminales de tarjetas de crédito. También ha adelantado que habrá más actuaciones de inspectores. Estas medidas ya estaban previstas por el anterior Ejecutivo, que las anunció el pasado noviembre.

La lucha contra el fraude permitió destapar 10.400 millones en 2011, el 70% del total en el IVA y Sociedades

De manera general, el plan de prevención del fraude fiscal operará en tres ámbitos: la intensificación en el lucha contra los incumplimientos tributarios, la mejora del control en la fase recaudatoria y la colaboración de la Agencia Tributaria con los organismos fiscales de las comunidades autónomas y la Seguridad Social, ha afirmado Santamaría.

Sobre el control de la fase recaudatoria, la vicepresidenta ha añadido que se va a facilitar la regularización voluntaria de los contribuyentes. El dinero que se pueda captar con ello no se incluye en los 8.171 millones anunciados hoy. Para fomentar estas regularizaciones, ha explicado Santamaría, se van a poner los medios necesarios para que aquellos “contribuyentes que se aperciban de que han podido cometer algún error u omisión en su declaración puedan comunicarlo de una manera más sencilla”. Si opta por esta opción, evitará que se le abra un procedimiento y también podrá reducir recargos o sanciones.

Se controlará el consumo de luz

y los pagos con tarjeta, tal

y como ya anunció el anterior

Gobierno el pasado noviembre

Gracias a esta iniciativa, ha añadido la vicepresidenta, el Gobierno pretende fomentar la regularización voluntaria con el objetivo de evitar tener que destinar recursos a las comprobaciones de los pequeños contribuyentes. Este personal y tiempo se podría, entonces, detraer a controlar a los grandes contribuyentes, que según los datos del ejercicio 2011 fueron responsables del 26% del total del dinero que se ocultó a Hacienda. Para reforzar la vigilancia sobre este colectivo, además, el Gobierno pretende emplear la información de aquellos países que han salido recientemente de la lista de paraísos fiscales como Andorra, Panamá, Bahamas o las Antillas Holandesas. En la fase recaudatoria también se fomentará la adopción de medidas cautelares desde el inicio del procedimiento de inspección.

En un marco más amplio, Santamaría ha avanzado cambios legislativos para reforzar la actuación contra algunos delitos de tipo fiscal como alzamiento de bienes. También se modificará la acusación por insolvencia punible con vistas a cerrar el cerco sobre quien trata de aprovechar la ley para evadir al fisco.

Pese a que Santamaría ha centrado sus explicaciones sobre la regularización voluntaria del IRPF y el pago en efectivo, ha pasado más de puntillas sobre el control de otros impuestos. No obstante, según fuentes de Hacienda, aproximadamente siete de cada 10 euros que no se declaran se concentran en los impuestos de IVA y sociedades, lo que deja un papel muy residual al IRPF, que se nutre en gran parte de las nóminas de los asalariados.

Durante el pasado ejercicio, según el balance ofrecido por el anterior Ejecutivo de la lucha contra el fraude, los ingresos procedentes de actuaciones de control directas ascendieron a 9.400 millones, el 10,6% más que en 2010, en tanto que por regularizaciones voluntarias, inducidas por campañas al pequeño contribuyente como la que hoy ha anunciado Santamaría, se contabilizaron 1.000 millones, el 35% menos.

Entonces, el antiguo director de la Agencia Tributaria, José María Meseguer, explicó que los años de crisis nunca son propicios para ese tipo de ingresos voluntarios. Además, venían de registrar importantes aumentos en los años anteriores por las actuaciones contra los billetes de 500 euros y, más adelante, el descubrimiento de cuentas opacas de contribuyentes españoles en la filial suiza del HSBC.

Según un reciente estudio de la Universidad de Linz (Austria), España es el tercer país del euro con un mayor porcentaje de economía sumergida con el equivalente al 19,8% del PIB, lo que la sitúa por detrás de Italia (22,2%) y Grecia (25,2%).

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