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El Gobierno limitará el pago en efectivo para luchar contra el fraude fiscal

La Seguridad Social tiene un déficit del 668 millones (0,06% del PIB) y no el superávit previsto

Hacienda pedirá información al Banco de España sobre las retribuciones en entidades intervenidas

FOTO: CLAUDIO ÁLVAREZ | VÍDEO: ATLAS

El tercer Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy (PP) ha decidido endurecer la lucha contra el fraude con un puñado de medidas, entre las que destaca limitar los pagos en efectivo (aunque la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, no ha detallado cifras), con las que pretende recaudar 8.161 millones. El Gobierno ha revelado que el déficit previsto en la Seguridad Social es del 0,06% del PIB, con lo que supera en casi medio punto el planeado, y ha anunciado que convocará este enero un Consejo de Política Fiscal con las comunidades autónomas.

La número dos del Ejecutivo ha anunciado que el Ejecutivo pedirá un informe al Banco de España sobre los sueldos de los directivos de las cajas y bancos intervenidos y otro al Consejo de Seguridad Nuclear sobre la prórroga de la vida útil de la central nuclear de Garoña.

En la comparecencia ha quedado claro que aún habrá que esperar para que el presidente Rajoy comparezca para explicar los recortes: irá al Congreso cuando lleve 40 días al frente del Gobierno y cinco Consejos de Ministros.

La vicepresidenta Santamaría ha anunciado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, prepara un plan general de control del fraude para 2012 con el que espera recaudar 8.161 millones de euros. Ese proyecto incluye la comprobación en la fase recaudatoria y más colaboración con las autonomías. Santamaría ha explicado que tendrá gran importancia en este plan la explotación de la información facilitada ex novo por países que han dejado de figurar en la lista de países fiscales, como son Andorra, Panamá y Antillas Holandesas. El plan del Gobierno para combatir el fraude recaudará menos que el ya vigente: 8.171 millones frente a 9.400. Es decir, el objetivo de este año rebajaría un 13% el del anterior.

En el ámbito de la lucha contra la economía sumergida, el Gobierno pretende aumentar las inspecciones de trabajo y de la Seguridad Social en sectores en los que los pagos en negro son más frecuentes además de utilizar otros mecanismos de control, como medir el consumo de energía eléctrica o escrutar el uso de tarjetas de crédito. Hacienda estudia , además, la implantación de medidas para limitar el uso de pago en efectivo en determinadas transacciones. La vicepresidenta no ha concretado cifras aunque sí ha dicho que el Gobierno se inspira en medidas similares que ya se aplican en Italia y Francia. Roma ha limitado a 1.000 euros y París a 3.000 el máximo en metálico para transacciones.

La ministra de Presidencia, que ha comparecido sola tras el Consejo de Ministros de este jueves, el tercero que preside Mariano Rajoy, ha explicado también que el Gabinete ha analizado un informe de Montoro sobre el calendario de la reforma del sistema financiero. Montoro escribirá al gobernador del Banco de España para que le informe si las retribuciones de altos cargos de bancos y cajas intervenidos son adecuadas y si están justificadas. Luego, el Gobierno tratará de que no se les premie. Las cajas de ahorros que han recibido ayudas publicaron la semana pasada con malestar los sueldos de sus directivos. Solo Caja España-Duero se negó a desglosar los salarios de sus altos ejecutivo. 

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha elevado un informe sobre la situación del empleo y la Seguridad Social a tenor de los datos del cierre del año 2011. La situación de la tesorería de la Seguridad Social es “preocupante”, ha asegurado la vicepresidenta en la rueda de prensa. La previsión del déficit de la Seguridad Social es de 668 millones de euros, es decir del 0,06% del PIB, lo que es una desviación negativa de "cinco puntos", ha dicho Santamaría, cuando en realidad no llega a 0,5 puntos. El Gobierno esperaba un superávit del 0,4%.

“Se pagarán las pensiones”, ha asegurado la portavoz del Gobierno. “Pero esto lleva”, ha añadido, “a concluir que este país necesita medidas extraordinarias”, dado que el presupuesto de la Seguridad Social presenta una desviación de casi medio punto. “La situación es más dura de lo que esperábamos y también lo serán las medidas que hay que adoptar”, ha sentenciado Santamaría.

Preguntada por la ayuda del Gobierno central al valenciano para hacer frente al impago de un crédito bancario, ha respondido así: "No ha habido financiación ni garantía por parte de el Tesoro. No estamos comprometiendo ni garantía ni  financiación por parte de el Tesoro. Ha sido solo un problema de liquidez".  

El Ejecutivo ha anunciado que convocará este mes el Consejo de Política Fiscal y Financiera para examinar la situación del sector público empresarial y reducirlo, con el fin de ahorrar costes y ayudar a corregir el déficit público. Santamaría ha explicado que Rajoy y los ministros han analizado un informe del Ministerio de Hacienda que servirá de base para la poda de la Administración. Se basa en un documento elaborado por la Intervención General del Estado que cifraba en más de 4.000 el número de organismos, agencias y empresas públicas del Estado, las comunidades autónomas y los Ayuntamientos. Dentro del plan de reducción drástica del gasto público, el Gobierno pretende rebajar en un elevado porcentaje esos organismos. La mayoría pertenecen a las Administraciones autonómica y local, y por eso es preciso que se haga mediante acuerdo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, se convertirá el lunes 16 en el primer mandatario extranjero al que el presidente, Mariano Rajoy, recibe en La Moncloa. Ese mismo día, el Rey impondrá a Sarkozy en Toisón de Oro en reconocimiento a la lucha contra el terrorismo. 

Además, el Gabinete ha acordado solicitar un informe al Consejo de Seguridad Nuclear sobre la prolongación de la vida útil de la central nuclear de Garoña. Si es posible alargarla, la decisión final será debatida en el Consejo de Ministros.

La segunda oleada de medidas llega después de que en el primer Consejo de Ministros, del pasado día 30 de diciembre, decidiera hacer el mayor recorte de la historia. Además, el nuevo Ejecutivo, a pesar de lo que había asegurado repetidamente el líder del PP durante la campaña electoral e incluso en su discurso de investidura, también anunció una subida de impuestos: del IRPF y del IBI. 

Control de los presupuestos de las comunidades

El Gobierno adoptará medidas drásticas para controlar las cuentas de las comunidades autónomas y evitar que sus estrecheces financieras arrastren a todo el Estado. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, avanzó ayer que está preparando una ley para marzo con “instrumentos estrictos de control sobre los Presupuestos de las comunidades autónomas”, informa Lucía Abellán.

En plena tormenta sobre las dificultades de las Administraciones regionales para hacer frente a sus pagos, el Ejecutivo ha decidido estrechar la vigilancia mediante “controles a priori. Antes de aprobar el Presupuesto, [las comunidades] necesitarán luz verde del Gobierno central”, anunció el ministro en una entrevista publicada en la página web del diario británico Financial Times.

Guindos no oculta que la acumulación de noticias sobre la asfixia autonómica abona el terreno para una decisión que hasta ahora ningún Gobierno se había atrevido a adoptar: “Las dificultades de liquidez son una verdadera oportunidad para imponer condiciones más duras y medidas que frenen los déficits de las comunidades”, argumenta en la entrevista.

La Comunidad Valenciana ha sido la última en revelar graves problemas de liquidez, al desatender el vencimiento de un crédito bancario de 123 millones a finales de 2011. La solución al problema requirió la mediación del Gobierno central.