Contratos sin concurso ni expediente administrativo
El Fiscal sostiene que el Ejecutivo que presidía Jaume Matas vulneró la Ley de Contratos
Los contratos que el Gobierno balear firmó con el Instituto Nóos se articularon sin concurso ni expediente administrativo que los justificara.
El Fiscal Anticorrupción sostiene que el Ejecutivo que presidía Jaume Matas vulneró la Ley de Contratos por la que se rigen las Administraciones públicas al firmar convenios de colaboración con el Instituto Nóos para la organización de eventos en la isla.
El instituto sin ánimo de lucro que presidía Iñaki Urdangarin inició sus negocios en Baleares con una intermediación para la compra del equipo ciclista que entonces patrocinaba Banesto. Por esas gestiones, el instituto de Urdangarin se quedó con la imagen y el marketing del equipo ciclista, que pasó a llamarse Illes Balears.
El Gobierno de Jaume Matas le encargó montar “la oficina del proyecto” y un gabinete de prensa.
Para darle apariencia de legalidad a ese contrato, el Gobierno balear logró que TNS sofre, Virtual y Aizoon —empresa del duque y su esposa Cristina de Borbón— participaran en un supuesto concurso. El duque firmó la propuesta de Aizoon con su propia mano. La de Virtual, que pertenecía al mismo grupo, aparece con la rúbrica de una empleada de Urdangarin que aparece en el sumario como testigo importante por su revelación. La empleada, N. M., aseguró al juez que le habían imitado su firma.
La fórmula de Valencia
Tras los primeros contratos menores a cuenta de la llegada del equipo ciclista a Baleares, para lo que el Gobierno autónomo invirtió 16 millones de euros en tres años, el instituto de Iñaki Urdangarin intensificó sus relaciones con los cargos públicos del PP hasta conseguir la organización de un evento anual en la isla, al que invitaron a importantes deportistas, como Rafael Nadal, para darle proyección internacional.
Era una fórmula que la trama empresarial de Urdangarin y su socio Diego Torres habían ensayado ya unos meses antes en la Comunidad Valenciana, de donde sacaron 900.000 euros al año durante tres ejercicios para organizar eventos parecidos.
En ambas comunidades, la operativa era la misma. Parte del dinero recibido de las Administraciones públicas era desviado a sociedades mercantiles propiedad de Urdangarin y Torres, que facturaban decenas de miles de euros al Instituto Nóos por conceptos genéricos como asesoría y apoyo logístico. Esa operativa es la que ahora ha destapado la investigación judicial.
