El yerno del Rey, imputado por corrupción

El juez interrogará a Urdangarin el 6 de febrero sobre los negocios de Nóos

Tres ex altos cargos del PP y un experto en fiscalidad internacional, implicados

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Iñaki Urdangarin, con la cabeza entre las manos, junto a la infanta Cristina en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008.

El juez del caso Palma Arena, José Castro, de acuerdo con los fiscales Anticorrupción, imputó ayer al yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, por supuesta corrupción en su actuación como presidente del Instituto Nóos entre 2004 y 2006. Durante este periodo, la entidad que dirigía el duque de Palma recibió cerca de seis millones de euros de los Gobiernos balear y valenciano para organizar distintos eventos sobre turismo y deporte.

Junto a Urdangarin, el juez también ha imputado a tres ex altos cargos del Gobierno balear, que favorecieron al duque de Palma, y a Salvador Trinxet, un experto en fiscalidad internacional investigado como supuesto intermediario en la compraventa y diseño de las sociedades opacas de evasión fiscal de la trama.

Nóos era una entidad sin ánimo de lucro que logró contratos millonarios de dos Administraciones autonómicas y desvió parte del dinero público recibido hacia empresas privadas, algunas de ellas propiedad de Urdangarín y de la infanta Cristina.

El duque de Palma, que reside desde hace dos años en Estados Unidos, donde desempeña cargos directivos en Telefónica, fue apartado hace dos semanas de la agenda de la familia real por su conducta “no ejemplar”, según la calificó la propia Casa del Rey. Sus negocios en Nóos han causado un grave daño a la imagen de la Monarquía. Urdangarin deberá responder de su comportamiento, de sus contratos con Administraciones públicas y de las cuentas de sus empresas ante el juez Castro el próximo día 6 de febrero, aunque puede hacerlo antes si así lo solicita.

El duque tendrá que explicar el destino y trato fiscal del dinero

El duque de Palma conoció ayer su imputación mientras esquiaba en Aspen (Colorado). Su abogado y portavoz señaló que la decisión judicial es “consecuencia de la presión popular” aunque Urdangarin es “inocente”.

El juez mantiene desde agosto imputado a Diego Torres, socio principal de Urdangarin en el Instituto Nóos, por apropiación indebida, malversación y fraude a la Administración. La investigación de este caso, que arranca de la causa abierta por el sobrecoste del polideportivo Palma Arena aunque no tiene relación directa con este asunto, se activó en el verano pasado. Desde entonces se han producido registros e interrogatorios a testigos e implicados que condujeron a una situación en la que se consideraba “inevitable” la imputación de Urdangarin dado que era la persona que decidía sobre todo lo que hacía el instituto Nóos.

El juez levantó ayer el secreto del sumario y en el mismo auto precisó las nuevas imputaciones de una pieza separada que tiene ya una decena de implicados. El juez aclara en su resolución que quiere “saber el destino y el tratamiento fiscal” del dinero público que manejó Urdangarin.

En la declaración deberá señalar a los beneficiarios de sus negocios

El juez quiere conocer las personas que han “participado” en los negocios bajo sospecha o “que hayan devenido beneficiadas por los mismos”. El sumario del caso se compone de 2.700 folios de declaraciones y documentos de la Fiscalía Anticorrupción, la brigada policial de Delincuencia Económica y la Agencia Tributaria sobre el Instituto Nóos y la trama de sociedades que se benefició de los contratos públicos. El juez ha citado también para interrogarle al socio del duque, Diego Torres; a la esposa de este, administradora de la trama, y a sus cuñados, asesor fiscal y contable de Nóos.

La gestión de Urdangarin al frente de Nóos provocó quebraderos de cabeza en la Casa del Rey, que desde el verano de 2006 hizo gestiones para retirar al duque de Palma de negocios sospechosos que habían provocado ya preguntas de la oposición en el Parlamento balear.

El Rey, en su mensaje de Navidad, marcó distancias con su yerno y se anticipó a los hechos al asegurar que “la Justicia es igual para todos” y reclamó ética y ejemplaridad.

Urdangarin lleva algunas semanas proclamando su inocencia y lamentando el “grave daño causado” por las informaciones sobre su gestión irregular al frente de Nóos, que de momento no ha desmentido ni aclarado.

Su socio Diego Torres ha sido citado por el juez para el 5 de enero

Una de las pruebas incriminatorias aportadas a la causa es un contrato del Gobierno balear a una de las empresas del grupo del duque de Palma y de su socio Diego Torres, Virtual Statregies. Esa firma logró el contrato en un concurso al que se presentó con supuestas firmas falsificadas en documentación entregada ante un organismo oficial.

En enero de 2004 la trama de Nóos logró tres adjudicaciones amañadas en Palma por un valor de 300.000 euros, por trabajos ficticios o vacíos de contenido, según la acusación, tras intermediar en la venta por 18 millones de euros del exequipo ciclista Banesto al Gobierno de Jaume Matas, que pasó a llamarse Illes Balears. Esos contratos fueron el comienzo de la relación de Urdangarin con el Ejecutivo balear del PP.

Una testigo declara que le falsificaron la firma en un concurso amañado

Nóos ofertó al entonces presidente balear, Jaume Matas, el control de la “oficina del proyecto” del equipo ciclista de Illes Balears, consistente en la organización de un gabinete de prensa y la exclusiva de la mercadotecnia. El Instituto Balear de Turismo y la Fundación Illesport aportaron los fondos y tramitaron un concurso, sin concurrencia pública, para dar apariencia de legalidad.

Los exdirectores de ambos organismos Juan Carlos Alía y Gonzalo Bernal así como el ex director general de Deportes y amigo del duque José Luis Ballester están citados de nuevo a declarar como imputados sobre este y otros episodios.

La fiscalía y el juez recabaron del Gobierno balear los expedientes oficiales de pagos y adjudicaciones a Nóos. Varios de los expedientes estaban desnudos de documentación y sin las facturas que acreditaran todo el gasto. En uno de esos expedientes apareció el indicio delictivo de la firma falsa.

La persona a la que suplantaron la firma ha declarado en la causa. Es una empleada de Nóos que ha reconocido que alguien falsificó su firma para presentar el proyecto de Virtual Statregies.

Entre las tres ofertas para el concurso, Urdangarin presentó también la de su compañía Aizoon, cuya propiedad comparte con la infanta Cristina.

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