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Urdangarin será imputado antes de dos meses y su esposa no será implicada

La investigación excluye a la infanta Cristina del “círculo cerrado de toma de decisiones” del Instituto Nóos, con el que se lucró el duque de Palma

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Los investigadores judiciales de la pieza separada número 25 del caso Palma Arena tienen previsto finalizar en 45 días el estudio de toda la documentación incautada en los últimos registros y, a partir de ese momento, citar como imputado a Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina y yerno del Rey. La pieza número 25 del caso Palma Arena está relacionada con las anomalías detectadas en dos contratos a dedo del Gobierno balear (2,3 millones de euros) y al menos cuatro contratos por el mismo procedimiento del Gobierno valenciano y el Ayuntamiento de Valencia (3,7 millones de euros) al instituto sin ánimo de lucro Nóos, presidido por el duque de Palma.

Desde que afloraron los primeros documentos relacionados con los contratos del Gobierno balear al instituto Nóos de Iñaki Urdangarin, todas las fuentes jurídicas relacionadas con el caso consideraron “inevitable” la imputación del duque de Palma.

Diego Torres, socio principal de Urdangarin en el instituto beneficiado por los contratos públicos entre 2004 y 2006, lleva seis meses imputado por falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de fondos públicos.

En los autos que justificaron los registros se atribuía a Urdangarin y Torres el montaje de una red cuyo principal reclamo era un instituto sin ánimo de lucro (Nóos) para captar fondos públicos que luego desviaban a varias empresas de su propiedad. En los contratos que conseguían a través de Nóos, según el relato judicial, “se fijaban unos precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban”.

Para demostrar que Torres y Urdangarin idearon esta fórmula de apropiación de fondos públicos, el juez señala en un auto que el Instituto Nóos, sin ánimo de lucro, y el resto de las empresas privadas con ánimo de lucro y propiedad de Urdangarin o Torres tenían “el mismo domicilio social real y sus respectivos empleados desarrollaban sus servicios para el Instituto Nóos, de forma tal que solo nominalmente cobraban la nómina de una u otra sociedad”.

Los autos judiciales citan el caso de María Teresa Zazo Almagro, “que figura, en años sucesivos, como empleada de las siguientes entidades: Instituto Nóos, Nóos Consultoría Estratégica SL, Intuit Strategy Innovation Lab y Virtual Strategies, y que realmente su labor, independientemente de cual fuese la empresa contratante, era desarrollar servicios en relación con los eventos y proyectos realizados por el Instituto Nóos”.

Un núcleo de cinco personas mantenía apartado al resto del comité de dirección

Los investigadores judiciales sostienen que el núcleo principal de toma de decisiones en Nóos estaba formado por Urdangarin, Torres y la esposa y dos cuñados de éste, que se encargaban de los departamentos jurídico y financiero del instituto.

Pese a que la infanta Cristina de Borbón, hija del Rey Juan Carlos, y su secretario, Carlos García Revenga, figuraban como vocal y tesorero de la junta directiva de Nóos hasta 2006, los investigadores judiciales consideran, con toda la documentación analizada, que estaban “apartados del conocimiento del área financiera”.

Los investigadores judiciales se apoyan en la declaración policial de Ignasi de Juan Creix Bretón, que colaboró en Nóos en 2006, para justificar su decisión de no implicar a la infanta Cristina en los negocios, supuestamente ilegales, de su marido.

El testimonio de un excolaborador de Urdangarin señala a los responsables

Pese a ello, la infanta Cristina posee a medias con su marido la promotora inmobiliaria Aizoon, una de las empresas que recibieron fondos públicos desviados a través de Nóos.

El socio de Urdangarin ha declarado al juez que la promotora inmobiliaria de este y de Cristina de Borbón cobró al instituto Nóos por los servicios prestados. Las facturas que se incluyen en el sumario del caso acreditan que la inmobiliaria Aizoon facturó al menos 275.000 euros al instituto Nóos en el ejercicio de 2005.

Torres también confesó en sede judicial que una empresa consultora de su propiedad había cobrado a Nóos 80.000 euros. “No cobro por participar en los órganos de Gobierno de Nóos, sino por los servicios que presto con ocasión de desarrollar proyectos, básicamente estudios realizados por esa empresa de consultoría con personal propio”, explicó Torres al juez.

La infanta no será imputada, según fuentes jurídicas próximas a la investigación, porque ni el juez José Castro, que instruye el caso, ni los fiscales que lo investigan la incluyen dentro del “círculo cerrado de toma de decisiones” del entramado que dirigía su marido, al que atribuyen el “desvío” de fondos públicos.

Urdangarin lograba un beneficio del 170% sobre el coste de los congresos

La investigación ha llegado a evaluar, en función de distintos informes periciales de la causa, en un 170% el beneficio que Urdangarin y su socio obtenían sobre el coste de los congresos que organizaban para el Gobierno balear. De esa manera, habrían ganado casi 1,5 millones de euros de los 2,3 millones que cobraron al Ejecutivo de Jaume Matas por organizar en Palma dos congresos sobre turismo y deporte en los años 2005 y 2006, que duraban dos días.

Durante la investigación judicial se han descubierto salidas de más de medio millón de euros de la estructura societaria montada por Urdangarin y Torres hacia paraísos fiscales. Esta vía está siendo indagada al suponer que se pudo enmascarar fiscalmente una cantidad superior.

La investigación en curso de la Fiscalía Anticorrupción, el rastreo de la Agencia Tributaria y el grupo de Delincuencia Económica han verificado el tráfico de facturas por servicios no acreditados y han documentado indicios de la supuesta apropiación de fondos públicos.

Se han descubierto salidas de más de medio millón hacia paraísos fiscales

Parte de la documentación con la que han trabajado los investigadores del caso Palma Arena se la facilitó en septiembre de 2010 el socio de Urdangarin, Diego Torres, quien fue citado al juzgado como testigo en una de las piezas separadas del caso Palma Arena. En esa comparecencia, Torres aportó 384 documentos relacionados con los contratos que el Instituto Nóos suscribió con el Gobierno balear. El abogado de Torres recurrió la imputación de su cliente, denunciando que se había tomado como punto de partida “para imputar a una persona lo que esa persona aportó al juzgado como no imputado”.

La investigación, que arrancó como consecuencia de las numerosas irregularidades descubiertas en la adjudicación de la construcción del polideportivo Palma Arena, no solo afecta al núcleo duro del Gobierno balear de Jaume Matas, expresidente imputado que está en libertad gracias al pago de una fianza de tres millones de euros, sino que alcanza al Gobierno de la Comunidad Valenciana.

Dos ex directores generales de la Ciudad de las Artes y las Ciencias están imputados por los contratos que suscribieron durante tres años consecutivos (2004, 2005 y 2006) con el Instituto Nóos para la organización de congresos sobre ciudad y deporte.

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