_
_
_
_
_
VIDA Y ARTES

El programa electoral, después de votar

Los políticos tienden a ocultar sus planes y a no hacer promesas en épocas de crisis

Àngels Piñol
Rajoy logró terminar la campaña electoral sin concretar sus propuestas de recortes.
Rajoy logró terminar la campaña electoral sin concretar sus propuestas de recortes.GETTY IMAGES

Martes, 22 de noviembre. No había pasado ni día y medio de la abrumadora victoria del Partido Popular en las elecciones y el Gobierno catalán se disponía a celebrar su reunión semanal. Convergència i Unió (CiU) había ganado por primera vez en su historia unas generales en Cataluña pero no había tiempo para fiestas. Cada martes, comparece en el Palau de la Generalitat Francesc Homs, portavoz del Gobierno, para dar cuentas de las decisiones del Ejecutivo. Pero, ese día, de forma inesperada, el presidente catalán Artur Mas se plantó ante el atril con una carpeta bajo el brazo y desmenuzó con la precisión de un cirujano la segunda oleada de recortes que piensa acometer en el Presupuesto de 2012.

Los ordenadores echaron humo. Mas anunció que planeaba ahorrar 1.000 millones para cumplir a rajatabla la previsión del déficit y situarlo en el 1,3%. Y que, para ello, no tenía más remedio que pedir nuevos sacrificios a los ciudadanos. A saber: reducción del salario de los trabajadores públicos; aumento de las tarifas universitarias, del agua y del transporte y, como guinda final, un proyecto inquietante: un estudio para sopesar si se puede aplicar el copago en la sanidad. Ninguna institución española se ha atrevido hasta ahora a tanto.

“Y, todas estas medidas, ¿las han decidido ustedes en día y medio?”, le planteó un periodista a Mas en su larguísima intervención en alusión a que el plan no había emergido ni por asomo en la campaña electoral. El presidente catalán olvidó entonces el argot futbolero —“¡Hemos hecho un hat-trick!”, acertó a decir la noche electoral recordando su ciclo de su victoria en las autonómicas, municipales y generales— y aseguró que llevaba tiempo meditándolas. Pero sí subrayó que el resultado del 20-N, en el que CiU logró el apoyo de 234.838 nuevos votantes, le “legitimaba” para dar el paso: “Hemos sido austeros y la gente pide que sigamos siéndolo”.

El PP coqueteó con el plan —CiU gobierna en minoría y precisa un aliado—, pero la oposición de izquierdas reaccionó de forma fulminante. El ecosocialista Joan Herrera le puso al nuevo paquete de ajustes nombre y apellidos: “Un fraude electoral”. Por supuesto, Josep Antoni Duran Lleida, candidato de CiU, no había mencionado en campaña que sus colegas de federación pensaban subir la luz, el metro o las tasas universitarias. Solo había achacado los recortes de la Generalitat a la “ruinosa” herencia del tripartito y al déficit fiscal y los incumplimientos del Gobierno de Zapatero por no pagar el fondo de competitividad (1.450 millones). Más que por cualquier otra cosa, Duran sobresalió por decir que jornaleros andaluces que cobran el Plan de Empleo Rural (PER) se pasan el día en el bar; por oponerse al matrimonio homosexual o por sostener que los niños inmigrantes bajan el nivel educativo de las aulas.

El candidato de CiU a las Elecciones Generales no había mencionado en campaña que sus colegas de federación pensaban subir la luz, el metro o las tasas universitarias

“¿Un fraude?”, se pregunta Joan. B Culla, historiador y catedrático de Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). “Hay que hacer una distinción. Mas no se presentaba al 20-N y no entiendo esa airada protesta de determinados partidos. Esa falsa ingenuidad acaba siendo cínica”, argumenta, y añade: “Si a Rajoy, que se presentaba, no se le ha arrancado media palabra, menos a Mas. Y añadiría otro dato: si se estudia la política comparada de Occidente ningún Gobierno que tenga que someterse a unas elecciones da malas noticias antes de que se vote. Nadie se pega un disparo en el pie”.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Lo que ha sucedido en Cataluña ha sido para muchos una suerte de preludio de la ópera que se escenificará en toda España si el futuro Gobierno, como ha anunciado en reiteradas ocasiones, quiere cuadrar el déficit. Mariano Rajoy, futuro presidente, apenas ha dibujado las líneas maestras de su plan. A lo sumo, ha asegurado que mantendrá el poder adquisitivo de las pensiones, pero el resto —al margen de bajar impuestos a emprendedores y sociedades para reactivar la economía— queda en una nebulosa. El tiempo acelera las cosas y el miércoles instó a los sindicatos a pactar una reforma laboral exprés antes de Reyes.

Escudado en las comunidades autónomas, que tienen transferidas la sanidad o la educación, Rajoy ha logrado esquivar si tocará los pilares del Estado del bienestar. Y, como mucho, ha insinuado que podría derogar la actual ley antitabaco y que aguardará a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley que ampara los matrimonios homosexuales. Con un estudiado reparto de papeles de policía bueno y policía malo, ha sido Maria Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, quien más ha anticipado la senda del nuevo Gobierno. “Algunos van a protestar mucho cuando Rajoy diga lo que tiene que hacer para sacar el país adelante”, deslizó en un acto de campaña en Ceuta. No queda al margen del desaguisado el PSOE: primero anuló el impuesto de patrimonio y a las puertas de las elecciones, cuando languidecía el mandato, se apresuró a recuperarlo.

¿Nos engañan los políticos? ¿Tanto los que prometen cosas que no cumplen como los que omiten lo que harán? ¿No queda desvirtuada así la democracia? Salvo la retirada del impuesto de sucesiones, que sí cumplió, ni Mas ni Rajoy hicieron grandes anuncios antes asumir el poder. ¿Es ético no explicar a los electores lo que uno va a hacer? “Yo no sé si es ético. El problema es que se está haciendo mala política”, sostiene Victoria Camps, catedrática de Ética de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Camps echa de menos que la política sea más “valiente” y que solo piense a corto plazo y en las próximas elecciones. “Y con la crisis, la tendencia se ha agravado”, dice. Contundente, critica que no ha habido en realidad una campaña porque los partidos no han hecho ni promesas ni propuestas. Y habla tanto del PP como del PSOE. El buen hacer de la democracia descansa, a su juicio, en la confianza que despiertan las instituciones y ahora esa variable está bajo mínimos. El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) apunta que está en el punto más bajo en 15 años. “Tengo la sensación de que se improvisa y se lanzan globos sondas para actuar”, dice Camps. “Echo de menos argumentos y un rumbo claro”.

Jordi Muñoz, doctor de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra, realiza informes poselectorales, y asegura que los estudios internacionales de toda Europa revelan que los candidatos eluden las promesas en tiempos de crisis por las previsibles restricciones. “No sé si es un fraude [la actuación de Mas], pero eso implica una disminución de la calidad democrática”, señala y opina que el presidente catalán, pese a estar liberado de los tiempos de unas generales, trazó una estrategia y jugó “deliberadamente con el calendario”.

El caso de CiU es que llueve sobre mojado porque en la campaña de las autonómicas de 2010 Mas aseguró —y lo hizo en una comida con médicos— que, si era presidente, dejaría intacta la partida de sanidad en el primer bienio de su mandato y que en el segundo investigaría como mejorar la gestión de esa área con el mismo presupuesto. “No había la menor alusión en su programa a los recortes en sanidad”, recuerda Muñoz. La realidad ha sido bien distinta. Al amparo del déficit heredado, disminuyó un 10% el área de salud que ha provocado miles de despidos y la clausura de 1.500 camas hospitalarias. En mitad de campaña, los médicos convocaron una huelga. En el juzgado hay varias denuncias por fallecimientos vinculados a un mal funcionamiento de los hospitales.

La política viaja a la velocidad de la luz porque hace solo seis años, en las autonómicas de 2006, para dar credibilidad a su discurso, el propio Mas firmó ante notario que no pactaría con el PP. Hoy, esa medida se antoja tan lejana que parece ciencia-ficción. Posiblemente, la democracia española, de tan sólo 34 años, ha envejecido deprisa y quizá ha mudado la idea original de que un elector firmaba una especie de contrato con el candidato y su programa. El mundo ha cambiado de arriba abajo y en 1982, cuando un político prometía algo, era palabra de ley. El presidente Felipe González proclamó en 1982 que crearía 800.000 puestos de trabajo y sacaría a España de la OTAN y, cuando lo incumplió, convocando un referéndum lleno de trampas, miles de ciudadanos lo consideraron “alta traición”. O ¿dónde quedan promesas como la que hizo el presidente Zapatero en 2003 cuando aseguró en un mitin que “apoyaría” el Estatuto que aprobara el Parlamento catalán? La historia le desmintió.

“Si un año en política es una eternidad, cuatro es casi una era geológica. Pasan tantas cosas en tan poco tiempo que, por ejemplo, no creo que nadie cuando vea ahora Felipe González, le juzgue por el tema de la OTAN”, dice comprensivo Culla. “Quizá hace 30 años la gente daba a las promesas valor de contrato pero ahora ya no es así”, reflexiona este catedrático, que se define a sí mismo como un “enfermo” de la política que ha ido desde hace 30 años a todos los congresos de los partidos y conserva todos sus programas. Antes, explica, los libritos se repartían en los mítines y en las casetas electorales. Y ahora se cuelgan como mucho en la web. Y lanza una pregunta ¿Hay alguien que los lee? Pone el ejemplo del voluminoso programa de Rajoy: “Es casi admirable”, afirma con ironía, “no decir nada en tantas páginas”.

Los expertos presienten, como Culla, que las campañas se convertirán más en pulsos entre políticos cada vez más tecnócratas y que se apostará por la marca y la simpatía que despierte el líder. Manda el mundo audiovisual y la imagen se impone casi más a las ideas. El voto se convertirá en una especie de acto de fe. Jordi Muñoz es partidario en cualquier caso de reforzar los mecanismos de control ciudadano sobre la acción política. Y Javier Pérez-Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, tiene aún una visión más pesimista: avisa de que desde hace dos años Europa se “desliza” por un “estado de excepción constitucional”, que ha alcanzado su máxima expresión en Grecia e Italia, y que ha sido muy intenso en Irlanda y Portugal y, sin llegar a tanto, en España. Y apunta que pese a las que decisiones de esos países se adoptan por los órganos democráticamente legitimados, en realidad vienen impuestas desde fuera. “Y cuando esto pasa el debate político se corrompe porque la legitimación democrática sigue siendo condición necesaria, pero no ya condición suficiente para hacer política”, reflexiona señalando que al sistema le han salido grandes competidores como los mercados o el Banco Central Europeo, que no le discuten su legalidad pero cuyas decisiones impone de hecho. “¿Qué valor tiene la palabra del candidato que pide la confianza en la campaña y la del gobernante una vez que la ha obtenido?”, se pregunta entonces Pérez-Royo. “Es un problema objetivo con el que tienen que enfrentarse las sociedades europeas. Y es grave porque la democracia es una forma política que descansa en el valor de la palabra”.

¿La palabra? Marta Llorens, jefa de campaña de Duran Lleida, alega que el democristiano concurría a unas generales y no tenía porque desvelar los planes de Mas cuyo programa electoral de 2010, por cierto, solo contemplaba aumentar el IPC de las tasas y no subirlas. “Los resultados del 20-N legitiman nuestra política valiente y de austeridad. La gente sabe que lo hacemos no por ganas sino por necesidad. Somos pioneros en España y esas políticas se están haciendo en toda Europa”, alega. El presidente catalán participó en mítines, pero Llorens recuerda que siempre habló claramente de aplicar más “ajustes”. Y, en su descargo, contrapone que fueron los socialistas los castigados en las urnas por plantear el 20-N como un refrendo a la gestión de la Generalitat: “Ya dijimos que no sacaríamos conejos de la chistera. La gente no cree en soluciones maravillosas”, dice. Muñoz le da en eso la razón: Si CiU ganó 234.000 votos, el PSC perdió 769.000: “Para castigar a tu partido, tienes que creer que el otro cumplirá. Y si no se da eso, es difícil castigar al tuyo”

El martes pasado, tras la sesión del Gobierno catalán, volvió a comparecer el portavoz Francesc Homs. Y contestó de esta forma cuando se le expuso que los ecosocialistas hablaban de “fraude electoral” por el nuevo tijeretazo. “Pues no habrá escuchado bien los cortes de voz. Estamos todos bien retratados. Además, oiga, eso ya es agua pasada”.

Tres butacas vacías en Cataluña

À. Piñol

Gironella es un pueblo de 5.000 habitantes del norte de Barcelona en cuyos plenos municipales una de sus 13 butacas está vacía. Eduard Rodriguez, un ingeniero de Alcoy, profesor de universidad, que vive en Cataluña, concurrió por la lista Escons en Blanc (Escaños en blanco) a las municipales y el día de la constitución del Ayuntamiento no seguió los pasos de los ocho ediles de CiU; tres del PSC y uno de ERC. Rodríguez leyó a las puertas del salón de Plenos un manifiesto en el que explicó porque no ocuparía su sillón. El partido quiere visualizar su protesta por el mal funcionamiento de la política y porque el voto en blanco computa en beneficio de los grandes partidos. “Mi abuelo luchó por la democracia”, cuenta Rodríguez, dolido, por la deriva del sistema. “No somos un grupo de colgados: queremos regenerar el sistema”, recalca Rodríguez defensor del 15-N, de combatir el fraude fiscal y de una nueva Ley Electoral. El partido se disoldrá cuando ésta se reforme.

El 22-M, Eb eligió Gironella y Foixà por ser dos municipios donde históricamente el voto en blanco era notable. Rodríguez hizo campaña y recabó 150 sufragios. Tiene una buena relación con el Consistorio a quien dice que ha pedido un certificado que de fe de que no cobrará ni un euro por su cargo. En Foixà, hay tambien desde mayo dos butacas vacías. Nacido en las Baleares, este movimiento ciudadano logró el 20-N 97.706 votos, 50.000 de ellos en Cataluña. 11.000 más de los que logró Rosa Díez en esta comunidad. En el Senado, 235.000. Las cuñas de campaña eran elocuentes. “Ssssss...Por tu salud y la nuestra este es un espacio libre de ruido electoral. No vamos a pedirte el voto a gritos...”. O: “No se cansan de prometernos cosas para comprarnos el voto (...) Y nos olvidan hasta las próximas elecciones”. Gironella no se ha olvidado de Eb: el 20-N obtuvo 145 votos, cinco menos que en mayo.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_