PP y PNV exhiben su pacto fiscal

Conforme avanza el debate de la reforma fiscal, una de las claves que se marcó el lehendakari para esta legislatura, más sintonía exhiben el PNV y el PP, socio preferente del Gobierno. Con una institución foral en manos de cada una, las dos formaciones sumaron ayer votos para impedir que el Parlamento cree una comisión de análisis de los distintos modelos y propuestas fiscales, foro que estaría abierto a la participación de Diputaciones y Juntas Generales.

La propuesta socialista, que concitó el apoyo de Aralar y las tres formaciones del Grupo Mixto, derivaba de la iniciativa planteada por el propio Patxi López en el pleno de política general de septiembre para llevar el debate a la Cámara. Fuentes del Gobierno y del PSE insistían ayer a EL PAÍS que lo importante es el debate y no el órgano. Pero muestra de la importancia que los socialistas le daban a su creación es que la proposición no de ley que le servía de vehículo había sido presentada por 24 de sus 25 parlamentarios, todos menos el propio López.

La resolución del debate suma otro punto a la configuración de dos bloques fiscales —y en cierta medida económicos— transversales e inéditos en Euskadi: populares y nacionalistas por un lado; PSE y Bildu del otro. Al primero de ellos, “las derechas vascas” —expresión que los socialistas usaron tanto en este punto del pleno como en el del conflicto sanitario— y sus Diputaciones culpó Óscar Rodríguez, quien llevó el debate en nombre del PSE, de provocar “un desbarajuste fiscal que nadie entiende” y que “puede llegar al esperpento” en Álava a cuenta del Impuesto de Patrimonio. Para Rodríguez, dejar este debate en manos exclusivas de las instituciones forales “entorpece considerablemente” la armonización fiscal.

“Se sacrifica a los ciudadanos por la foralidad”, lamentan fuentes del Gobierno

El enfrentamiento dialéctico más ácido en el debate se produjo precisamente entre las dos formaciones que apoyan al Ejecutivo. El peneuvista Alex Etxeberria se centró reiteradamente en rechazar la iniciativa por una cuestión competencial —“equivocarse de lugar va siendo ya una costumbre del Gobierno”—. En cambio, el PP dejó su voz en manos de uno de sus pesos pesados, su responsable en materia económica, Antón Damborenea, quien desdeñó con dureza una iniciativa a la que no concedió ni el calado de propuesta fiscal, mientras incidía en que su grupo sigue esperando aún conocer un planteamiento concreto de los socialistas.

Damborenea repudió que se culpe de “desbarajuste” a Álava y Bizkaia por el solo hecho de no estar de acuerdo con los pactos de los socialistas con Bildu en Gipuzkoa, que los primeros matizan ahora en parte.

La lucha contra el fraude, cuyos criterios básicos quieren los socialistas que fije la Cámara, fue otro motivo de pugna. Rodríguez destacó que a “las derechas” no les gusta que se haga entre todas las instituciones un único plan contra el fraude fiscal, algo “a buen seguro incomprensible” para un amplio porcentaje de ciudadanos. “¿A quién pretenden engañar [con esa idea]. Humo. Palabras bonitas que no sirven para nada”, le contestó con dureza el parlamentario popular, incidiendo en que es “incomprensible” un plan que no implique al Ministerio de Hacienda, otras comunidades e incluso Francia.

El lehendakari propuso en septiembre llevar al Legislativo dos debates intrínsecamente relacionados: la articulación del entramado institucional vasco y sus duplicidades y la reforma fiscal. La comisión del primero se creó dos días después de las generales, con el voto del PP; la segunda se queda en el tintero, al menos durante este periodo de sesiones, no. Y también por el voto del PP.

“No se trata de suplantar a las Diputaciones en su capacidad normativa, sino que un debate tan crucial se aborde en el órgano más representativo del país”, repetían fuentes del Gobienro. “Se sacrifica a los ciudadanos por la foralidad, que es algo difuso”, añadían. Tanto en el Eejcutivo como en el PSE se incide en que lo importante es que el debate sigue abierto y “no por casualidad” el lehendakari contestará esta mañana en la Cámara una pregunta de su grupo sobre esta materia.

El PSE sí recibió buenas noticias de su socio en otro punto del pleno de ayer. El PP, que en octubre se sumó al PNV para que el Gobierno no venda casi 3.000 pisos sociales a un fondo de inversión, se alineó ayer con el Ejecutivo. ¿Razones del cambio? Los socialistas han incluido la venta y su esperado producto —casi 500 millones— en el proyecto de presupuestos que los socios están pactando. Y, a través de una disposición adicional, la expresa autorización de la Cámara al Gobierno para la operación, que el PP echó en tonces en falta. Ayer, populares y PSE aporbaron una iniciativa sobre esa misma autorización.