Un juez sugiere la responsabilidad civil de AENA durante la huelga de controladores

"Posiblemente a AENA le sería de aplicación la responsabilidad civil subsidiaria prevista en el artículo 120.4 (del Código Penal) o incluso del 121", afirma el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma de Mallorca en un auto al que ha tenido acceso Efe. Este juez investiga lo ocurrido en diciembre de 2010, cuando el Gobierno ordenó el cierre del espacio aéreo ante al falta de controladores en sus puestos, por una supuesta huelga encubierta, tras el caos que sufrieron los aeropuertos españoles en plenas vacaciones de Navidad.

El primero de los artículos señala que son responsables civiles "las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los delitos o faltas que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios".

Mientras tanto, el segundo precepto señala que "el Estado, la comunidad autónoma, la provincia, la isla, el municipio y demás entes públicos, según los casos, responden subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables de los delitos dolosos o culposos, cuando estos sean autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos".

En este sentido, el mismo magistrado afirma que "los controladores quizás también pudiesen incardinarse como funcionarios públicos (...) al participar en el ejercicio de funciones públicas cual es el control del tráfico aéreo". El juez añade, no obstante, que "no está probado que la decisión de cerrar el espacio aéreo debido a la falta de los mismos (los controladores) dimanara de AENA, sino del Gobierno".

En el auto se desestima la petición del sindicato de controladores, USCA, para que los afectados por el cierre del espacio aéreo no pudieran personarse en la causa penal como perjudicados.

Otro juez admite nuevos perjudicados

Además, en otra resolución a la que también ha tenido acceso Efe, el juez de Madrid que investiga los mismos hechos ha decidido admitir en la causa como perjudicados a viajeros "cuyos perjuicios no se hubieran producido en el partido judicial de Madrid". El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital razona en su auto que "es evidente la repercusión de este asunto en el ámbito nacional e incluso los problemas adyacentes que se produjeron por vuelos que, procedentes de Europa, no pudieron despegar".

"No se puede restringir la personación en estas diligencias a aterrizajes o despegues en el aeropuerto de Barajas. Ha sido este aeropuerto el que a nivel internacional comunicó el 'Rate 0' -cancelación de las operaciones- (...), y dicha decisión repercutió en un ámbito territorial que excede de la Comunidad de Madrid", añade.

A punto de cumplirse un año de los hechos, un tercer magistrado, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga, ha acordado reabrir las actuaciones que se seguían allí y que habían sido archivadas, al estimar el recurso presentado por la Fiscalía.

El juez ordena también remitir al Instituto de Medicina Legal los partes médicos aportados por los controladores para que informe "sobre la veracidad o falsedad de los síntomas alegados para no encontrarse en su puesto de trabajo".

El abogado de la Asociación de Demandantes Afectados por el cierre del espacio aéreo, Luis Vericat, ha asegurado a Efe que estas resoluciones "son una gran noticia para los afectados" y que "es importante que se sepa que prácticamente todos los procedimientos judiciales abiertos contra los controladores están vivos".