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'CASO PALMA ARENA'

El juez sostiene que Urdangarin y su socio se "apoderaron" de dinero público

Los investigadores creen que el duque de Palma y su socio crearon un entramado societario a través del cual se desviaban fondos públicos y privados.

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Agentes de la policía, tras el registro de la sede del Instituto Noos.

El juez José Castro Aragón, instructor del caso Palma Arena de supuesto desvío de dinero público en la construcción del equipamiento deportivo en Mallorca, sostiene en sendos autos que el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina de Borbón, y el socio de este, Diego Torres, utilizaron presuntamente varias sociedades para “apoderarse de fondos públicos” que recibía el Instituto Nóos, del cual los dos fueron presidentes, según informa hoy El Periódico de Cataluña y El Mundo. De momento, solo está imputado en el caso Diego Torres, quien, asistido por su letrado, Manuel González Peeters, prestó declaración ante el juez hasta la una de la madrugada.

La Casa del Rey ha asegurado esta mañana que no hace declaraciones sobre las informaciones aparecidas en prensa, que quiere que se sigan las actuaciones judiciales pertinentes y que se mantienen informados sobre el asunto.

El magistrado Castro y la Fiscalía Anticorrupción de Baleares sospechan que se creó “un entramado societario» a través del cual se “desviaban los fondos públicos y privados” que recibía este instituto, cuya finalidad es la asesoría y gestión de mecenazgos deportivos, “apoderándose” de los mismos. Los indicios sustentarían el supuesto desvío de fondos en casos de auto facturación a precios desmesurados de servicios entre compañías familiares, según las investigaciones de los fiscales y policías. La presuntas pruebas de irregularidades se obtuvieron tras el registro el pasado lunes de la sede de la fundación Nóos y varios despachos en Barcelona y Palma de Mallorca.

La supuesta forma de operar del Instituto Nóos es de manual, indican los autos del juez: tras fijarse unos precios absolutamente desmesurados y recibir los fondos públicos, “se simulaba por parte del instituto la contratación de servicios ficticios o presumiblemente facturados por importe superior al servicio realmente prestado”. El dinero público, continúa el auto judicial, “acababa en manos de las mercantiles controladas por Diego Torres e Iñaki Urdangarin”.

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Iñaki Urdangarin.

La Fiscalía Anticorrupción añade que el único objetivo perseguido por Urdangarin “con la toma de control del Instituto Nóos era contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía el ánimo de lucro, una especie de ONG dedicada a proyectos sociales”.

La finalidad de esta estratagema era la de “aparentar la no persecución de fines lucrativos; rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaba, y evitar suspicacias por parte de terceros para financiarse básicamente con fondos de organismos públicos”.

Urdangarin, Torres y tres familiares, entre ellos la esposa de Torres —todos ellos investigados— “formaban un círculo cerrado de toma de decisiones” y era el que decidía sobre los proyectos y cuestiones económicas de Noós y dejaba fuera de la toma de decisiones al comité de dirección de la fundación.

En uno de sus autos, el juez se centra en las investigaciones de la fiscalía sobre el cobro de 2,3 millones de euros por parte del Instituto Nóos entre finales de 2004 y principios de 2005 por la organización en Mallorca del Illes Balears Fòrum y de dos jornadas sobre turismo y deportes. La investigación calcula que la desviación entre el coste real de los dos eventos y el dinero que finalmente se acabó pagando es de unos dos millones de euros. Los dos eventos los organizaba el Gobierno de Baleares, entonces presidido por Jaume Matas (PP). Además, el fiscal y el juez investigan la relación de Nóos la con la Consejería de la Presidencia del Gobierno valenciano.

La Fiscalía Anticorrupción investiga una supuesta malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, prevaricación y falsedad documental en la pieza secreta del caso Palma Arena que alude a la actividad privada, en 2005 y 2006, de Iñaki Urdangarin, a través del Instituto Nóos.

Urdangarin facturó 2,3 millones de euros al Gobierno de Baleares por la idea y organización de dos foros deportivos. En medio policiales y judiciales, tras dos días de registros e interrogatorios efectuados en sedes ligadas a Nóos en Barcelona, anoche se ponderaron como relevantes las actuaciones efectuadas porque se ha hallado “bastante” documentación contable. Los indicios sustentarían un supuesto entramado de desvíos de fondos, de posibles auto facturaciones con precios desmesurados de servicios entre compañías familiares, de acuerdo con las tesis iniciales, según las investigaciones de los fiscales y policías.

El socio del duque de Palma, el profesor Diego Torres, entregó semanas atrás cientos de facturas al juez Castro, que la fiscalía consideró no ajustadas al volumen y precio del trabajo efectuado por Nóos en seis días de jornadas en dos años. El juez, ante la petición razonada del Fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, dictó un auto para autorizar las entradas y registros en las sedes de las empresas vinculadas a Nóos, así como los interrogatorios a los administradores y socios. El auto de Castro indica las sospechas sobre “los desvíos de fondos”.

El equipo policial, de la Agencia Tributaria y de la Fiscalía Anticorrupción de Palma registró las sedes en Barcelona de las diferentes compañías vinculadas al Instituto Nóos, que presidió Iñaki Urdangarin, duque de Palma, esposo de la infanta Cristina de Borbón. Tras la recopilación de datos y de interrogatorios, centrados en Diego Torres, socio y colaborador de Urdangarin, su esposa María Tejeiro y el asesor fiscal Miguel Tejeiro.