Roca reconoce sobornos a los concejales de Marbella y pagos de empresarios

Han tenido que transcurrir 104 jornadas de juicio del caso Malaya para que Juan Antonio Roca dé su brazo a torcer. En una declaración no por esperada menos trascendental, el cerebro de la corrupción en Marbella (Málaga) admitió hoy que recibió dinero —hasta 33,3 millones de euros— de empresarios con intereses en la localidad. También admitió que de su bolsillo salieron no menos de tres millones de euros en sobres de dinero negro que fueron a parar a los concejales del equipo de gobierno marbellí tras la moción de censura que desbancó en agosto de 2003 al entonces alcalde Julián Muñoz. Roca, además, reconoció expresamente como suya la contabilidad secreta hallada en su despacho particular de la sociedad Maras Asesores: “En su inmensa mayoría esos apuntes son ciertos”, afirmó. Esta confesión deja en una posición muy difícil a las defensas de los 91 procesados en el macrojuicio que todavía no han alcanzado un acuerdo de conformidad con el fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero.

El juicio del caso Malaya contra la corrupción en Marbella ha sufrido esta mañana un vuelco trascendental. El supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, ha admitido ante el tribunal que recibió pagos de empresarios con intereses urbanísticos y ha reconocido expresamente que pagó sobornos a concejales del equipo de gobierno que salió de la moción de censura que desbancó al alcalde Julián Muñoz en agosto de 2003. Además, Roca ha reconocido como suya la contabilidad secreta intervenida en su oficina privada de Maras Asesores, la principal prueba de cargo. De negar en las primeras fases de la vista oral que el entramado societario que ocultaba su patrimonio era suyo, Roca ha pasado a admitir las entradas y salidas de fondos en su contabilidad, aunque ha afirmado que esta está “llena de errores”. Los archivos Maras, según él, “mezclan saldos y entradas y salidas en dinero A [declarado] y B [dinero negro] y no son un arqueo cuadrado de tesorería”.

Roca ha comenzado por admitir que recibió pagos de aproximadamente 3,5 millones de euros de tres empresarios con intereses inmobiliarios en Marbella en atención a un supuesto “asesoramiento”. Se trata de Aifos, Construcciones Salamanca –del fallecido Emilio Rodríguez Bugallo- y de Fidel San Román. Roca también ha admitido ser el beneficiario de los ingresos del resto de empresarios imputados, aunque los atribuye a negocios privados con ellos. Los pagos totalizan 33,3 millones de euros, según la fiscalía.

Respecto a los pagos a los exediles, Roca ha admitido que se trataba de “gratificaciones” que tenían por objeto “mantenerles unidos y que no hubiera transfuguismo ni abandono de la disciplina”. El exasesor ha admitido que se pagaba a los portavoces de los grupos que configuraron el tripartito, Marisol Yagüe (GIL), Isabel García Marcos (expulsada del PSOE) y el fugado Carlos Fernández, del Partido Andalucista. Este último ideó el sistema de que los concejales con más responsabilidad recibieron los sobres más sustanciosos.

Sin embargo, Roca se ha cuidado mucho de vincular estos pagos a la consecución de resoluciones ilegales favorables a sus intereses. Fuentes judiciales aseguran que el exasesor trata de “difuminar el delito de cohecho”, es decir, que se le aplique un tipo de cohecho impropio –pagos en atención al cargo, como del que está acusado el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps-. Tanto fuentes fiscales como de la defensa de Roca niegan que la confesión derive de un pacto entre ellos.

La sesión 104 del juicio se inició con una nueva sorpresa. El empresario gallego Eusebio Sierra, administrador de la promotora Proincosta, ha reconocido que en diciembre de 2002 pagó “a requerimiento de Roca” un total de 60.000 euros a cambio de que se agilizara el reconocimiento de una deuda de 6,7 millones de euros que el Ayuntamiento tenía con su empresa.

Este pago quedó recogido en el archivo Excel de Maras Asesores, que contiene la supuesta contabilidad secreta de Roca. Con esta confesión, Sierra acepta una pena de seis meses de prisión y multas de 48.600 euros por un delito de cohecho para acto injusto. Hasta el momento de su confesión, fruto de un acuerdo de su defensa con el fiscal, Sierra se exponía a una petición de pena de dos años de cárcel y 120.000 euros de multa.

El acuerdo de Sierra es el cuarto que el fiscal logra con empresarios acusados de pagos a Roca. A principios de octubre, el industrial burgalés Ismael Pérez Peña también reconoció haber pagado 180.000 euros a Roca y tres coches de lujo a la exalcaldesa Marisol Yagüe a cambio de una rebaja en la pena. Posteriormente se adhirieron al pacto el hijo de Pérez Peña y el empresario Carmelo Armenta, implicado en la operación.

La nueva confesión apuntala la validez como prueba de los llamados archivos Maras, en la que constan pagos de empresarios a Roca a cambio de favores urbanísticos por un total de 33,3 millones de euros.

Tras el anuncio del pacto se ha iniciado la declaración del exasesor urbanístico. El fiscal anticorrupción Juan Carlos López Caballero ha empezado a preguntarle por su llegada al Ayuntamiento de Marbella. Roca ha asegurado, como ya hizo al comienzo de la vista oral, en diciembre de 2010, que “nunca” tuvo “la gestión urbanística de Marbella”.