Política

La España que apunta Rajoy: menos impuestos al capital y salarios a la baja

El programa del PP evita medidas impopulares, pero facilita que las empresas reduzcan sueldos

Reformará el aborto pero no aclara cómo

Santiago de Compostela 31 OCT 2011 - 13:06 CET

Mariano Rajoy interviene hoy en el Comité Ejecutivo Nacional del PP.

Una de las aficiones más desconocidas de Mariano Rajoy es la de destrozar titulares de prensa. Los detesta. Los considera simplificadores. Y él, que adora decir una cosa y la contraria en la misma frase —“la fortuna es de los audaces pero hombre precavido vale por dos”, suelta sin inmutarse—, es enemigo declarado de las afirmaciones rotundas. Siempre intenta evitar un titular claro. Tal vez por eso, Rajoy le ha dado personalmente una última peinada al programa electoral, que estaba listo hace semanas, para quitar cualquier arista. Para matar titulares.

Y aun así, pese a ser voluntariamente un texto ambiguo, lleno de ideas sin rematar, sin ninguna medida impopular, pensado para no molestar a nadie, el avance del programa que dio a conocer ayer el PP marca claramente una línea ideológica tradicional de este partido, una propuesta muy similar a la de 1996 —pese a la muy diferente situación económica, que nadie niega en el partido—: bajadas de impuestos importantes a pequeñas empresas —cinco puntos menos en Sociedades—, a emprendedores, y, sobre todo, a lo que en el programa se define como “ahorradores”, que aunque no queda claro en el texto parece orientado a bajar la presión sobre las rentas del capital.

Los populares quieren recuperar la deducción por compra de vivienda

A pesar de que Rajoy dijo que no iba a tocar el IRPF en un primer momento, el PP plantea una “modernización” de este impuesto, el más importante, y una deducción nueva “para el incremento anual del ahorro”. Ahí se incluye el dinero del ahorro destinado a la vivienda habitual —amortizar la hipoteca—, cuya fiscalidad mejoraría. El PP también promete recuperar la deducción por compra de vivienda que el PSOE solo ha mantenido para los que ganen menos de 24.000 euros.

Nada dice lo presentado hasta ahora de lo que va a hacer con el IVA. Hay mucha presión de la UE para volver a subirlo —sigue siendo de los más bajos— y en cualquier caso parece seguro que el PP, que hizo campaña contra la última subida del 16% al 18%, no se plantea volver a bajarlo.

La bajada de impuestos a lo que el PP llama ahorro y que suele afectar sobre todo a rentas del capital —inversiones en Bolsa, plusvalías— es la línea que el PP ya apuntó en su reforma de 1997. En este texto, también como entonces, se plantea mejorar la fiscalidad de los planes de pensiones. Es otra cuestión pensada para profesionales acomodados o clases medias desahogadas que invierten en planes de pensiones privados.

Proponen rebajar el impuesto de sociedades y “modernizar” el IRPF

 

Hay otros muchos gestos de bajadas de impuestos, por ejemplo a familias numerosas, aunque ninguno de ellos con mucho detalle y por supuesto sin cuantificar cuánto dejará de ingresar el Estado central por estos conceptos.

Esta parte del programa contrasta claramente con los planteamientos del PSOE, y augura una campaña en la que sí puede haber cierto choque de modelos: el clásico liberal del PP, con bajadas de impuestos y más poder negociador para los empresarios, y el de Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha tratado de dar un giro socialdemócrata y plantea varias subidas de impuestos al capital, a la banca y al patrimonio, para tratar de mantener los servicios sociales.

Los acuerdos de empresa tendrán prevalencia en cuestiones salariales

El PP no plantea ningún recorte en sanidad o educación ni nada por el estilo, pero tampoco habla de ningún nuevo impuesto para recuperar una recaudación que el propio Rajoy define como muy preocupante. No se atisba un impuesto a las grandes fortunas al estilo de la derecha francesa.

Los populares fían todo a una reactivación de la economía —que ningún análisis augura en breve— para recuperar los ingresos del Estado. Apenas hay detalles de recortes, a pesar de que el PP calcula ya que en 2012 tendrá que podar entre 30.000 y 35.000 millones para llegar al 4,4% de déficit.

No habla de derogar la ley del aborto, a pesar de que Rajoy sí lo hizo en abril

El programa apenas apunta esos recortes —habla de eliminar organismos sin cuantificar—, que sin duda serán después el eje del debate político. Es algo similar a lo que pasó en la campaña de las autonómicas, y antes en las gallegas: los candidatos del PP prometían que bajarían impuestos y no harían recortes, y después de llegar al Gobierno descartaban las bajadas y hacían recortes culpando a la “herencia recibida”.

Otro de los asuntos en los que hay un atisbo de concreción, aunque sin rematar, es el de la reforma laboral. No hay contrato único, a pesar de que muchos en el PP lo pedían —Rajoy ha querido suavizar también eso—, pero sí se promete una “simplificación” de los modelos de contratación. Y, sobre todo, hay una reforma sobre la que hay poco debate pero que tiene una gran trascendencia: la de la negociación colectiva. El PP no eliminará los convenios sectoriales y provinciales, pero aclara: “Tendrán prevalencia en cuestiones salariales y condiciones del trabajo los convenios o acuerdos de empresa”.

Un guiño a los duros: “No se negociará con terroristas”

Hacer apuestas a lo que va a hacer Mariano Rajoy es una garantía de perderlas. En el PP ya casi nadie lo hace. Le fascina el doble juego, lanzar muchos mensajes a la vez, para todo tipo de electorados y todo tipo de medios de comunicación. El sábado él no decía ni palabra de ETA en A Coruña mientras mandaba a un hombre de su confianza como Miguel Arias Cañete a la manifestación de Madrid en la que se acusó al Gobierno de negociar con ETA. Y ayer, de improviso, colocó en el programa una promesa: “No negociar con terroristas ni por la presión de la violencia ni por el anuncio de su cese. Este será un principio básico de la política de seguridad del Estado”.

Es un claro guiño a los duros del PP y su entorno, que han criticado a Rajoy por calificar de “gran noticia” el comunicado de ETA y decir que no hubo “concesiones políticas”. Pero en realidad puede no tener efectos prácticos. Rajoy puede hacer una política penitenciaria perfectamente legal que facilite el fin total de ETA —acercamientos, terceros grados, presionar para revisar la doctrina Parot— sin negociar en ningún momento con la banda.

De hecho, el propio Jaime Mayor Oreja, cuando era ministro del Interior, acercó a 145 presos en 1998, en plena tregua, y el PP nunca admitió que hubiera negociación. Fueron “gestos para facilitar un clima”, según la expresión de Mayor. Los mismos, u otros, que Rajoy podría hacer, si llega a La Moncloa, sin que haya ningún tipo de negociación.

Esto, aunque no se explique así, da paso a una gran bajada de sueldos en varios sectores. En muchas empresas, sobre todo pequeñas, el convenio sectorial funciona como un mínimo al que se puede aferrar el trabajador, sobre todo en el sueldo. Sin él, al negociar con el empresario en época de crisis, la bajada es más fácil.

En el PP y en la patronal insisten en que el sistema actual es tan inflexible que en 2010, en plena crisis, en España subieron los salarios. Los sindicatos discuten este cálculo. Lo cierto es que con el nuevo sistema la bajada sería más fácil y generalizada. Los populares explican —en privado, negro sobre blanco no se pone nada— que solo así se ganará competitividad porque no se puede devaluar la moneda, que es lo que se hacía cuando no había euro.

El programa está lleno de propuestas, todas en positivo y, al menos en el avance difundido ayer, busca equilibrios en temas polémicos, en especial el aborto. Rajoy trata de satisfacer a su electorado más conservador al anunciar una ley de protección de la maternidad y un cambio en el aborto “para reforzar la protección del derecho a la vida”. Sin embargo, no habla ya de derogación —sí lo hacía en abril—, y no aclara cómo será esa reforma. Así trata de evitar el ataque del PSOE. Un juego de equilibrios muy propio de Rajoy y un nuevo intento por evitar esos titulares que tan poco le gustan. Presentado, además, a 20 días de las elecciones y en un puente festivo, cuando tiene aún menos repercusión.

 

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