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Detenida la número dos de Unió Mallorquina

Anticorrupción destapa nuevas tramas electorales y clientelares de UM durante su etapa en las instituciones

Miquel Nadal, y Maria Antònia Munar.
Miquel Nadal, y Maria Antònia Munar.TOLO RAMÓN (EFE)

La ex número dos de Unió Mallorquina en el Ayuntamiento de Palma y ex presidenta de la empresa de aguas y residuos Emaya, Cristina Cerdó, ha sido detenida por agentes de la Guardia Civil en el marco de la segunda fase de la Operación Ossifar. Anticorrupción investiga la contratación de empleados que, a sueldo de la empresa municipal, se dedicaban en exclusiva a labores de partido y a la captación de votos para UM.

Eran prácticas políticas de tipo mafioso ejecutadas por cargos de Unió Mallorquina (UM), según cree la fiscalía y los investigadores policiales. Existen pistas de ocupación partidista de empresas, institutos y consejerías así como amiguismo en contratos públicos.

Las redes de captación de militantes de UM en las instituciones trabajaban en exclusiva para la supuesta compra de votos, con promesas de empleo a cambio de aportar un determinado número de sufragios por correo. La Fiscalía Anticorrupción prosigue en Mallorca la labor de identificación de operaciones supuestamente delictivas, redes de interés electoral sostenidas con fondos públicos de este partido.

La lupa de la investigación se centra en ex dirigentes y militantes destacados del extinto partido Unió Mallorquina, que lideraron Maria Antònia Munar y Miquel Nadal, plurimputados en casos de corrupción y cuyo exsecretario general, el ex diputado Tomeu Vicens, cumple pena de prisión por malversación de fondos público y falsedad.

Ahora se profundiza en la llamada operación Ossifar (una marca de limpieza de pozos negros). En la nueva fase hay tres personas imputadas y una decena de testigos que han pasado por el cuartel de la Guardia Civil de Palma en las últimas horas. En la primera fase se imputó a los gestores políticos de la compañía pública de agua y basura de Palma, Emaya. Ahora un arrepentido, el exgerente, ha desvelado posibles concesiones manipuladas y desvíos de fondos para tejer en el seno de la empresa una sección del aparato electoral de UM.

Los interrogatorios se centran en el supuesto desvío de fondos públicos en grandes contratas de contenedores y en la malversación de caudales en la organización clandestina de un departamento para la captación de votantes de UM en Emaya. UM controló hegemónicamente esta compañía, al igual que hizo en las consejerías y empresas oficiales de Palma, Mallorca y Baleares. En la pasada legislatura el PSOE, a cambio de su apoyo, le cedió un gran poder a UM, hegemónico, sin interferencias: de la televisión autonómica IB3 al Instituto de Turismo o las empresas de Medio Ambiente, Caza y Deportes.

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La dirección de UM involucraba en las prácticas supuestamente ilegales a compañías privadas concesionarias de su confianza. Las empresas eran favorecidas con contratos amañados y a cambio daban también amparo salarial a los miembros de estas redes de activistas. Se han destapado -con la ayuda de tres arrepentidos- listas de militantes enchufados en televisiones, productoras, compañías informáticas, constructoras y compañías de servicios. Así la nómina entregada a los liberados de la red UM procedía indirectamente de las arcas públicas de las concesiones.Eso era sa xarxa, confesada por Miquel Nadal ante un juez.

UM fue clave desde 1983 hasta 2010 para los Gobiernos del PP y el PSOE en Baleares, alternativamente. La bisagra se disolvió -cuando disfrutaba de su máxima cuota de poder- atrapada por la catarata de altos cargos imputados en los múltiples escándalos judiciales destapados. La supuesta práctica delictiva de dirigentes de UM ha sido localizada en los gobiernos de Palma, Mallorca y Baleares.

El escándalo de las mallas clientelares de UM, ligado a posibles sobornos y concesiones manipuladas, se indaga judicialmente en al menos cinco causas penales -casos maquillaje,voltor, picnic, cloaca y el último ossifar-, en tres juzgados diferentes. El departamento investigado en Emaya era conocido como Oficina de Atención a la Ciudadanía. La expresidenta de Emaya y ex número dos de UM en Palma, Cristina Cerdó, está imputada en los casos picnic y maquillaje. "En todas partes se repite la mismo, con el mismo modelo", confesó un investigador.

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