Ocho detenidos por corrupción urbanística en Murcia
Los agentes han requerido información en la Secretaría General de la Consejería de Presidencia
Al menos ocho personas han sido detenidas esta mañana, entre ellas el alcalde de Aledo (Murcia, 1.000 habitantes), Simón Alcaraz Alcaraz (PP), y la secretaria municipal de la misma localidad, además del exfuncionario de la comunidad murciana Domingo Peñalver. Las detenciones se enmarcan dentro de la segunda parte de la Operación Biblioteca, que investiga una presunta trama de corrupción urbanística sobre delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos en otra localidad murciana, Librilla.
Fuentes del Ejecutivo regional han informado de que los agentes de la Guardia Civil se han interesado por expedientes relacionados con la operación y ha requerido información en la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, aunque otras fuentes matizan que la operación está relacionada con funcionarios y no con políticos ni con el Gobierno regional.
Las mismas fuentes han indicado que parte de las diligencias están declaradas secretas por el juez que instruye el caso, el titular del Juzgado de Instrucción número Seis de Murcia, Andrés Carrillo, y están siendo seguidas por el fiscal anticorrupción, Pablo Lozano.
Los registros que se llevan a cabo hoy fueron solicitados por la Guardia Civil hace un mes al considerarlos necesarios para el esclarecimiento de los hechos que se investigan, han indicado las fuentes.
La ex concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Aledo (Murcia), María Pallarés, ha asegurado a Europa Press que Alcaraz ha sido detenido por la adjudicación "irregular" de obras, a lo largo de 20 años, a las tres empresas Urbisan, Urdemasa y Urvitec Levante, que en el fondo son "una misma compañía".
El alcalde de Aledo, del Partido Popular, gobierna en el Consistorio desde 1991. En las últimas elecciones autonómicas y municipales, su partido revalidó la mayoría absoluta, aunque obtuvo cinco concejales, uno menos que la pasada legislatura.
El consejero regional de Presidencia, Manuel Campos, ha informado de que un alférez de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acompañado de unos agentes acudió a las 08.30 horas a la Secretaría General de Presidencia, en el Palacio de San Esteban, con un auto judicial.
La Consejera de Sanidad de la Región, María Ángeles Palacios, ha declarado que su departamento está en "total colaboración con la justicia".
El portavoz del Partido Socialista de Murcia, Joaquín López, ha asegurado estar preocupado porque "otra vez" la Guardia Civil vuelve a investigar dependencias de la Comunidad Autónoma, lo que puede dar a entender, explicó en declaraciones a Europa Press, que tenga ver con alguna posible de corrupción política.
El 'caso Biblioteca'
La investigación destapó en 2008 que un grupo de empresario compraba facturas falsas de sociedades ya creadas para enmascarar las comisiones que pagaba al alcalde de Librilla, José Martínez García (PP), y al teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro Martínez, que ingresaron en prisión en 2008 por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos. La trama, según publicó el diario La Verdad, logró siete millones en contratos reales y ficticios.
El juzgado de Instrucción número 6 de Murcia ordenó aquel año el ingreso en prisión provisional del consejero delegado de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L, José Andrés Cortés, y el responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma, en excedencia desde el año 2007, José Luis Cano, que falleció posteriormente en un accidente de tráfico.
El juez titular Andrés Carrillo dictó además libertad con cargos y sin fianza para el ingeniero de caminos Domingo Peñalver, copropietario de la empresa Acadi, adjudicataria de la redacción del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) urbana de Librilla.
