Camps y Costa se sentarán en el banquillo después de las elecciones
El juez fija el inicio del juicio de los trajes para el 12 de diciembre
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Juan Climent, ha fijado el inicio de la vista de la causa de los trajes, derivada del caso Gürtel para el próximo 12 de diciembre. El proceso judicial, plagado de recursos, el largo procedimiento de formación del jurado y la previsión de que será un juicio con varias sesiones ya hacía prever que el tribunal buscara una fecha más allá del 20-N.
En el auto hecho público hace unos momentos, el magistrado estima parte de las pruebas reclamadas por Camps, entre las que se encuentran el que acudan a declarar empleados de los establecimientos en los que adquiere prendas de vestir más caras que las que supuestamente regalaba la red Gürtel. El juez las admite “en aras a no dificultar el ejercicio del derecho de defensa de las partes acusadoras y acusadas y a no entorpecer las estrategias procesales de éstas, debiendo ser admitidos aquellos medios de prueba cuya impertinencia o inutilidad no conste o resulte manifiesta".
Según el auto, entre 2005 y 2008, (años que coinciden con las fechas en las que las sociedad de la trama Gürtel desarrolló el grueso de su actividad en Valencia) Camps recibió 12 trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas, valorados en unos 14.000 euros. Además, sostiene que el Ricardo Costa Climent recibió cuatro trajes y seis pantalones, por valor de unos 7.300 euros.
El magistrado señala que Orange Market “se ha dedicado a la organización de actos para el Partido Popular en la Comunidad Valenciana” y añade que además de estos, “a partir del año 2005 le fueron adjudicados a esa sociedad por diferentes organismos de la Administración de la Generalidad Valenciana numerosos contratos de muy variado objeto”. En su auto, el juez insiste en que el propósito de los regalos “era el de ganarse, mediante el agasajo, el afecto o el favor de las personas así obsequiadas”. E indica que los mismos pueden ser constitutivos de un “delito consumado de cohecho continuado”.
Francisco Camps negó desde el principio los regalos. Al principio dijo que él se pagaba sus propias prendas. Después sostuvo que no podía haber juicio “porque no hay nada de nada”. Como presidente de la Generalitat, se negó a dimitir, pese a la imputación y las acusaciones durante más de dos años y finalmente, presentó un recurso en el que sostenía que pudo haber recibido los trajes pero que, en el caso de que así hubiera sucedido, lo fue como presidente del PP valenciano y no por sus cargos institucionales.
El ahora expresidente valenciano tuvo la oportunidad de acabar con el litigio llevando a cabo la estrategia pactada con los otros tres acusados: admitir su culpabilidad y evitar el juicio. Pero dejó en la estacada al que había sido su vicepresidente, Víctor Campos, y al exjefe del Gabinete de Turismo, Rafael Betoret, que aceptaron los delitos y fueron condenados por ello.
Ahora, Francisco Camps se sentará en el banquillo, ante un jurado popular, el 12 de diciembre, a las 10 de la mañana. Según el mismo auto, el sorteo entre los candidatos a jurados se celebrará el día 26 de octubre de 2011.
Un jurado de la provincia de Valencia
Francisco Camps y Ricardo Costa serán juzgados por nueve ciudadanos de la provincia de Valencia elegidos de una bolsa de cerca de 4.000 que se extrae bianualmente (los años pares) del censo electoral. La ley aprobada en 1995 establece que el tribunal del jurado tiene competencia para conocer una serie de delitos que van del homicidio al incendio forestal. Tienen especial peso los cometidos por funcionarios en el ejercicio de sus cargos porque el legislador consideró que los ciudadanos serían especialmente sensibles a ellos.
La formación del jurado para el juicio del expresidente valenciano acusado de cohecho empezará el 25 de octubre con un sorteo público en el que se obtendrán 36 nombres del fondo de 4.000 potenciales jurados. Los candidatos serán citados para el día de la vista con la obligación de remitir previamente las posibles faltas de requisitos y excusas por las que consideren que no pueden integrar el tribunal. Están excluidos, por ejemplo, los condenados por delitos dolosos, los policías y los funcionarios de justicia.
Las defensas podrán recusar a cuatro candidatos y las acusaciones a otros cuatro tras interrogarles y sin necesidad de alegar motivos concretos.
El jurado se elige dentro de la misma provincia, según la exposición de motivos de la ley, porque se persigue la proximidad: que los vecinos sean quienes juzguen. El sistema se mantiene para el caso de Camps, aunque supuestamente cometió el delito como presidente de la Comunidad Valenciana y es juzgado por un tribunal cuya competencia se extiende a toda la autonomía. Los críticos del jurado consideran que los ciudadanos pueden verse influidos por la relevancia política de un expresidente. Los defensores responden que lo mismo podría decirse de muchos jueces.
