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Hacienda retiene 13,5 millones de adelantos a 1.022 Ayuntamientos

Los Ayuntamientos no presentaron a tiempo la liquidación de sus presupuestos de 2010

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La Ley de Economía Sostenible, que obliga a los Ayuntamientos a desnudar sus cuentas, se topó ayer con su primer escollo municipal: la falta de transparencia del 12% de los 8.114 Ayuntamientos españoles. Hacienda, en virtud de la norma, bloqueó el pago de 13,5 millones de euros a las 1.022 localidades que presentaron fuera de plazo el 30 de septiembre sus liquidaciones presupuestarias de 2010. Se trata de una información que revela la foto fija las arcas municipales y, en ningún caso, implica gastos más allá del compromiso de cumplir con la ley. El pasado año, cuando la norma no estaba en vigor, sólo presentaron sus cuentas el 48% de los consistorios.

La decisión afecta principalmente a las corporaciones pequeñas, de menos de 15.000 habitantes, como Navacerrada (Madrid, 3.000 vecinos), aunque la nómina de damnificados también incluye a municipios medianos como Almuñécar (Granada, 28.000) o Morón de la Frontera (Sevilla, 29.000). Están afectados, asimismo, los municipios de Cacabelos (León), Navafría (Segovia), Medinaceli (Soria), Benavente (Zamora) o La Hinojosa (Cuenca).

El dinero congelado corresponde a la participación de los ayuntamientos en los ingresos del estado (PIE) de octubre y llega en un momento en el que los consistorios hacen malabarismos para cuadrar sus cuentas para mantener a raya su déficit y los servicios municipales tras el desplome de los ingresos y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

La congelación no es irreversible. Los Ayuntamientos podrán recuperar los ingresos en cuanto presenten bien la liquidación de sus presupuestos de 2010. Si lo hacen en las próximas semanas, podrían rescatar ese dinero a finales de noviembre, según augura el Ministerio de Economía para quitar hierro a las consecuencias de la sanción. El alcalde de Vigo y vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Abel Caballero, se mostró ayer partidario de la decisión: “Los ayuntamientos que no han presentado sus cuentas no tienen disculpa. Deben cumplir con la Ley de Economía Sostenible y demostrar su compromiso con la transferencia”.

La FEMP, que agrupa al 91% de los ayuntamientos de España, mantuvo encuentros en agosto con el Ministerio de Economía para negociar la entrada en vigor de la parte de la Ley de Economía Sostenible relativa a los consistorios y evitar su impacto negativo sobre las arcas municipales, según fuentes del organismo.

El Gobierno anticipa a los consistorios su participación en los ingresos del Estado (PIE) en virtud de una estimación. En épocas de bonanza, estos adelantos, que supusieron 1.200 millones en 2011, estaban por debajo de las cantidades recaudadas por los Ayuntamientos. Sin embargo, a partir de 2008, coincidiendo con el desplome de los ingresos y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, la tendencia cambió.

“Un Ayuntamiento que no es capaz de entregar a tiempo sus liquidaciones presupuestarias, debería plantearse su existencia, si es viable que se mantenga como tal. No podemos mantener consistorios que no ofrecen unas garantías mínimas de transparencia y que no son capaces de presentar sus presupuestos”, valora el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, Javier Suárez Pandiello, experto en financiación de los consistorios y autor de un libro blanco para la FEMP especifico sobre las entidades locales.