Política
DEBATE DE POLÍTICA GENERAL EN EL PARLAMENTO CATALÁN

Mas promueve un impuesto a los ricos para aplacar el malestar por los recortes

El presidente de la Generalitat propone el concierto económico para salir de la crisis

El Gobierno catalán aprueba adelantar dos años el objetivo de déficit del 0,14%

El presidente Artur Mas en el debate de política general. / EFE

Agobiado por las protestas contra los recortes sociales que se suceden día sí día también en Cataluña, Artur Mas buscó un respiro ayer en el Parlamento catalán al declararse partidario de la creación de un impuesto sobre las grandes fortunas, una tasa que defendió sin concreción alguna y sin comprometerse a instaurarla. Mas aprovechó la apertura del debate de política general para defender sus medidas de recortes en hospitales, escuelas y todos los servicios públicos. Recogiendo la estrategia de Convergència i Unió, vinculó directamente la pésima situación de las finanzas catalanas a la falta de un sistema de financiación como el concierto económico que tienen el País Vasco y Navarra.

Mas fue premeditadamente ambiguo al hablar del nuevo tributo, sobre todo porque Convergència i Unió se abstuvo en la votación sobre el impuesto de patrimonio no hace ni una semana en el Congreso y porque la Generalitat suprimió en enero el impuesto de sucesiones a los grandes patrimonios. “Que quede claro que es un planteamiento temporal y que esta figura tributaria habrá de respetar el principio de equidad, habrá de estar diseñada de manera que no tenga efectos no deseados sobre el crecimiento económico y la recuperación y deberá tener unos costes de gestión que no reduzcan su capacidad recaudatoria”, explicó Mas. Pero, dicho esto, el presidente de la Generalitat dejó en el aire si va a crearlo su Gobierno o si se limitará a proponerlo al Gobierno central. “La forma de implantarlo se tiene que analizar. En el acuerdo de financiación actual, la capacidad normativa de la Generalitat es muy limitada”, dijo. Fuentes del departamento de Presidencia aseguraron después que no es intención del presidente instaurar un nuevo impuesto solo para Cataluña y aseguraron que las palabras de Mas deben leerse en clave nacional: “Si el Gobierno central quiere crear este impuesto para toda España, la Generalitat lo apoyará”.

Mas fue premeditadamente ambiguo al hablar del nuevo tributo porque CiU se abstuvo en la votación sobre el impuesto de patrimonio no hace ni una semana en el Congreso

También quiso demostrar compromiso con la reducción del déficit al aprobar por la mañana el anteproyecto de ley que fija un tope del 0,14% de déficit para 2018 —esto es: dos años antes del plazo que se han dado PSOE y PP con la reforma constitucional—. Con esta ley, la Generalitat quiere transmitir que es responsable y que no se la tiene que obligar “desde fuera”.

Mas tuvo una actitud defensiva y repartió culpas por doquier sobre la actual situación económica. Además de volver a acusar al Ejecutivo anterior de haber entrado en una “espiral diabólica” de endeudamiento, no ahorró reproches al Gobierno central por sus incumplimientos en materia de inversión. “Hay una voluntad manifiesta de parar el progreso del autogobierno de Cataluña”, dijo, acusando por igual a PP y PSOE. Esto, sumado a la crisis, obliga, según Mas a pedir el pacto fiscal.

Pretende Mas que el conjunto de los partidos catalanes apoye la reivindicación de CiU, y por eso su Gobierno no duda en insinuar que los recortes serían menores si Cataluña tuviera el concierto económico. Eso ya le ha servido para atraerse a Esquerra Republicana. Lo que busca ahora es el concurso del PSC. Por eso llamó a la unidad de todos los partidos. “El momento reclama hacer piña en Cataluña, trasladarla a Madrid y condicionar nuestro apoyo a la gobernabilidad del Estado a la consecución del pacto fiscal”.

Unos recortes draconianos

Angels Piñol

Con el objetivo de ajustarse al déficit, el Gobierno de Artur Mas ha aplicado una política de recortes draconianos que han afectado directamente a los departamentos más sensibles que sustentan el Estado del Bienestar. El conflicto desatado por la política de inmersión lingüística ha eclipsado en este arranque de curso la dureza de las restricciones en educación (rebaja del presupuesto en un 7,4%) y las denuncias de directores de instituto que advirtieron hace meses que con el tijeretazo tendrán problemas hasta para afrontar gastos corrientes como la luz o la calefacción. Tampoco se libran las residencias de ancianos concertadas: hoy se ha sabido que no cobrarán hasta noviembre el copago que reciben por parte de la Generalitat.

Pero, sin duda, ha sido el área de sanidad la más afectada. Mas aseguró en la campaña electoral de hace 10 meses que mantendría la inversión en ese departamento en sus dos primeros años de mandato y que en los dos últimos estudiaría mejorar su rentabilidad sin tocar ni un euro. La realidad ha sido muy distinta. Sanidad ha pasado de gestionar en 2010 un presupuesto de 10.500 millones –sufría ya una desviación de 850- a otro de 8.978.

 El tijeretazo ha impulsado ERES en varios hospitales públicos y se acaba de anunciar una última medida que ha encendido al personal sanitario: la Generalitat quiere reducir de aquí a diciembre 77 millones más a costa, en parte, de que los trabajadores renuncien a la mitad de la paga extra de Navidad. 2.500 trabajadores del hospital Clínico votarán entre el jueves y el viernes en referéndum si renuncian a un 30% de la paga de beneficios para evitar despidos.

Estos son algunas de las medidas adoptadas que han generado protestas de usuarios y empleados públicos a lo largo de los últimos meses:

  1. El Gobierno ha recortado una media de un 30% el salario de los trabajadores con la eliminación de complementos. La media es 1.125 euros por empleado.
  2. Los quirófanos de los hospitales públicos prestaban servicio por la tarde en la época del tripartito de izquierdas para aligerar las listas de espera. Eso se ha acabado: solo abren por la mañana. Uno de cada tres quirófanos ha sido clausurado de forma definitiva.
  3. Han cerrado unos 40 ambulatorios de atención primaria de los 400 que hay en Cataluña. De ese total, 185 estaban abiertos durante las 24 horas para prestar servicio de urgencias. 56 ya no abren por la noche.
  4. 1.050 camas hospitalarias cerraron a principios de verano y no se han vuelto a abrir. La media es que una de cada cuatro camas está inutilizada.

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Periodista de El País. Sección política.

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