La fiscalía sostiene que vender lotería con la cara de Fabra atenta contra su imagen

La elaboración de participaciones de lotería con el rostro del ahora expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y la frase “la lotería que siempre toca”, suponen una vulneración del derecho a la propia imagen. Al menos así lo ha argumentado la fiscalía de Castellón durante el juicio celebrado contra la formación nacionalista del Bloc tras una demanda presentada por el propio Fabra. La lotería resultó agraciada con 12 euros por papeleta.

El juzgado de Primera Instancia número 6 de Castellón ha acogido el juicio contra este partido después de que la agrupación local del municipio valenciano de Ontinyent elaborara y vendiera participaciones de lotería del sorteo del Niño, que llevaban impresa la cara de Fabra y el citado lema. La fiscalía ha expuesto que, pese a la personalidad pública de Carlos Fabra, la referencia a este dirigente del PP se realiza respecto de una actividad personal y no política, la compra de lotería. En cualquier caso, se ha mostrado contraria a la indemnización de 30.000 euros que solicita Fabra.

Los dos responsables del Bloc de Ontinyent, que han acudido a declarar en calidad de testigos, han explicado que se aprobó realizar estas participaciones como “crítica política” y desde un punto de vista irónico, después de conocer la suerte que ha acompañado al también presidente del PP de Castellón en innumerables sorteos. Por su parte, la defensa del partido nacionalista ha indicado que “no nos creemos que sea casualidad” y ha alegado que “creemos que compra los boletos después de que toca para blanquear, aunque eso no se puede decir hasta que haya una condena”. El juicio ha quedado visto para sentencia.

Carlos Fabra está imputado por cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal, después de que los peritos calcularan en 1,5 millones de euros el dinero defraudado por expresidente de la Diputación de Castellón y su exesposa, María Amparo Fernández, entre 1999 y 2004, plazo en el que se detectaron 3,3 millones de euros de origen no justificado. El dirigente del PP está pendiente de que se determine si cuatro de los cinco delitos fiscales que se le imputaron han prescrito.