Justicia presenta un manual para la redacción de sentencias comprensibles
El documento reprocha a los jueces el uso de arcaísmos, párrafos largos y latinismos
“El principio de seguridad jurídica, fundamentado en la regla “pacta sunt servanda”, se quebraría de aceptarse la posibilidad de revocar lo pactado”.
Los jueces y magistrados dejarán de escribir con semejantes expresiones, o las explicarán, si deciden seguir las recomendaciones plasmadas en el informe sobre la modernización del lenguaje jurídico que ha presentado el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, al Consejo de Ministros.
El documento incluye un detallado análisis del lenguaje empleado por los profesionales del derecho sobre los que arroja multitud de advertencias acerca del uso de arcaísmos, latinismos, párrafos excesivamente largos y opacos, el uso incorrecto de los signos de puntuación, la utilización inadecuada de los tiempos verbales o incongruente de los tiempos de pasado… Un auténtico jarro de agua fría sobre quienes, además, no reflexionan “sobre la importancia estructural de las narraciones en la elaboración de los documentos jurídicos y de la sentencia”.
Un reciente estudio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señaló que el 82% de los ciudadanos considera que el lenguaje jurídico es excesivamente complicado y difícil de entender. De ahí, que el ministerio planteara la creación de una comisión que estudiara este lenguaje y diera una serie de consejos para hacerlo más claro y comprensible a los ciudadanos.
El informe alerta del uso de ""pretendidos giros cultos" que llevan al barroquismo
El informe ha sido realizado por equipos de investigación dirigidos por filólogos de reconocido prestigio, bajo la supervisión de la Real Academia de la Lengua Española, y aborda, entre otras cosas, los “pretendidos giros cultos” que utilizan los profesionales del derecho y que “confieren al texto un barroquismo difícil de aceptar en textos que deben caracterizarse por su claridad expositiva”.
“El avalista responderá frente al tenedor de igual modo que el avalado, sin que el tercero tenga que acreditar previamente la insolvencia del avalado y sin que haya cumplido frente al avalista las formalidades necesarias para conservar la acción cambiaria, pudiendo el tenedor dirigirse contra aquél con preferencia a cualquier otro obligado”. Es uno de los ejemplos que incluye el informe que del análisis, sobre de sentencias, sostiene que “a la opacidad de los términos jurídicos para el ciudadano medio se añade una tendencia hacia la redundancia expresiva (reiteraciones y sinónimos consecutivos), el archisilabismo (palabras largas) y el archiverbalismo (perífrasis verbales), el recurso a locuciones nominales, adverbiales y preposicionales innecesarias, como veremos más adelante en este apartado”. Todo ello, al margen de las faltas de ortografía que también se han detectado pero que, según precisa, no son generalizadas. El ministro destacó hace unos días la importancia de este "ambicioso" y "pionero" informe para dejar atrás la "baja calidad comunicativa de la Justicia" en favor de una Administración que le transmita "seguridad" y "certeza". "Los operadores de la Justicia deben saber que ocultándose tras las palabras lo único que se consigue es hacer daño a los propios justiciables", afirmó en la presentación del informe.
Las recomendaciones van dirigidas tantos a los profesionales, a los que sobre la base de los errores gramaticales y de sintaxis más comunes, se propone un conjunto de recomendaciones básicas, y a las instituciones, a las que corresponde impulsar medidas que permitan acercar el lenguaje jurídico al ciudadano y poner al alcance de los profesionales del derecho medios suficientes para la búsqueda de la excelencia en su expresión lingüística.
La comisión, constituida en febrero del pasado año, ha estado compuesta por el exdirector de la Real Academia Española (RAE), Víctor García de la Concha; el miembro de la RAE, Salvador Gutiérrez; la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo; y el presidente del Consejo General de la Abogacía (CGAE), Carlos Carnicer. También han formado parte de la comisión las periodistas de EL PAÍS, Gabriela Cañas, y de El Mundo, María Peral; el presidente de la Agencia Efe, Álex Grijelmo; el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Jesús María García; así como la profesora de Filología en la Universidad de Alcalá de Henares Mercedes Bengoechea. En reconocimiento a su trabajo, se les ha concedido la Cruz Distinguida de primera clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.
