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Las defensas piden la nulidad de las grabaciones del juicio del ‘caso Alhaurín’

El alcalde Martín Serón califica de “infamia” la instrucción contra él por cohecho y prevaricación

Fernando J. Pérez
Varios periodistas tropiezan a la llegada del alcalde de Alhaurín, Martín Serón, a los juzgados.
Varios periodistas tropiezan a la llegada del alcalde de Alhaurín, Martín Serón, a los juzgados.JULIÁN ROJAS

El juicio por el caso Troya o Alhaurín, la trama de cobro de comisiones a cambio de licencias urbanísticas ilegales en Alhaurín el Grande, se ha iniciado esta mañana en la Ciudad de la Justicia de Málaga con el trámite de cuestiones previas, en el que las partes exponen aspectos que puedan afectar a la vista oral. Las defensas de los 25 procesados, entre los que destacan el alcalde alhaurino, Juan Martín Serón, del PP, y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, han solicitado esta mañana la nulidad de las grabaciones que dieron pie a la investigación. Según los abogados, la grabación en la que se escucha al edil Guerra pedir una cantidad económica a cambio de una licencia supone una vulneración de los derechos fundamentales.

Además, el abogado de Juan Martín Serón, Carlos Larrañaga ha puesto sobre la mesa la “indeterminación” del escrito de acusación elaborado por la Fiscalía. “Se acusa a mi cliente de cinco delitos de cohecho pasivo y otro de prevaricación, pero no sabemos qué hechos concretos se imputan”, ha afirmado Larrañaga. El letrado ha propuesto al tribunal dos soluciones: la primera es devolver la causa al Juzgado de Instrucción número 2 de Coín, que ordenó la investigación, y que tanto la acusación y las defensas presenten nuevos escritos. La segunda idea lanzada por Larrañaga es suspender el juicio para que el ministerio público, representado por Juan Calvo-Rubio, rehaga su escrito acusatorio y especifique qué hechos delictivos imputa a Martín Serón.

El fiscal ha iniciado el turno de palabra esta mañana solicitando varias modificaciones sobre el guión previsto para el juicio. En primer lugar ha pedido que comparezca como testigo el secretario municipal de Alhaurín cuando sucedieron los hechos, en 2007, Alberto Camacho. También ha pedido que peritos técnicos y jurídicos de la Junta de Andalucía emitan un dictamen sobre los informes presentados por los abogados defensores que señalan que el planeamiento urbanístico supuestamente vulnerado no estaba en vigor al no haber sido publicado en ningún boletín oficial.

A la entrada del juicio, el alcalde de Alhaurín ha comentado a los medios de comunicación que estaba “contento” de acudir a la Audiencia Provincial de Málaga a la que, en contraposición con el juzgado instructor, ha calificado de tribunal “independiente, profesional y con capacidad para acabar con esta gran mentira”. El regidor, que ha estado arropado por unas 80 personas, ha tachado de “infamia” la instrucción: “nunca debieron detenernos ni registrar nuestras casas”, ha dicho.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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