Griñán enviará todas las actas a la juez sin quitar “ni una coma”

Después de plantear y perder ante el Tribunal Supremo un conflicto de jurisdicción por la entrega de 480 actas de los Consejos de Gobierno a la juez del caso de los ERE, el Gobierno andaluz las entregará todas “sin excluir ni una coma”. Así lo aseguró ayer la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, pese a que la sentencia del alto tribunal, conocida el martes pasado, da la posibilidad a la Junta de Andalucía de no entregar la información que considere reservada, siempre que lo haga de manera razonada.

Aunque el Ejecutivo autónomo interpreta que el Tribunal Supremo le ha dado “parcialmente la razón” al excluir determinadas materias de la vista de la juez, la “voluntad” del presidente de la Junta, el socialista José Antonio Griñán, es enviar a la titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, “el cien por cien de las actas”, subrayó la también portavoz del Gobierno andaluz. El Ejecutivo autónomo ha intentado poner buena cara al duro revés de la sentencia del Supremo. Cuando planteó el conflicto de jurisdicción, el Gobierno entendía que solo él tenía potestad para decidir si enviaba a la juez la información requerida. El Supremo ha dejado claro que no y que las actas de las reuniones del Ejecutivo tienen “carácter público”, con la salvedad ya apuntada.

“El Gobierno andaluz no tiene absolutamente nada que ocultar en las actas, lo que queríamos defender era el fuero y eso es lo que hemos hecho”, dijo Moreno. El Ejecutivo andaluz está a la espera de lo que decida la juez Alaya y remitirá las actas “tan pronto como las demande”.

El interés de la magistrada por los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno de la última década se debe a que quiere saber si a la mesa del máximo órgano ejecutivo llegaron los informes de la Intervención General advirtiendo en contra del procedimiento administrativo seguido para otorgar ayudas a los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo. Según la investigación interna de la Junta, denunciada a la juez, hay 72 intrusos o polizones que nunca debieron cobrar las ayudas, mientras que los expedientes de 111 personas presentan anomalías administrativas. La Junta estima en nueve millones de euros la cantidad que ha podido ser defraudada de los 647 millones destinados por la Junta del fondo de las empresas en crisis durante 10 años.

Tras la sentencia del Supremo, el PP va a reactivar su feroz oposición en el caso de los ERE, que nunca ha abandonado. El líder del PP andaluz, Javier Arenas, pidió ayer al Gobierno regional que remita de inmediato las actas a la juez, pero también ha pedido que las envíe al Parlamento. “Creo e intuyo que lo peor de los ERE está aún por saberse, porque ha habido obstruccionismo por parte de la Junta”, señaló.

Diego Valderas (IU) abundó en ese argumento. “Las actas deben salir del armario porque cada día que pasa huele más a chamusquina y se crea más desconfianza en torno a la Junta”.