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La Audiencia Nacional decide el futuro del ‘caso Faisán’

15 magistrados estudiarán mantener el caso en el tribunal o remitirlo a un juzgado de Irún

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional encara desde esta tarde el futuro del caso Faisán, que investiga el supuesto chivatazo policial al aparato de extorsión de ETA en un bar de Behobia (Irún, Gipuzkoa) en 2006. 15 magistrados del tribunal determinarán si los tres imputados en el caso -el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, el jefe superior del País Vasco, Enrique Pamies, y el entonces inspector de Vitoria José María Ballesteros— colaboraron con la organización terrorista, un delito castigado con hasta 10 años de cárcel. Los magistrados decidirán si la causa que investiga el chivatazo debe permanecer en el tribunal o, por el contrario, remitirse a la justicia ordinaria, en este caso a los juzgados de instrucción de Irún.

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El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, decidió que el futuro del caso Faisán sea sometido a un pleno de magistrados y no a una sección de jueces. Aún así, los magistrados de la Sección Tercera de lo Penal Alfonso Guevara, Clara, Bayarri y Guillermo Ruíz Polanco no participarán en el pleno. De permanecer el caso en la Audiencia Nacional, los citados magistrados formarían parte del tribunal encargado de celebrar el juicio, según fuentes jurídicas.

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El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz justifica el procesamiento de García Hidalgo, Pamies y Ballesteros en tres ideas: la presencia de este último en las cercanías del bar Faisán el día del supuesto chivatazo, el tráfico de llamadas telefónicas entre los imputados, y el uso de teléfonos “de seguridad”, prepago, de los tres mandos policiales. El auto de Ruz considera que con el chivatazo se incurrió también en este delito “con grave daño para la causa pública”, lo que implicaría un castigo de uno a tres años de prisión.

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El inicio del caso Faisán se remonta al 20 de junio de 2006, cuando las policías española y francesa, bajo la coordinación de los jueces Fernando Grande-Marlaska y Laurence Levert, asestan un duro golpe a la red de extorsión de ETA al detener a 12 personas implicadas en el cobro y gestión del llamado impuesto revolucionario a empresarios vascos y navarros. Sin embargo, la operación estuvo a punto de irse al traste ya que el 4 de mayo anterior un policía avisó a uno de los responsables de la trama de extorsión de ETA de que les estaban investigando y de que podían ser detenidos en cualquier momento. El chivatazo se lo dio presuntamente un policía al dueño del bar Faisán, Joseba Elosua, uno de los jefes del aparato recaudador de los terroristas.

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