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Botín ve "muy mal" que se recupere el impuesto sobre el patrimonio

El mínimo exento se eleva a 700.000 euros por contribuyente, lo que supone multiplicar casi por siete el límite anterior

El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, ha asegurado hoy que le parece "muy mal" que el Gobierno implante de nuevo el impuesto sobre el patrimonio, retirado en 2008. "Lo he dicho una vez, y lo repito. Me parece que está muy mal que se vuelva a poner", ha enfatizado Botín, quien ha recalcado que esa es su opinión

El presidente del Santander ha respondido así a preguntas de los periodistas tras presentar en la capital cántabra el futuro Centro de Arte Botín, una instalación que abrirá sus puertas en el año 2014 y supondrá una inversión de 62 millones de euros por parte de la Fundación Marcelino Botín que preside el banquero.

Después de que se lanzaran mensajes confusos y contradictorios sobre el nuevo impuesto para altos patrimonios, la medida estrella del programa socialista, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, despejó ayer dudas. El Ministerio de Economía aclaró que el mínimo exento se eleva a 700.000 euros por contribuyente, lo que supone multiplicar casi por siete el límite anterior (cerca de 108.000 euros). Además, el mínimo exento para vivienda habitual se eleva a 300.000 euros, el doble del que había en 2008. Salgado comentó que "la suma de estos dos conceptos da lugar a una cifra de un millón de euros, lo que hace que el impuesto grave solo a las grandes fortunas y no a las clases medias, como sucedía antes".

Con esta frase, Salgado quería dar sensación de coherencia con las declaraciones del ministro portavoz, José Blanco, que habló de un impuesto que gravaría a los patrimonios cercanos al millón de euros y que afectaría a unas 90.000 personas. La vicepresidenta aclaró, más adelante, que en el caso de una pareja con bienes gananciales, el valor de la vivienda se divide por dos, de forma que el matrimonio que tenga una casa de 600.000 euros, cada cónyuge dispondrá de un mínimo exento de 300.000 euros.

El gravamen afectará al final a 160.000 contribuyentes y aportará a las autonomías, que no al Estado, 1.080 millones. Estos cálculos se han realizado según la declaración de 2007, la última donde se gravó el impuesto. En aquel ejercicio, las 4.000 personas con patrimonio por encima de seis millones aportaron el 20% de todo lo recaudado. El real decreto no modificará los tramos del impuesto, que quedarán igual que como están ahora. Es decir, se aplicará el 0,2% para una base liquidable de 167.123 euros, hasta el 2,5% para los que superen 5.347.998 euros.

 

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