Los barones del PP tildan de electoralista el rescate del impuesto del patrimonio

Cuando el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció en febrero de 2007 su intención de eliminar el impuesto sobre el patrimonio, el Partido Popular lo celebró, mientras un sector del PSOE no entendía el viraje al centro de su secretario general. La recuperación del impuesto que recaudan las comunidades autónomas para las rentas más altas, prevista para el próximo Consejo de Ministros, ha sido recibida con un coherente rechazo y escepticismo, a la espera de más detalles, por parte de los presidentes autonómicos populares, excepto en Extremadura, donde el PP había prometido pedir su retorno al Gobierno. Andalucía, el único Gobierno autonómico que le queda al PSOE, se ha mostrado a favor siempre que recaiga en los más ricos. Igual que Canarias y, con reservas, Navarra.

El candidato socialista a la presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha advertido a las comunidades del PP que si rechazan aplicar la tasa que grava a los que más tienen, deberán explicar por qué renuncian a estos ingresos a la vez que recortan gastos en áreas fundamentales como la Educación.

El presidente del Gobierno de las Islas Baleares (PP), José Ramón Bauzá, ha calificado la propuesta de "absolutamente electoralista", según Europa Press. "El PP está en el otro lado. Nosotros queremos bajar los impuestos, evitar que sean los ciudadanos los que deban pagar y activar la economía de otra manera", ha apuntado.

Murcia, también gobernada por el PP, se ha manifestado en los mismos términos. Según fuentes de la Administración consultadas por Europa Press, la reforma del sistema fiscal "debe ser abordada de forma integral, seria y rigorosa", y se debe evitar, han afirmado "tomar decisiones en horas y con fines electoralistas y de cara a la galería". La Comunidad ha reprochado que se haga estos anuncios "sin aclarar qué se entiende como rico y con riesgo de que perjudique a toda la clase media".

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, ha considerado una "barbaridad" restituir el impuesto en España y como las administraciones de Baleares y Murcia, ha calificado la propuesta como "completamente electoralista y populista". El portavoz de CiU, que gobierna Cataluña, se ha mostrado partidario de reformar la fiscalidad en España, pero "con seriedad" y sin "penalizar el ahorro", para no perjudicar a las clases medias. "Simplemente restituir el impuesto del patrimonio es una barbaridad. Hay que hacer una reforma fiscal que penalice más las rentas del capital y no tanto las rentas del trabajo", ha expuesto.

Alberto Fabra, presidente de la Comunidad Valenciana, ha sido de los pocos que, sin conocer aún el contenido del decreto que recuperará la tasa, ha manifestado abiertamente que su Gobierno no lo aplicará. "El Gobierno se equivoca si cree que la única solución para arreglar los problemas de este país es incrementar los impuestos", ha dicho Fabra, como sus homólogos populares. "Si no cambia la ley, vamos a seguir en nuestros principios: dejar que el dinero lo tengan las empresas y los ciudadanos", ha asegurado el presidente, que ha añadido: "Y si cabe, como hasta ahora, la posibilidad de bonificar al máximo ese impuesto, lo vamos a hacer".

El consejero de Economía del Gobierno de Aragón, Francisco Bono (PP), ha tildado de "injusto" el impuesto, porque a su entender, supone gravar dos veces: primero por la renta y después por el patrimonio. Bono ha asegurado que comparte, sin embargo, la necesidad de aplicar una mayor progresividad a las rentas más altas y que "pague más impuesto el que gane más", pero se opone en todo caso a la propuesta que previsiblemente se materializará el próximo viernes.

Críticas, pero con prudencia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (PP), no ha escatimado sus críticas hacia el candidato socialista -a quien ha llamado "enemigo de la verdad"-, el impulsor de la recuperación del impuesto. Aguirre, ha considerado "escandalosa" la "impudicia con la que Alfredo Pérez Rubalcaba le da órdenes al presidente del Gobierno y presume de hacerlo". En cuanto al impuesto, ha dicho poco, a la espera de "ver qué ocurre".

Marta Fernández Currás, consejera de Hacienda de la Xunta de Galicia, defiende que de recuperarse el gravamen, debe "mejorarse técnicamente" para que cumpla "su misión" de complementar el de la renta (IRPF) y evitar la evasión fiscal, pues "fue perdiendo su razón de ser". A pesar de estas dudas, la consejera ha pedido esperar a conocer la decisión del Gobierno para concretar la posición de Galicia sobre su aplicación.

Por "prudencia" ha evitado también profundizar en el tema la consejera de Economía y Hacienda de Cantabria, Cristina Mazas. Lo que sí ha hecho es dejar algunas reflexiones en el aire, como qué pasará con las cuotas de compensación que venían recibiendo las Comunidades Autónomas desde que se suprimió, y que en el caso cántabro suman 40 millones de euros. Mazas ha afirmado también que las rentas altas tienen otros mecanismos para tributar, sugiriendo que este impuesto no es necesario.

La excepción extremeña

Extremadura, que estrena su primera legislatura del PP, es la excepción que confirma la regla. José Antonio Monago ya prometió en la campaña electoral que pediría al Gobierno central la recuperación del impuesto, como le pidió IU, y se reafirmó en su discurso del pasado 8 de septiembre con motivo del Día de Extremadura. El número dos de los populares extremeños, Juan Parejo, considera incluso que la postura de su líder demuestra que "tiene identidad propia" y que no es una "marioneta" de Génova.

José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía (PSOE), era, según ha dicho hoy en Córdoba, uno de los dirigentes socialistas a quien no le gustaba la supresión del impuesto, y se ha mostrado favorable, por tanto, a volver a aplicarlo. Por eso, Griñán ha dicho que "le parece muy bien" siempre que no grave a las clases medias, sino a los patrimonios más altos.

La recuperación del impuesto le ha parecido a Paulino Rivero, que preside el Gobierno de Canarias (Coalición Canaria), "muy razonable", y ha avanzado que su comunidad lo aplicará. "Es justo, para que pague más aquel que más posibilidades tiene. Y en estos momentos se requiere solidaridad", ha defendido en la radio autonómica, según Europa Press.

En Navarra, donde gobiernan la conservadora Unión del Pueblo Navarro (UPN) en coalición con el PSN (socialistas navarros), las posturas son variadas. UPN ha dicho que "habrá que valorar" su reimplantación en la comunidad foral, al tiempo que ha aclarado que es "contrario a este impuesto porque es un doble gravamen". 'Si se aplica en todas, Navarra lo aplicará", ha añadido el vicepresidente segundo y consejero de Economía y Hacienda, Álvaro Miranda. EL PSN, en cambio, se ha declarado a favor para "mantener una homogeneización fiscal con el resto de España".