Los ricos y los impuestos
En el año 2008 se eliminó el impuesto sobre el patrimonio (realmente se congeló, porque existe pero se bonifica al 100%). El último año recaudó algo más de 2.000 millones de euros (0,2% del PIB) y el 80% fue pagado por el 20% de contribuyentes cuya riqueza (neta del valor de su vivienda, deudas y otros elementos) superaba los 750.000 euros. Contrariamente a lo que se dice, esto no era, precisamente, la clase media. Ciertamente el impuesto tenía muchos problemas. El más importante, que eximía de tributación la mayor parte de la riqueza productiva (valor de empresas propiedad de familias o de empresarios individuales). Esto implicaba que muchos ricos no pagaban nada porque, además, utilizaban empresas para hacer parecer que su riqueza personal era productiva. A esto se añadían problemas de valoración (especialmente importantes en el caso de los inmuebles) y una falta de control que favorecía el fraude.
Para recuperar el impuesto sobre el patrimonio es necesario resolver estos problemas. El más importante gravar la riqueza productiva. Pero hacerlo no es una cuestión simple porque al final se puede acabar gravando a personas que son propietarios de unos activos que por una crisis económica o una mala racha están produciendo pérdidas. Es decir, a la pérdida económica se añadirá el impuesto. Este problema, sin embargo, se puede limitar ligando, como de hecho se hacía en el pasado siempre, lo debido en patrimonio con la renta del contribuyente.
En todo caso, para que los ricos paguen impuestos la clave es la renta, su renta, y no su patrimonio. Recuperar el impuesto es una solución temporal razonable, pero no es la solución de largo plazo. Por ejemplo, en el año 2007 (donde no se gravaba casi nada de la riqueza productiva) quienes tenían una riqueza neta de más de un millón de euros aportaban apenas 1.600 millones de euros (0,15% del PIB). Dado el desplome del valor de muchos activos ahora se recaudaría menos de los más ricos (aunque habría que añadir lo que se obtenga con mejoras de valoración y gravando la riqueza productiva). Cabe señalar que tampoco tiene mucho sentido decir que el impuesto permitirá controlar mucho mejor el fraude porque habría que ser muy torpe para declarar mucho patrimonio y poca renta. De hecho, el impuesto ha existido en España durante casi 30 años sin que haya tenido muchos efectos sobre el fraude.
Como la renta es la variable definitoria, la clave para que los ricos paguen los impuestos que les corresponden (según la visión de equidad dominante en la sociedad) y contribuyan su parte justa a la financiación del Estado es que tributen por toda su renta. Para que esto ocurra es necesaria una reforma fiscal amplia, que cierre vías de evasión y elusión evitando, entre otras cosas, que los ricos utilicen sus empresas para eludir o evadir el IRPF. Para esto es necesaria una voluntad política real, que aumente la probabilidad de detección y eleve las sanciones (económicas y sociales) para que de una vez deje de ser rentable defraudar. Este es un camino de medio plazo, pero cuanto antes se empiece a recorrer, antes se llegará al destino.
Ciertamente los ricos y sus lobbies argumentarán que hacer pagar a los ricos causa una pérdida de riqueza e induce deslocalizaciones de personas y actividades productivas. Dejando al margen casos extremos sin relevancia real ninguna (como cuando los tipos marginales son casi uno), la realidad es que ese argumento es esencialmente falso y solo es un intento de sembrar inquietud para no pagar impuestos.
Ignacio Zubiri es catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco.
