Política

PSOE y PP fijarán por ley un déficit máximo del 0,4% a partir del año 2020

Los portavoces parlamentarios de los dos grandes partidos registran en el Congreso el acuerdo para cambiar la Constitución

El acuerdo deja fuera de la Constitución el tope de déficit, que deberá cumplirse en 2020

Una ley orgánica que regulará los límites deberá estar aprobada antes de que acabe 2012

Rubalcaba y Rajoy, en un encuentro celebrado en 2010. / CRISTÓBAL MANUEL

El PSOE y el PP cerraron sobre la una de la madrugada de hoy el acuerdo para modificar la Constitución con el fin de incluir en ella un principio genérico de estabilidad presupuestaria, que impide al Estado y las comunidades autónomas incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea. El acuerdo no fija cifras sobre los límites del déficit en el texto constitucional. El pacto se ha cerrado en el límite de plazo, ya que hoy tiene que ser registrado en el Congreso para que un pleno convocado el martes lo tome en consideración y sea aprobado el viernes, 2 de septiembre.

Las cifras tope de déficit se recogen en una ley orgánica, que ambos partidos se han comprometido a aprobar antes del 30 de junio de 2012. Dicha ley precisará un déficit estructural máximo del 0,4% para el conjunto de las Administraciones públicas. El déficit no superará el 0,26% del PIB en el caso de la Administración del Estado ni el 0,14% en cada comunidad autónoma. Asimismo, las entidades locales deberán presentar un equilibrio presupuestario.

Los déficits estructural y la deuda podrán ser objeto de revisión en 2015 y en 2018 a iniciativa de cualquiera de las partes que suscriben el acuerdo, para atender las circunstancias de la evolución de la economía, según el texto pactado.

La ley orgánica desarrolla el artículo 135 de la Constitución, que en la nueva redacción consta de cinco apartados frente a los dos anteriores a la reforma. La reforma del artículo 135 de la Constitución establece, también, una cierta flexibilidad sobre la superación de los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública.

La podrán superar “en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado”. Tales situaciones deben ser apreciadas por la mayoría absoluta del Congreso.

El texto aprobado recoge, asimismo, una exposición de motivos en la que subraya que, treinta años después de la entrada de España en la Unión Europea, “en el marco de una creciente globalización económica y financiera, la estabilidad presupuestaria adquiere un valor verdaderamente estructural y condicionante de la capacidad de actuación del Estado, del mantenimiento y desarrollo del Estado social que proclama la Constitución”.

El principio de acuerdo se alcanzaba una vez que ambos partidos aceptaron dejar fuera de la norma fundamental la cifra tope de déficit. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, había planteado en su propuesta inicial a Mariano Rajoy introducir en la Constitución un déficit máximo del 0,35%, y el líder del PP estaba de acuerdo. Pero, durante la negociación, el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, reclamó que esa cifra se incluyera solo en una ley orgánica posterior, y que en la Constitución figurase un principio “genérico” de estabilidad presupuestaria, según fuentes socialistas. El portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, llevó esa propuesta a la mesa y la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, la asumió.

Ambas delegaciones han negociado contrarreloj la modificación constitucional desde el miércoles por la mañana, tras anunciarla por sorpresa Zapatero el martes en el Congreso.

Los socialistas sostienen que, con la fórmula introducida en el último momento a iniciativa de Rubalcaba, se ha logrado la “máxima flexibilidad” para que el Gobierno correspondiente, en situaciones de crisis económica o de catástrofe, tenga margen de maniobra suficiente para gestionar libremente las políticas sociales.

Cómo estaba el artículo 135
El artículo que habría que modificar para incluir un tope de déficit es el 135 de la Constitución, que está incluido en el Título VII (Economía y Hacienda). En la actualidad reza así:
135.1. El Gobierno habrá de estar autorizado por Ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito.
135.2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.

 

Asimismo, esta fórmula salvaguarda, según el PSOE, el objetivo que adelantó el presidente Zapatero en el debate del pasado martes: enviar a los mercados un “mensaje claro” de “austeridad y rigor”. Y, al complementar con una ley las cifras que ponen límite al déficit, permitirá que ese mensaje quede aún más claro.

Tras hacer público el miércoles por la noche que asumía las riendas de la negociación con el PP, el candidato socialista a las elecciones pretendía calmar a las bases de su partido, en las que habían surgido voces críticas. Unas voces que, además de verse sorprendidas por la urgencia de la tramitación de una modificación constitucional, consideraban que la constitucionalización del déficit con cifras ataba de pies y manos a los gobiernos en el desarrollo de políticas sociales, sobre todo en coyunturas económicas adversas.

Fuentes del PP señalaron ayer que el primer partido de la oposición no puso dificultades en la mesa de negociación a la propuesta de la delegación socialista de colocar fuera del texto constitucional, a través de una ley orgánica, la limitación concreta del déficit máximo. Aseguraron que fue Zapatero quien en un principio propuso establecer el 0,35% como tope de déficit, y que posteriormente el PSOE rectificó.

Fuentes socialistas admitieron que la propuesta inicial del presidente a Rajoy —ambos estuvieron intercambiándose documentos antes de dejar la negociación en manos de sus portavoces parlamentarios— fue esa: un tope del 0,35% similar al que figura en la Constitución de Alemania, como también reconoció el miércoles por la mañana la vicepresidenta económica, Elena Salgado. Ayer por la mañana, Rubalcaba introdujo en la negociación la nueva fórmula, que otorga mayor flexibilidad al déficit, al no constitucionalizarlo y precisar la cifra en una ley orgánica.

Paralelamente a la mesa de negociación de los portavoces del Congreso del PP y PSOE, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, también mantuvieron conversaciones telefónicas durante todo el día. El PP utilizó este dato para acusar a Rubalcaba de querer “retomar la iniciativa política para salvar su posición”, cuando eran Zapatero y Rajoy quienes negociaban.

CALENDARIO
30 de agosto. Toma en consideración por el Pleno del Congreso de los Diputados del texto de la reforma constitucional, que debe cerrarse hoy viernes.
2 de septiembre. Votación de la reforma constitucional por el Pleno del Congreso de los Diputados y remisión de lo aprobado al Senado.
Tras la votación en el Senado, hay 15 días para que un 10% de senadores o diputados pida un referéndum.

 

Dirigentes socialistas replicaron que existió un contacto permanente de Zapatero con Rubalcaba y de este con la mesa negociadora, que encabezaba José Antonio Alonso por el PSOE, acompañado del secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, José Luis de Francisco.

La crítica del PP incidía en lo sucedido el pasado martes en el Congreso: Rajoy acusó a Rubalcaba de haber rechazado expresamente la iniciativa de la modificación constitucional cuando el líder de la oposición la propuso hace un año. El exvicepresidente y hoy candidato se limitó a responder que Zapatero le había convencido de su necesidad la víspera del debate y que la había apoyado, tras asegurarle el presidente que contaba con el apoyo del PP.

Tanto Zapatero como Rubalcaba y Rajoy mantuvieron ayer contactos con el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, para sumar a este partido al pacto. Pero este adelantó ayer que no respaldará la presentación de la propuesta ante la Cámara, y no garantizó que finalmente vote a favor.

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