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PSOE y PP fijarán por ley un déficit máximo del 0,4% a partir de 2020

El acuerdo deja fuera de la Constitución el tope de déficit, que deberá cumplirse en 2020

Una ley orgánica que regulará los límites deberá estar aprobada antes de junio de 2012

El PP y PSOE han cerrado el acuerdo para la reforma constitucional para incluir un límite al déficit público. El pacto prevé vincular el déficit y la deuda pública a los límites que marque la UE para sus Estados miembros, pero, salvo emergencia extraordinaria, en ningún podrá superar el 0,40% del PIB a partir del año 2020. La cifra de déficit queda fuera de la Constitución, que recoge la obligación del equilibrio presupuestario, mientras que la cifra del 0,4% quedará recogida en una ley orgánica que deberá estar aprobada antes de junio del año que viene, independientemente de quién gobierne.

El pacto se ha alcanzado pasada la medianoche sobre la base de la propuesta de Alfredo Pérez Rubalcaba, líder del equipo socialista que ha estado negociando con el PP, de que la cifra concreta de déficit no figurase en la Constitución sino en una posterior ley orgánica. Los representantes de ambas partes tenían que concluir el pacto antes del mediodía de este hoy, viernes, para cumplir los plazos previstos y que la reforma se realice antes de las generales del 20-N.

El texto acordado subraya que ni el Estado y ni las comunidades autónomas podrán incurrir en un déficit estructural ni en una deuda pública superior a las que establezca la Unión Europea. Esos límites entrarán en vigor a partir de 2020, por lo que las administraciones tendrán que ir reduciendo su déficit hasta el límite marcado en la ley orgánica para 2020. El acuerdo subraya la necesidad de la reforma para garantizar la sostenibilidad económica y social.

A la vez, los dos principales partidos negociaron en paralelo una ley orgánica posterior en la que sí se fijan cifras concretas. Las cifras están en la línea de la que se contempla en la la ley fundamental de Alemania, es decir, en el 0,35% del PIB. En la Constitución española se incluirá una declaración sobre la necesidad de mantener un equilibrio presupuestario, cuya concreción se reflejará en una posterior ley orgánica, en la que el compromiso final de estabilidad presupuestaria debe cumplirse en 2020.

Este compromiso de déficit se fija 0,40% del PIB estructural para el conjunto de las administraciones. Para los ayuntamientos la ley orgánica afirma que deberán presentar equilibrio presupuestario. También como en el caso alemán, los límites marcados podrán ser superados en caso de catástrofe natural, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria

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El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.La ley orgánica deberá establecer la responsabilidad en que incurrirá cada administración pública en caso de que no cumpla los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Anoche, antes de que el acuerdo quedara sellado, la directora de la campaña electoral del PSOE, Elena Valenciano, hizo público un comunicado en el que asegura que Rubalcaba ha "insistido mucho en que las cifras no figuraran en el texto constitucional" para que "permita flexibilidad a fin de que la economía española pueda adaptarse a los momentos buenos y también en los momentos malos garantice la sostenibilidad de nuestra política social".

Casi a la misma hora, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmaba que la reforma constitucional está "muy avanzada, muy cerca del acuerdo definitivo" y "está siendo muy fluida y fructífera, como se planteó desde el principio". Además, ha explicado que los contactos entre ambos han sido "frecuentes y constantes, con intercambio de documentos", para dirigir la negociación que se ha desarrollado por parte de las direcciones de los grupos parlamentarios.

"El PP tiene la convicción de que en las próximas horas se terminen de cerrar los últimos retoques del texto que, de forma conjunta, se presentaría para su debate y aprobación en el Pleno de la próxima semana", había indicado la portavoz popular. Asimismo, ha mostrado su satisfacción porque este "compromiso de estabilidad presupuestaria ha de suponer un avance para la confianza en la economía española, y la base para abordar las reformas que necesita para su recuperación".

Las conversaciones, pese a encallar en las primeras horas, avanzaron ayer, una vez que los populares subrayasen que no veían "grandes dificultades" para alcanzar un acuerdo, ya que, como subrayó su portavoz parlamentaria, Soraya Sáez de Santamaría, lo que su partido pretende es establecer obligaciones a los poderes públicos que garanticen el Estado del bienestar.

CiU, formación que también ha participado en los contactos para el acuerdo, también está de acuerdo en que la Constitución no incluya una cifra concreta de tope de déficit público, sino que esta quede reflejada en una ley posterior. No obstante, el líder de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran, se ha desmarcado de la propuesta del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, apoyada por el PP, de reformar la Constitución para que establezca el techo de déficit, y no ha garantizado votarla a favor en la Cámara Baja. "Nosotros no nos adherimos de ninguna manera a la presentación de la proposición de ley para modificar la Constitución. La iniciativa legislativa no contará con el apoyo de CiU, lo que no quiere decir que después la votemos o no", ha explicado este jueves en declaraciones previas a una cena de la federación en Calonge (Girona).

Mal comienzo

Las conversaciones entre dirigentes de PSOE y PP para acordar una modificación de la Constitución que fije un límite al déficit público se complicaron ayer por la tarde. La reclamación de una “cierta flexibilidad” en el compromiso de déficit por parte del PSOE, cuya delegación encabeza el portavoz parlamentario, José Antonio Alonso, choca con la rigidez de la representación del PP, con Soraya Saénz de Santamaría al frente. “El PP ha venido con un planteamiento de equilibrio puro y duro, de déficit cero”, explicaban ayer fuentes de la delegación socialista. La negociación se inició ayer mismo y a contra reloj, porque debe cerrarse mañana, viernes, para que el Congreso pueda tomar en consideración la reforma el próximo día 30 y aprobarla el 2 de septiembre.

El pasado martes por la noche, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero reunió en La Moncloa a la vicepresidenta primera, Elena Salgado; al candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba; y al jefe del grupo parlamentario, José Antonio Alonso. Les comunicó su enorme preocupación por lo que pueda pasar en el panorama financiero internacional en septiembre y defendió su propuesta de reforma constitucional como la “menos agresiva” de las medidas que se podían tomar para tratar de frenar la inestabilidad de los mercados.

Ayer, Zapatero cedió las riendas de la negociación al candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, que se fijó como objetivo apostar por “una norma constitucional que sirva, también, para el futuro y sea útil para distintas situaciones económicas y ponga a salvo las políticas sociales”. Lo que se traduce en introducir una “cierta flexibilidad” en la negociación del compromiso de déficit. También pretende ampliar el consenso, más allá del PP, con los partidos nacionalistas y de izquierdas, de modo que resulte lo más parecido al que tuvo la Constitución de 1978.

En un terreno más preciso, su propuesta pretende que la Constitución recoja que, en situaciones de crecimiento económico normal —entre el 2% y el 3% en España—, el déficit debe ser cero, con posibilidad de superavit si se supera el 3%; pero también con la posibilidad de incurrir en un pequeño déficit si el crecimiento es inferior al 2%.

Ese margen de flexibilidad, ese “pequeño déficit“, podría aplicarse en momentos excepcionales, como catástrofes naturales o situación económica muy grave (excepciones que también figuran en la Constitución alemana, la única que hasta el momento recoge un tope al déficit). Y la negociación de ese margen se ha convertido en la clave que ha complicado la negociación del PSOE con el PP.

El ejemplo alemán

Alemania reformó en 2009 los artículos 109 y 115 de su Ley Fundamental

Quedó así:

  • Artículo 109.3.- “Los presupuestos de la Federación y de los Länder [regiones autónomas] deben ser, por regla general, equilibrados, sin ingresos provenientes de créditos”.
  • “La Federación y los Länder podrán prever la posibilidad de regulaciones concretas cuando el desarrollo coyuntural se aparte de la situación normal, tanto en momentos de expansión económica como de recesión, así como una regulación de excepción para casos de catástrofes naturales o situaciones extraordinarias de emergencia que escapen del control del Estado y que graven considerablemente la situación financiera estatal. Cada regulación de excepción deberá prever [una] regulación de amortización”.
  • “[El presupuesto federal] se regula conforme al artículo 115”.
  • Artículo 115.2.- “Ingresos y gastos deben equilibrarse sin ingresos provenientes de créditos. Se cumple este principio si los ingresos provenientes de créditos no superan 0,35% del Producto Interior Bruto nominal”.

La vicepresidenta Elena Salgado adelantó ayer que ya existen algunas referencias, como la alemana, que fija un déficit tope del 0,35% del PIB. Aunque el de España no tiene por qué ser el mismo, Salgado precisó que el Gobierno negociará con los partidos a partir de unos parámetros cercanos a esa cifra. No obstante, aclaró que las excepciones incluidas en la norma permitirán que el déficit sea mayor. “Lo otro sería atarse de manos y no poder estimular la economía ni atender a los más necesitados en una situación de grave recesión económica como la que estamos viviendo”, dijo.

Además del PP, el PSOE ya ha entrado en contacto con CiU y pretende hacerlo también con el PNV y Coalición Canaria. El portavoz del PNV, Josu Erkoreka, adelantó ayer su “gran reticencia” a la reforma constitucional, porque “privaría a las Administraciones públicas de una herramienta muy útil para afrontar las recesiones económicas”.

Las bases de la negociación las discutieron los socialistas el martes por la noche en La Moncloa. Zapatero expresó su temor de que las turbulencias financieras vividas por la economía española en la primera quincena de agosto se puedan repetir en las próximas semanas. Y defendió la reforma constitucional como la fórmula “menos agresiva” entre todo lo que “se puede hacer”.

El presidente no se refirió a la carta que supuestamente le envió hace días el Banco Central Europeo. Pero otras fuentes socialistas señalan que en dicha carta podría figurar la propuesta de reforma constitucional junto a otras “más duras” y con mayor coste social como el endurecimiento de la reforma laboral. Zapatero, en su encuentro en La Moncloa, defendió que España siga la pauta marcada por los grandes países de la UE, como Alemania, Francia e Italia, de constitucionalizar su compromiso de déficit como mensaje contundente a los mercados.

La vicepresidenta primera adelantó en la Cadena SER que el déficit tendrá que calcularse de acuerdo con el crecimiento económico de cada año. En cuanto al plazo, adelantó que, aunque la reforma constitucional se materialice ahora, se fijará la fecha de 2018 o 2020 como el momento a partir del cual el déficit estructural deba ser limitado.