¿Quiénes son el príncipe y el cantante?
El juez pregunta a la policía si "ha podido identificarse a las personas denominadas" con tales nombres "y, en su caso, quienes sean los mismos”
Ya lo preguntaba el juez Antonio Pedreira hace un año. Ahora, el magistrado que instruye la causa por la que se investiga la presunta financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana insiste. Así, entre el requerimiento de documentación para el desarrollo de la investigación que dicta en el auto hecho público ayer, el juez pregunta a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía si ha adelantado algo en sus investigaciones y si de ellas “ha podido identificarse a las personas denominadas como el príncipe y el cantante y, en su caso, quienes sean los mismos”.
Pedreira ya apuntó la importancia de estos dos “personajes”, ya que eran los encargados de cobrar a empresas valencianas los servicios que Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, supuestamente había prestado al PP durante la campaña electoral para las elecciones valencianas de 2007.
El cantante fue el encargado de “cobrar, o al menos entregar, el importe facturado al Grupo Vallalba, a Constructora Hormigones y Pavimentos del Suroeste por Orange Market”. Y las facturas tenían como “única finalidad el pago de los servicios prestados por Orange Market al PP de la Comunidad Valenciana durante la campaña electoral de 2007”, tal como sostenía el auto del juez Pedreira.
“El príncipe” es el apodo bajo el que se oculta la persona que figura en la contabilidad B o Barcelona de Orange Market y que habría pagado 200.000 euros que se restaron de la deuda de esta caja.
Además de las empresas mencionadas, Facsa y Piaf, dos de las principales adjudicatarias del Ayuntamiento de Castellón que hasta ayer presidía el recién nombrado presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, son también investigadas por su presunta colaboración en la comisión del delito electoral, en el que se incluye la financiación irregular. Pero las pesquisas van más allá y se dirigen también a averiguar si estas empresas cometieron además un delito de falsedad, por la elaboración de facturas que reflejarían servicios inexistentes durante la campaña electoral de 2007. En el caso de los actos celebrados en la campaña de 2008, la investigación se extiende a varias empresas del grupo Sedesa, Lubasa y a Enrique Ortiz Hermanos, también implicada en el caso Brugal.
