Unió Mallorquina pagó a militantes con dinero público para captar votos
Medio centenar de personas está implicado junto a políticos y empresarios que ampararon la operación supuestamente ilegal, en las elecciones de 2007 y en la pasada legislatura
Osvaldo Frías declaró ante una juez que cobró dinero público del Consorcio de Informática del Consell de Mallorca. Era cantante de tangos pero en realidad se dedicó a fichar políticamente a individuos y realizó encuestas con fines partidistas. Otra ciudadana argentina explicó que se le encargó la localización de personas afines para invitarlas a fiestas e integrarlas en asociaciones de inmigrantes para ser patrocinadas. Son dos testimonios entre decenas, los nudos de la red (sa xarxa) de captación de militantes y votos que trabó Unió Mallorquina (UM), una minoría que presidió el Consell entre 2003 y 2007 con los votos del PP y después pactó con el PSOE.
Más de medio centenar de afiliados y simpatizantes de UM está imputado –en tres casos judiciales distintos- junto a políticos y empresarios que ampararon la operación supuestamente ilegal, en las elecciones de 2007 y en la pasada legislatura. Ante el juez dicen ignorar el sentido de su trabajo y la mayoría confiesa que nunca pisó las sedes de las compañías que les abonaban la paga. En su mejor momento antes de la extinción de la formación, en 2010, UM contaba con unos 2.000 militantes.
Los tapados de UM (la prensa de Mallorca les ha llamado enchufados, cazadores de votos o empleados fantasma) ayudaron al partido a consolidar en 2007 su posición decisiva en Baleares, Mallorca y Palma. Una constructora, una compañía de publicidad, una productora de televisión y el consorcio informático –más la empresa de residuos de Palma- situaron en su nómina –a petición de UM- a protegidos y militantes. El microgrupo decidía la balanza del poder, decidía sobre los presupuestos.
En los juzgados de Palma desfilan personas anónimas hasta ahora en la vida política que figuran como imputados por malversación y falsedad en sumarios. La Policía Judicial, que lleva años examinando los escándalos de UM, dejó escrito en su último informe al juez de otro escándalo, el caso Ibatur, que el partido funcionó como una organización clásica del mundo clandestino y criminal, con jerarquía y disciplina interna, con estructuras empresariales y testaferros para “desviar dinero público” y “obtener beneficios económicos, poder o influencia de actos relacionados con la corrupción”.
La Fiscalía Anticorrupción, tras destapar las supuestas tramas delictivas e imputar a los supuestos responsables políticos y empresariales, ha contado con la colaboración decisiva de un grupo de implicados que, a cambio de beneficios en la condena, han asumido los hechos y aportado información clave.
Devorada por la corrupción
UM quedó devorado por sus escándalos de corrupción. Se disolvió en febrero de 2011 y abandonó las siglas y su sede central en Palma tras ser registrada por un juez y la policía para desentrañar una red de malversación de fondos y falsos encuestadores. Aquel juez fijó una fianza civil de 1,6 millones para el partido para responder de la malversación de caudales. Su hijuela, Convergència per les Illes, apenas cotizó en las urnas del 22-M.
Uno de los ex secretarios generales de UM, Tomeu Vicens, está preso condenado por malversación por pagar 12.020 euros procedentes de las arcas públicas a su contable asesor fiscal. Tres ex presidentes de UM (la expresidenta del Parlamento Maria Antònia Munar, el exconsejero de Turismo Miquel Nadal y exconsejero de Economía de Mallorca Miquel Àngel Flaquer) están imputados y bajo fianza. Otros ex consejeros insulares y baleares están encausados entre una decena de ex altos cargos, en la media docena de causas pendientes de juicio por supuesta corrupción urbanística, cobros de comisiones y malversación.
El exlíder Miquel Nadal –con dos detenciones, cinco causas abiertas y tres fianzas judiciales- debe acudir cada día ante la policía o el juzgado. Nadal es uno de los cerebros de las supuestas operaciones de extensión de la militancia desde las instituciones y empresas patrocinadas. Ante el juez acusó a su protectora Maria Antònia Munar.
La juez Carmen Abrines, que instruye el caso Voltor (buitre), tiene la partitura y conoce el reparto del escándalo de la red partidista. En la instrucción consta el listado de nombres -y sus nóminas- de militantes y simpatizantes de UM, el partido bisagra en Baleares, que se beneficiaron de la maniobra corrupta al cobrar de las instituciones o de sus empresas contratistas mientras hacían labores electoralistas.
El gerente de la compañía pública de informática del Consell, tras ser detenido, pactó su confesión y señaló quiénes eran los cargos de UM que ordenaban la maniobra partidista ilegal y dio la lista de los implicados. También desvelaron nombres, cantidades, correos electrónicos, cuentas corrientes y políticos protectores, otros empresarios imputados, los tres dueños de una productora de televisión de Mallorca que UM compró para que fuera pantalla de esas contrataciones clandestinas y recibiera mediante subvenciones del Consell. En otra causa, la Picnic, se indagan el pago de encuestadores y las invitaciones a simpatizantes de UM desde las áreas de medio ambiente y basuras de Palma.
