Los 'intrusos' de los ERE empiezan a declarar ante la juez

Tres imputados por tráfico de influencias y prevaricación al cobrar prejubilaciones "ilícitas"

Sevilla - 08 jul 2011 - 11:41CEST

José Acevedo se oculta esta mañana ante la presencia de los periodistas antes de acudir a declarar ante la juez del caso de los ERE.PÉREZ CABO

Mercedes Alaya, la juez que investiga los supuestos fraudes en los expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con fondos de la Junta de Andalucía y enfrentada judicialmente con esta a cuenta de las actas de los Consejos de Gobierno que obligó a entregar en los juzgados, ha comenzado esta mañana a tomar declaración a los intrusos. Estos, 72 en total, según la investigación, son personas que accedieron a ayudas o prejubilaciones sin haber trabajado en las empresas beneficiarias de las mismas o sin reunir los requisitos.

Esta mañana han comparecido tres supuestos intrusos y Alaya les ha imputado por tráfico de influencias y prevaricación al cobrar prejubilaciones "ilícitas" en los ERE pactados entre la Dirección General de Trabajo y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), entidades que destinaron a ayudas a empresas en crisis 647.869.157,45 euros.

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Por prejubilaciones fraudulentas han sido citadas 14 personas que ya han declarado ante la policía. Hoy han acudido a los juzgados Juan Manuel López Espada, José Acevedo y José Antonio García Prieto. Los tres son de la localidad sevillana de Camas, el segundo es de la agrupación socialista local y el último dimitió como secretario de esta organización al ser investigado por una supuesta prejubilación en una empresa en la que nunca trabajó. Los tres se han negado a declarar y se han remitido a sus declaraciones ante la policía.

La juez investiga el acceso fraudulento a las ayudas y si se cometieron irregularidades en la tramitación administrativa de las mismas, ya que en algunos casos no fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Están en cuestión un total de 67 expedientes en los que también se han hallado 111 supuestas anomalías en sus recorridos.

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Las comparecencias continuarán el próximo día 14 con Ricardo Medina Barrios y José Antonio Márquez Sánchez, también vecinos de Camas y supuestamente beneficiarios de estas falsas prejubilaciones. Ricardo Medina Barrios también era miembro de la agrupación socialista.

Las claves del fraude

- El expediente de regulación de empleo (ERE) es un procedimiento administrativo mediante el que una empresa en crisis busca obtener autorización administrativa para suspender o despedir a trabajadores. La solicitud debe ir acompañada de una memoria explicativa de las causas y motivos del despido colectivo, el número y funciones de los trabajadores afectados y la documentación que acredite el estado de la empresa.

- La Junta de Andalucía decidió ayudar con subvenciones a empresas para que pudieran acometer los ERE. La investigación considera que no existían criterios fijos para determinar a quién y cómo se otorgaban las ayudas.

- Entre 2001 y 2008, la Junta manejó un fondo de 647 millones de euros que se distribuyeron de manera discrecional entre las empresas en crisis. Es el denominado "Fondo de Reptiles", término acuñado por el ex director general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero también implicado en el caso de los ERE de Mercasevilla. De los 647 millones, se defraudaron nueve millones, el 1.39%.

- En los ERE de las empresas beneficiarias se infiltraron los denominados "intrusos": ediles, sindicalistas e intermediarios que sin pertenecer a aquellas, se beneficiaron de las pólizas de los expedientes de empleo. La inclusión se hizo gracias a la connivencia de aseguradoras, consultoras y altos cargos de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, que era quien autorizaba los pagos. Un total de 6.096 trabajadores han recibido ayudas públicas y se han detectado 72 intrusos entre los 1.569 trabajadores que ha investigados.

- La trama que se ha lucrado con los ERE lo ha hecho a través de la consultora Vitalia y del conseguidor Juan Lanzas. Los conseguidores son quienes gestionan ante la Junta las subvenciones para las empresas.

- Desde 2001 la Intervención General emitió tres informes cuestionando este proceso que no se atendieron por no ser vinculantes.

Las declaraciones continuarán el 9 de septiembre con el exalcalde socialista de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo y a Andrés Carrasco Muñoz, natural de este municipio y amigo de la infancia del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero. Para el 15 de septiembre, han sido llamados a declarar María del Carmen Fontela y María del Carmen García, propietaria del restaurante sevillano Río Grande, en cuyo expediente de regulación de empleo fue prejubilada la primera, aunque no era parte de la plantilla. Semanas después pasarán ante la juez Alejandro Millán Torres; Rafael Ruiz García, vecino de Córdoba y amigo del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero; el sindicalista Rafael Rodríguez, Francisco de Paula Hernández Diánez y Antonio González Pérez.