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El Gobierno quiere aprobar la reforma de la Ley antes del fin de la legislatura

La mayoría de las asociaciones de jueces saludan el borrador de la norma

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño.EUROPA PRESS

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha asegurado esta mañana que es voluntad del Gobierno que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que está trabajando salga adelante antes de que termine esta legislatura. Sin embargo, ha advertido que aún queda "mucho por perfilar", pese a que existe un borrador consolidado que "pronto" será enviado al Parlamento por el Consejo de Ministros.

La reforma es una de las normas que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quiere aprobar en este mandato, pero Caamaño sabe que va a ser complicado alcanzar un consenso para su tramitación parlamentaria. "Nos llevará los tiempos que nos tenga que llevar, pero queremos una ley mayoritariamente consensuada con el Congreso y el Senado para que sea estable y existan elementos comunes pactados por todos en el proceso penal", ha dicho.

De momento el PP ya ha mostrado su oposición a una de las novedades de la reforma. En el borrador se recoge que la investigación "sustancial" recaerá en manos del fiscal. Esta mañana, la portavoz parlamentaria de los populares en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha manifestado que "una investigación liderada por una Fiscalía que no es independiente no es la mejor fórmula para garantizar la investigación criminal".

Caamaño sabe que va a ser complicado que alcance un consenso en su tramitación parlamentaria

Esta nueva función del fiscal es la que más preocupa a las asociaciones de jueces que, en general, se han mostrado satisfechas con el borrador de la ley. El portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, ha advertido, en declaraciones a Europa Press, de la necesidad de modificar el Estatuto Orgánico del ministerio fiscal para garantizar su autonomía y poder asumir el peso de la instrucción. Una apreciación con la que también coincide el Foro Judicial Independiente y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), tal y como han confirmado a este diario sus respectivos portavoces, Javier Varona y Pablo Llanera. Este último ha ido más allá y afirma que atribuyendo la investigación a la fiscalía, unido a la restricción de la acción popular, lo que se pretende es que "no se esclarezcan los hechos cuando le interese al Ejecutivo, lo ostente quien lo ostente".

Jueces para la Democracia, en un comunicado que ha publicado en su web, saluda "muy positivamente" la nueva norma porque "por fin" aborda una reforma estructural del proceso, si bien duda de que el texto salga adelante por falta de apoyos parlamentarios. El Foro Judicial Independiente comparte la misma incertidumbre sobre su promulgación, aunque aporta otra causa. Según Varona, "el Gobierno no va a tener tiempo material para aprobarla en los pocos meses que quedan hasta e final de la legislatura". Y es que la actual norma tiene contiene casi 1.000 artículos, por lo que, aunque hubiera acuerdo parlamentario, el estudio de cada uno de ellos, "por mucho que se redujera su número", llevaría mucho tiempo.

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Para APM la reforma introduce el esquema del código procesal penal latinoamericano, cuando "nuestro sistema no adolece de déficit de protección de los derechos del acusado y la víctima"

Tremendamente crítica se ha mostrado la A PM. Llanera entiende que la presentación de un proyecto, "ahora que Zapatero se ha despedido de las Cortes" no tiene sentido ni "entidad legislativa o jurídica". Cree que con estas propuestas "de las que se ignora su procedencia o si se ha constituido una comisión prelegislativa", el Ministerio de Justicia únicamente busca "visibilidad" y "acallar las críticas", incluyendo las enmiendas que los vocales del Consejo General del Poder Judicial hicieron al Gobierno cuando, hace unos meses, presentó un proyecto de reformas de leyes de enjuiciamiento, "entre las que no se encontraba la Criminal". Para el portavoz, la reforma introduce el esquema del código procesal penal latinoamericano, cuando "nuestro sistema no adolece de déficit de protección de los derechos del acusado y la víctima", algo en lo que incide el nuevo proyecto.

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