Juicio al delfín de Rita Barberá
Bellver será juzgado por prevaricación Adjudicó a Ortiz obras junto al Jardín de Monforte sin informe de Patrimonio El parque sufre problemas de drenaje
El primero de la larga lista de juicios que esperan a diputados de la bancada del PP en las Cortes valencianas esta legislatura será el de Jorge Bellver, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia y, tras las últimas elecciones, diputado autonómico. Bellver, quien durante años ha sido visto como probable sucesor de la alcaldesa Rita Barberá, será juzgado por prevaricación, por haber aprobado la construcción de un aparcamiento subterráneo junto a los Jardines de Monforte, un bien de la ciudad protegido desde hace 70 años, omitiendo la obligatoria autorización del servicio de Patrimonio de la Generalitat.
Coincidiendo con la construcción del aparcamiento, que fue impermeabilizado, el jardín histórico sufre serios problemas de drenaje, según confirman fuentes conocedoras de su estado. Al menos un árbol, que asoma sobre la entrada del parking, ha muerto. No es posible saber si los encharcamientos son consecuencia directa de las obras, pero el jardín construido en el siglo XIX lleva meses cerrado por trabajos destinados, en parte, a solucionar la excesiva acumulación de agua y de humedad, así como a la restauración de paseos y estatuas. La inversión asciende a 1,2 millones de euros y se prevé que las obras duren hasta final de año tras encontrarse restos arqueológicos.
La fiscalía y el juez instructor creen que la omisión de la petición del permiso a patrimonio fue a conciencia. Bellver y los otros cuatro funcionarios imputados lo niegan. Los tres magistrados que conocieron sus recursos de apelación contra la decisión del instructor de abrir juicio oral constataron, por su parte, que la omisión del permiso de Patrimonio “facilitaba la construcción del aparcamiento”. No es descartable, añadieron los jueces en su auto, que la cadena de olvidos que afectó a tres técnicos en urbanismo del Ayuntamiento, al secretario municipal y al propio concejal “pueda ser fruto de una decisión expresa de omitir la petición de autorización”.
La obra fue adjudicada en 2002 al influyente constructor alicantino Enrique Ortiz, imputado en los casos Gürtel y Brugal de corrupción política. En una conversación intervenida a Ortiz por orden judicial en 2008 se le oye destacar la importancia de contar con un “padrino” en los concursos públicos. Respecto al contrato de otro aparcamiento subterráneo, en ese caso en la calle de Serrano de Madrid, el empresario afirmaba: “O tenemos garantía de que nos lo van a dar, o no vamos”. Ortiz no está imputado en la causa de los Jardines de Monforte, ni existen tampoco indicios de que la adjudicación de este parking estuviera amañada.
Bellver y el resto de acusados no discuten los hechos que relata el juez instructor, según recoge el auto de la sección segunda de la Audiencia de Valencia del pasado 1 de abril que confirmó el juicio. Rechazan, en cambio, que tuvieran que pedir permiso a Patrimonio (entienden que las obras subterráneas no lo requerían). Y defienden que, en cualquier caso, dicha omisión no sería incardinable en el delito de prevaricación, limitándose sus consecuencias al ámbito administrativo. Fuentes jurídicas señalan que un importante porcentaje de las acusaciones por prevaricación terminan en absolución porque es necesario que la autoridad pública haya tomado una decisión injusta a sabiendas de que lo hacía, y ese componente intencional no es fácil de probar.
“Queremos que se haga un informe a cargo de ingenieros independientes que valore qué repercusiones puede tener el garaje sobre este jardín histórico y único”, pide Antonio Marín Segovia, portavoz de Cercle Obert de Benicalap, la asociación que en febrero de 2010 denunció a la fiscalía que el aparcamiento se hizo sin que se pidiera el informe de Patrimonio. Según Marín, él reclamó al Consistorio conocer las características de la obra. “Pero no nos dieron acceso”, explica. “¿Está afectando el garaje ya a algunos árboles? No sabemos”, agrega. Pero Marín destaca que en otra obra colindante con el Jardín de Monforte, la de la clínica Quirón, el Ayuntamiento sí solicitó el preceptivo estudio de Patrimonio.
Para el portavoz de Cercle Obert, todo este embrollo se habría evitado cubriendo ese trámite. E insiste en que el colectivo estará atento a lo que pase en el interior del recinto. De momento, el intento del Gobierno local de aligerar el muro de Monforte, para permitir una mejor aireación de los árboles, se paró porque alteraba su esencia. La denuncia de Cercle Obert no es la única. La Asociación de Jardines presentó un recurso contencioso para conseguir el acceso al jardín por la entrada histórica, la más cercana al palacete —donde se celebran bodas civiles—. Este contencioso está pendiente de fallo.
El procedimiento contra Bellver se encuentra en fase de traslado desde la Audiencia provincial al Tribunal Superior de Justicia valenciano, ya que tras ser elegido diputado autonómico la mano derecha de Rita Barberá tiene condición de aforado. Su causa ha sido más discreta que las que afectan al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a otros cargos públicos populares. El avance del caso ha generado, sin embargo, alguno de los momentos de mayor berlusconización de la política valenciana. En concreto, por las descalificaciones de la alcaldesa a la labor de los jueces. Barberá llegó a decir que había que replantear el concepto de “independencia judicial”.
