Zapatero anuncia medidas para proteger a quienes no pueden pagar su hipoteca
Serán compatibles con los imperativos de seguridad jurídica y de solvencia de las entidades prestatarias El Gobierno las aprobará en las próximas semanas, pero no avanza su contenido
La gran novedad del discurso del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el debate sobre el estado de la nación ha sido el anuncio de que el Ejecutivo aprobará en las próximas semanas medidas para quienes no pueden hacer frente al pago de su hipoteca. Zapatero no ha avanzado su contenido, pero ha asegurado que serán "compatibles con los imperativos de seguridad jurídica y de solvencia de las entidades prestatarias". El Gobierno ha rechazado hasta ahora fórmulas reclamadas por los ciudadanos afectados como la dación en pago.
La decisión dará respuesta, según el presidente, a "la coyuntura especialmente difícil a la que se enfrentan las familias que pierden su vivienda y siguen debiendo dinero al banco porque su valor no es suficiente para cubrir lo que resta de hipoteca". En abril de 2010 se aumentó la cantidad mínima de ingresos de las familias que no puede ser embargada, pero con las nuevas disposiciones, el Gobierno quiere "hacer un nuevo esfuerzo" en este sentido.
Se podrán beneficiar de las nuevas medidas, aún por concretar, "las personas sujetas, por imposibilidad de atender a sus compromisos, a procedimientos de ejecución hipotecaria". Lo que ocurre ahora a estas familias es que además de que el banco se queda con la vivienda, mantienen intacta toda su deuda. Son casi 250.000 ejecuciones desde que en 2007 estalló la burbuja inmobiliaria hasta el tercer trimestre de 2010, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.
El crédito hipotecario español alcanza los 1,1 billones de euros, equivalente al PIB español, de los que 620.000 millones corresponden a financiación de la compra de la residencia habitual y otros 580.000 millones están cedidos a terceros a través de la comercialización de cédulas y la titulización de préstamos, según declaraciones del presidente de BBVA, Francisco González, recogidas por Cinco Días.
González asegura que el precio de las hipotecas a más de 10 años es el más barato de toda la Unión Europea gracias la seguridad jurídica y de la altísima competencia del sector financiero en España, por lo que los legisladores, avisó, tendrán que ser "especialmente cuidadosos".
Dación en pago
Una de las demandas de quienes no pueden hacer frente al pago de su hipoteca es la dación en pago, es decir, la posibilidad de entregar la vivienda hipotecada para saldar las cuentas pendientes con el banco. El presidente de BBVA, Francisco González, ha advertido de que "no es posible modificar con efectos retroactivos los sistemas de ejecución bajo los que se concedieron los créditos hipotecarios" sin "perjudicar aún más" la confianza en la economía española.
El Gobierno tampoco se ha mostrado dispuesto a activar la dación en pago en las hipotecas y eliminar la responsabilidad futura del art 1.911 del Código Civil en los préstamos hipotecarios. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, afirmó el 1 de febrero de este año que el Gobierno no se planteaba suavizar las condiciones de las hipotecas. Y avanzó que tampoco preveía hacerlo en un futuro, pero a la luz del anuncio de hoy, parece haber reconsiderado su postura.
"Nuestras hipotecas están fundadas en unas condiciones. Los cambios bruscos de un día para otro serían perjudiciales para nuestro sector financiero y para futuras hipotecas y eso es algo que debemos tener en cuenta", afirmó la ministra de Economía en relación a la sentencia de la Audiencia de Navarra que permitió canjear un crédito concedido para comprar una casa con la devolución de la vivienda.
Zapatero ya avanzó en un mitin en Cáceres en plena campaña electoral para el 22M, que anunciaría próximamente medias para proteger a los desahuciados, aunque en repetidas ocasiones ha rechazado la dación, al considerar que una medida así supondría un peligro para el sistema financiero español. Pese a esta reticencia, el presidente del Gobierno accedió en abril a que el Congreso estudiase esta reivindicación que, sobre todo desde el estallido de la crisis, ha tomado fuerza.
Un conjunto de ocho entidades, entre los que figuran la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, los sindicatos CC OO y UGT, asociaciones de vecinos y de consumidores y entidades, todos ellos de Barcelona, presentaron ante el Congreso de los Diputados el 30 de marzo una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para pedir la reforma de la ley hipotecaria para que la entrega del piso cancele la deuda.
A pesar del rechazo reiterado del Gobierno, y para dar respuesta a las demandas de la sociedad, la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad el 4 de mayo crear una subcomisión para estudiar los "elementos de mejora" en el sistema hipotecario español y "en particular" respecto a aquellas condiciones que puedan ser consideradas "abusivas". Además de la dación, los diputados analizarán las llamadas cláusulas suelo, un mecanismo que impide a los ciudadanos beneficiarse de las bajadas de los tipos de interés a partir de un límite. Los grupos de PSOE, CiU, PNV, ERC-IU-ICV y Mixto acordaron que este nuevo órgano parlamentario finalice sus trabajos en el plazo de seis meses, después del cual remitirán un informe al Gobierno.
