El debate sobre la reforma electoral empieza en las autonomías

¡Que no nos representan! han gritado una y otra vez los integrantes del 15-M. Sin embargo, los diputados sí representan, pero no por igual. En Andalucía hay un escaño autonómico por cada 77.206 habitantes mientras que un parlamentario de la Asamblea madrileña es la voz de 50.067. El debate sobre la representatividad vuelve a abrirse en las comunidades.

IU ha propuesto cambiar la ley en Andalucía y el PSOE está abierto al debate. La reforma electoral es para UPyD y otros partidos minoritarios una bandera política irrenunciable. La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, también promueve cambios de calado que ya apuntó Camps en Valencia sin éxito. Mas se da ahora, tras abortar una iniciativa la pasada legislatura, dos años para crear la primera ley electoral de Cataluña.

Así se encuentra la situación de las reformas electorales en las comunidades más pobladas.

Andalucía

El coordinador de IU, Diego Valderas, ha propuesto en Sevilla aumentar el número de escaños de 109 a 135 y reducir los sueldos de los mismos un 20% para que el incremento no suponga ampliar el presupuesto de la Cámara legislativa. También quiere limitar el mandato del presidente de la Junta a tres legislaturas y bajar del 5% al 3% de los votos el porcentaje para conseguir un escaño.

La consejera de Presidencia de la Junta y diputada socialista, Mar Moreno, ha anticipado que están abiertos a la “reflexión” sobre la representatividad, pero no aspiran a llegar a los índices de Madrid y no de forma inminente. Ni siquiera adelanta si querrían aumentar, mantener o disminuir el número de diputados. “El debate merece la pena, aunque sea para archivarlo”, admite.

El PP no quiere hablar del tema a nueve meses de las elecciones autonómicas, salvo para que se establezca que gobierne la lista más votada. El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, advierte: "Nadie podría entender ese cambio sin consenso”.

La clave de las próximas elecciones es significativa. IU cree que un aumento de los diputados le permitiría crecer, el PSOE considera que los necesitará si pierde la mayoría absoluta y el PP no quiere obstáculos en su carrera por la presidencia de la Junta.

La propuesta de reforma de la Ley Electoral es la bandera política de formaciones como UPyD, a la que se han sumado otras formaciones, como el Partido Andalucista. “Es un sentir generalizado del pueblo español que el sistema electoral es manifiestamente injusto porque un partido político puede lograr un único escaño mientras que otro con menos votos puede obtener seis escaños”, defiende UPyD. A las mismas tesis se ha unido la secretaria general del Partido Andalucista, Pilar González, que se ha quedado a 700 votos de obtener un concejal en el Ayuntamiento de Sevilla en las pasadas elecciones.

Madrid

La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, también ha cogido la bandera de las reformas necesarias para dividir la Comunidad en circunscripciones y establecer un sistema de listas abiertas, según ha anunciado en la primera sesión del debate de investidura.

La presidenta propuso una reforma electoral para desbloquear las listas electorales y que los ciudadanos puedan tachar a los candidatos que no consideren merecedores de su voto o establecer un orden de preferencias entre ellos.

Esta modificación, que obligaría a reformar la Ley Electoral autonómica, permitiría que, como en las papeletas del Senado, se pueda elegir a determinados miembros de las listas en lugar de una candidatura completa.

Aguirre retomó así una propuesta de hace ocho años y detalló que quiere eliminar el grupo mixto y dividir la Comunidad en circunscripciones "para que el voto ciudadano valga lo mismo en cualquier parte del territorio". "Si lo hiciéramos marcaríamos un hito en la democracia española", subrayó.

Cataluña

Cataluña es la única comunidad autónoma que carece de Ley Electoral propia. Tras los escándalos del caso Pretoria y del saqueo del Palau, los políticos impulsaron el proyecto de ley electoral guardado en un cajón desde 2007. Pero la oposición de CiU a firmar un documento que suscribieron el resto de grupos frenó la iniciativa.

En febrero de este año, Artur Mas, ahora presidente de la Generalitat, expresó su voluntad de alcanzar en los dos próximos años un consenso con el resto de grupos lo suficientemente amplio para aprobar la ley. Admitió que será “costoso”, pero afirmó que “hay que intentarlo”.

El anuncio de Mas, después de los antecedentes, fue acogido con indiferencia por la oposición.

Valencia

El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ya lanzó, en la anterior legislatura un farol que quedó en nada. En el pleno de debate de política general de las Cortes, celebrado en octubre, habló de la creación de “circunscripciones más pequeñas que la provincia o incluso uninominales, con el fin de establecer una relación más directa y de mayor proximidad entre representado y representante”. A la vista de que para tal reforma no es suficiente con variar la Ley Electoral Valenciana, Camps comprometió su apoyo “técnico y jurídico” a una iniciativa inviable. Sin embargo, los portavoces parlamentarios llegaron a acordar la creación de una comisión especial para estudiar y analizar una propuesta de reforma de la Ley, que tendría que estar formulada en el plazo de tres meses para presentar las propuestas. La comisión nunca llegó a nada.

No fue esta la única ocasión en la que Francisco Camps ha hablado de una reforma electoral. Antes de iniciar la campaña habló de la tesis doctoral en la que está trabajando y sostuvo que “creo sinceramente, y espero, que algún día pueda ser así, que el día de mañana nuestras diputadas y diputados sean elegidos sin listas cerradas”.

La semana pasada, en el pleno de investidura, Camps volvió a hablar de una reforma electoral que sustituya las circunscripciones provinciales por demarcaciones más pequeñas pero no dijo nada de listas abiertas. Así, las grandes ciudades tendrían varias circunscripciones y, por tanto, más de un representante, mientras que las pequeñas poblaciones habrían de agruparse para elegir a su diputado.

En cualquier caso, la reforma de la ley electoral valenciana precisa del apoyo de dos tercios de las Cortes y los grupos minoritarios ya han mostrado su oposición a una reforma de este tipo, que perjudicaría sus intereses.

Quienes sí trabajaron seriamente, durante toda la legislatura por una reforma electoral valenciana fue la coalición Compromís, que exige una rebaja del 5% que la norma autonómica fija como umbral para optar a tener representación parlamentaria. Con este límite, por ejemplo, el parlamento catalán contaría con la representación de cinco partidos, en lugar de los siete que tiene ahora.