Primer recorte de plantilla, la tele autonómica

La televisión pública de la Comunidad Valenciana, Canal 9, tiene 1.800 trabajadores, una plantilla superior a Tele 5 y Antena 3 juntas. También y como este lunes recordó José Bono, el presidente del Congreso, una deuda de 1.287 millones de euros (congelar las pensiones un año cuesta 1.500) y un presupuesto de 184 millones (equivalente al mantenimiento anual de 552 camas en el hospital de Henares). La audiencia media de la televisión valenciana, objeto de tesis doctorales sobre la manipulación informativa, rozó en 2010 el 6%. Muchos se preguntan si son viables estas cifras. Lo primero que planteó el compañero de partido de Francisco Camps en Castilla-La Mancha, Marcial Marín, cuando alarmó sobre la “quiebra total” de esa autonomía, fue la privatización de su canal autonómico, CMT. Pero su presupuesto alcanza los 42 millones anuales y 380 empleados.

El examen de los números revela efectivamente el gran agujero en el que se han transmutado las 13 televisiones públicas de España. Las cadenas costaron en 2009 a las comunidades 813 millones de euros en subvenciones, ingresaron 233 por publicidad y registraron unas pérdidas de 772, según un informe la consultora Deloitte encargado por UTECA, el lobby que agrupa a las cadenas privadas.

En 2009, las cadenas costaron 813 millones en subvenciones, ingresaron 233 por publicidad y registraron pérdidas de 772

Sus presupuestos, salvo leves recortes de los últimos años (sobre el 5%), no han parado de crecer. La catalana TV3, con 360 millones y 2.700 empleados, es la más cara, seguida de Canal Sur (239 millones de euros y 1.680 empleados) y la ya citada Canal 9.

La situación de Telemadrid, que controla el Gobierno del PP de Esperanza Aguirre, no es tampoco pujante. Con una caída en picado de la publicidad, siguiendo la tónica del sector, la emisora madrileña registró en mayo una audiencia del 6,2% y una deuda acumulada de 230 millones. Su presupuesto, que mantiene un contrato con el Gobierno regional, es de 158 millones y su plantilla de 1.176 trabajadores.

La telaraña audiovisual regional nació al calor del desarrollo autonómico. Las pioneras fueron ETB (1982), TV3 (1983), mientras que Telemadrid y Canal Sur vieron la luz en 1989.

“Contribuyeron al desarrollo autonómico, pero hoy en día carece de sentido que [las autonómicas] sean totalmente públicas, teniendo en cuenta el gasto que suponen”, dice el abogado José María Román, director general de la Fundación Ciudadanía y Valores y coautor de un informe que sugiere la privatización. El documento considera que la entrada de las empresas privadas adelgazaría el gasto y fomentaría la aplicación de criterios profesionales en la contratación.

Cada hogar desembolsó 110 euros en 2009 por mantener la telaraña audiovisual autonómica y 34 por sostener TVE

Cada hogar español desembolsó 110 euros en 2009 por mantener la telaraña audiovisual autonómica y 34 por sostener TVE. Las televisiones regionales, reunidas en la FORTA, no tienen una voz única al respecto y su secretario general, Enrique Laucirica, se ha limitado a declarar a EL PAÍS: “Sería bueno reducir el gasto público de las televisiones”.

El repaso al panorama catódico autonómico arroja severas diferencias entre comunidades, según su población y la antiguedad de sus cadenas públicas. La vasca ETB fue la más cara (191 coste por hogar), seguida de canal Sur (121), Canal 9 (117), y TV3 (114). Emisoras relativamente nuevas, como la de RTV, que el presidente electo de Baleares, el popular José Ramón Bauza, planea suprimir, no nacieron precisamente con la austeridad como norma de cabecera (219 euros de coste por hogar). La de Castilla-La Mancha, en el punto de mira de la futura presidenta, Dolores de Cospedal, le costó a cada ciudadano 104 euros y la autonómica de Extremadura, que acaba de nacer, suma al año 13 millones, un poco menos que la de Aragón. Los expertos se preguntan si ese reparto es viable. “El sistema no puede sostener los 2.000 millones anuales que generan las televisiones autonómicas”, responde José María Román.

El oasis de Cantabria y La Rioja

“¿Tiene sentido pagar 40 millones al año por ver una vez al año el Madrid-Barça?”. El presidente en funciones de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, considera que no. El motivo: es un gasto superfluo. “Dedicar entre 20 y 40 millones de euros cada ejercicio a un aparato de propaganda no es de recibo”, explica Ángel Agudo, actual consejero regional de Economía y Hacienda, del PSOE, que asegura que el coste de oportunidad de renunciar a la televisión ha permitido situar a Cantabria "entre las comunidades con mayor nivel de desarrollo de la Ley de Dependencia" y "contar con la universidad mejor financiada del Estado”.

Cantabria, que junto a La Rioja carece de televisión autonómica, no se arrepiente de la decisión. El PP, que gobernará en la región tras obtener mayoría absoluta el 22-M, no prevé una cadena pública. Sólo el expresidente Juan Hormaechea (1991-1995), condenado por el Supremo por malversación de caudales, puso la idea sobre la mesa.