Los imputados vuelven a ocupar sus escaños

Dado que el estar imputado o implicado en delitos relacionados con la corrupción, aun cuando hay indicios evidentes, apenas tiene coste político alguno y escaso daño electoral, hoy empezarán a tomar posesión los políticos que, pese a estar inmersos en causas judiciales, han sido elegidos en las últimas elecciones del 22-M. Comenzarán a sentarse en Parlamentos y Ayuntamientos como representantes de los ciudadanos, aunque pesen sobre ellos graves acusaciones de cohecho, malversación, tráfico de influencias, prevaricación o fraude y con su voto puedan decidir el Gobierno de sus autonomías y de sus Ayuntamientos.

Algunos son “amiguitos del alma” de empresarios imputados por múltiples delitos; otros se comparan con Jesucristo; unos van de viaje en yate con constructores y adjudicatarios o incluso hay uno que ha sido condenado por acoso sexual y elegido por los vecinos concejal. Pero todos pasarán a cobrar un sueldo público, salido de los impuestos ciudadanos, y esperarán la acción de la justicia.

El primero en hacerlo será Íñigo Henríquez de Luna, imputado por “una tontería”, tal como la calificó la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre. Hoy tomará posesión de su escaño en la Asamblea de Madrid y Aguirre le nombrará portavoz del grupo parlamentario, el principal cargo. Al igual que las Cortes Valencianas y al contrario que la mayoría de parlamentos autonómicos, la Asamblea de Madrid ha convocado su constitución antes que la de los Ayuntamientos, que será el próximo 11. La “tontería” de Henríquez es una presunta concesión irregular de licencias, conocida como caso Bécara, una ramificación del caso Guateque.

El jueves serán otros 10 implicados en supuestas corruptelas quienes accederán a las Cortes Valencianas. Sobre algunos de ellos ya no pesa solo la imputación de cohecho impropio, del que se responsabiliza, entre otros, al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. La cúpula del PP de esta comunidad ha sido encausada, además, por la comisión de otros presuntos graves delitos como son el electoral (en el que se incluye la financiación irregular) y la prevaricación. Y todo después de que la portavoz del comité electoral del PSOE, Elena Valenciano, pidiera a los populares que no tomaran posesión de su cargo.

Pero tomarán posesión de su cargo Camps, que se dirigió a El Bigotes, uno de los cabecillas de la trama corrupta Gürtel, como “amiguito del alma”; la futura alcaldesa de Alicante y desde el jueves diputada, Sonia Castedo, de la que ahora se ha sabido que le dijo a un constructor: “Te hemos apañado lo del Rico Pérez [estadio de fútbol]”; o su antecesor, Luis Díaz Alperi, que también ocupará un escaño pese a que en las mismas grabaciones policiales deja ver la cordial relación que mantenía con ese empresario, el promotor Enrique Ortiz.

Entre las conversaciones contenidas en el sumario del llamado caso Brugal -la trama corrupta vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante- también se encuentra otro de los futuros ocupantes de un puesto de parlamentario en las Cortes Valencianas, Ricardo Costa, Ric, imputado, además, en la causa judicial del caso Gürtel.

Entre los valencianos, José Joaquín Ripoll habrá de esperar al sábado, ya que su pugna interna con Camps no le ha permitido ocupar un puesto en el Parlamento autonómico y habrá de esperarse a la constitución del Ayuntamiento y, posteriormente, de la Diputación que, posiblemente, presidirá. Ripoll, imputado en el caso Brugal, “no quiere que sepa nadie que va a ir en el barco con Enrique (Ortiz)”, el mismo empresario al que Castedo le “apañó” lo del estadio de fútbol, tal como indica otra conversación.

El sábado será también el día en el que tomen posesión concejales electos como Rafael Gómez Sánchez, Sandokán, en Córdoba, procesado por cohecho en el caso Malaya de corrupción en Marbella (Málaga). Populista donde los haya, es un antiguo cabrero que se precia de no saber leer ni escribir, y cuyo partido, recién creado, ha obtenido el apoyo de casi 25.000 cordobeses y, por tanto, una representación de cinco ediles que, además, le servirán para decidir el Gobierno de la Diputación. “Muchos medios de comunicación habéis hecho que las cosas sean malignas. Habéis hecho con Rafael Gómez lo mismo que hicieron con Jesucristo, acabar con él. Porque, si los humanos fueron capaces de hacerle lo que le hicieron a Jesucristo, qué no serán capaces de hacer a Rafael Gómez”, es una de las afirmaciones que se encuentran en su haber.

Quizá tarde unos días más en tomar posesión, por la impugnación de varias papeletas, Ismael Álvarez, en Ponferrada. El Tribunal Supremo ratificó en 2003 la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que le condenó como autor de un delito de acoso sexual en el conocido como caso Nevenka. El PP, de donde vino, no le acogió en su seno y así decidió formar un partido independiente.

Seguro que con puntualidad lo hará, aunque esté en libertad provisional, el también independiente Ramón Vigo, futuro concejal del municipio coruñés de Cee, en A Costa da Morte, que acumula tantos presuntos delitos relacionados con la corrupción como posibilidades hay en el Código Penal español: prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, fraude a la Hacienda Pública, malversación y falsedad documental. “Después me tienes que hacer gratis todas las cosas esas de la campaña, ya lo sabes”, se le oye decir en una de las conversaciones intervenidas judicialmente mientras está hablando con un arquitecto para encargarle un proyecto.

“Tenía que pagar a Francisco Gordillo una comisión de un 20% de lo facturado una vez cobrado y que iba dirigido a financiar al partido”. Esta frase demuestra que no menos clarividente fue la confesión de uno de los empresarios implicados en el supuesto cobro de comisiones irregulares detectado en Telde (Gran Canaria), donde el PP y una de sus imputadas, María del Carmen Castellano, está negociando para auparse como alcaldesa.

La imputación por prevaricación sí puede costarle a Raúl López Vaquero la alcaldía, ya que su causa judicial pendiente es obstáculo para llegar a un acuerdo de Gobierno. El PP podría pedirle que “sacrificara” su acta de concejal, aunque ha salido en su defensa. López Vaquero eludió la cárcel con 22.000 euros de fianza después de que se supiera que no ejecutó una sentencia contra “el sheriff” de Coslada, Ginés Jiménez, aquel a quien, entre otras cosas, se le grabó el “todavía no has aprendido, tienes que ir a mi despacho como van todos”, como protagonista del caso Bloque, de supuesta corrupción policial en el municipio.

Resulta también chocante que sea otro imputado, concejal electo, el que le vaya a dar la alcaldía de Badalona al candidato del PP, Xavier García Albiol, que durante la campaña ha arrojado tintes xenófobos, tras el acuerdo alcanzado por los populares y CiU. El cabeza de lista de los nacionalistas, Ferrán Falcó, está imputado por presunta malversación de fondos públicos durante su etapa como presidente de una empresa pública. Un juzgado investiga el presunto cobro de comisiones por la adjudicación de obras en el que podría estar implicado quien decide el municipal de esta ciudad catalana.

Con más de 70 pleitos en su haber, Juan Carlos Benavides ocupará también un sillón desde el que representará a los ciudadanos de Almuñécar (Granada). Empezó en las filas del PSOE, como teniente de alcalde, pasó por el Partido Socialista del Pueblo Andaluz, también el Partido Andalucista lo acogió en sus listas y como Convergencia Andaluza obtuvo casi el 30% de los votos de sus vecinos. Solo es posible que la resolución de alguna de sus imputaciones, por alzamiento de bienes, prevaricación urbanística, contra la ordenación del territorio o malversación le impida terminar la legislatura.