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Los imputados empiezan a tomar posesión de sus cargos tras el 22-M

Diputados y concejales inmersos en causas judiciales acceden a sus cargos tras ser elegidos en las elecciones

El president de la Generalitat, Francisco Camps, volverá a sentarse en las Cortes Valencianas. EFE

Dado que el estar imputado o implicado en delitos relacionados con la corrupción, aún cuando haya indicios evidentes, apenas tiene coste político alguno y escaso daño electoral, hoy empezarán a tomar posesión los políticos que, pese a estar inmersos en causas judiciales pendientes, han sido elegidos en las últimas elecciones del 22-M. Comenzarán a sentarse en parlamentos y ayuntamientos como representantes de los ciudadanos, aunque pesen sobre ellos graves acusaciones de cohecho, malversación, tráfico de influencias, prevaricación o fraude, y con su voto puedan decidir el gobierno de sus autonomías y de sus ayuntamientos.

Algunos son “amiguitos del alma” de empresarios imputados por múltiples delitos, otros se comparan con Jesucristo; unos van de viaje en yate con constructores y adjudicatarios o, incluso, hay uno que ha sido condenado por acoso sexual y elegido por los vecinos concejal. Pero todos pasarán a cobrar un sueldo público, salido de los impuestos ciudadanos, y esperarán la acción de la justicia.

El primer imputado en ocupar un escaño iba a ser Íñigo Henríquez de Luna, que hoy ha tomado posesión de su escaño en la Asamblea de Madrid, el mismo día en el que se ha conocido el archivo del caso en el que estaba imputado.

Al igual que las Cortes Valencianas y al contrario que la mayoría de parlamentos autonómicos, la Asamblea de Madrid ha convocado su constitución antes que la de los ayuntamientos, que será el próximo 11. 

El jueves tomarán posesión en las Cortes Valencianas diez miembros del PP imputados e implicados en los casos Gürtel y Brugal

El jueves serán 10 implicados en supuestas corruptelas quienes accederán a una misma cámara, la de representación del pueblo valenciano, las Cortes Valencianas. Lo harán aunque sobre la mayoría de ellos ya no pese solo la imputación de cohecho impropio, del que se responsabiliza, entre otros, al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, sino después de que la cúpula del PP valenciano haya sido encausada por otros graves delitos, como son el delito electoral (en el que se incluye la financiación irregular), el cohecho y la prevaricación. Todo pese al intento de la portavoz del comité electoral del PSOE, Elena Valenciano, de arrojar algo de ética y estética política sobre este parlamento y pedir a los populares que no tomen posesión de su cargo. Lo hará no solo Camps, que se dirigió a El Bigotes, uno de los cabecillas de la trama corrupta Gürtel, como “amiguito del alma”, sino también la futura alcaldesa de Alicante y a partir del jueves diputada, Sonia Castedo, sobre la que ahora se ha sabido cómo le decía a un constructor “te hemos apañado lo del Rico Pérez”. En esas mismas grabaciones policiales se muestra la cordial relación que el antecesor de Castedo, que también ocupará un escaño, Luis Díaz Alperi, tenía con el mismo empresario, el promotor Enrique Ortiz. Y entre las conversaciones, contenidas en el sumario del caso Brugal, también se encuentra otro de los futuros ocupantes de un escaño en las Cortes Valencianas, Ricardo Costa, Ric, también imputado en la causa judicial de Gürtel.

Entre los valencianos, José Joaquín Ripoll habrá de esperar al sábado, ya que su pugna interna con Camps no le ha permitido ocupar un puesto en el parlamento autonómico y tendrá que esperarse a la constitución del Ayuntamiento y, posteriormente, de la Diputación que, posiblemente, presidirá. Ripoll, imputado en el mismo caso Brugal, la trama corrupta vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante, “no quiere que sepa nadie que va a ir en el barco con Enrique (Ortiz)”, el mismo empresario al que Castedo le “apañó” lo del estadio de fútbol, tal como indica otra conversación.

El sábado será también el día en el que tomen posesión concejales electos como Rafael Sánchez, Sandokán, en Córdoba, procesado por cohecho en el caso Malaya de corrupción en Marbella (Málaga), populista donde los haya, un antiguo cabrero que se precia de no saber leer ni escribir, y cuyo partido, recién creado, ha obtenido el apoyo de casi 25.000 cordobeses y, por tanto, una representación de cinco ediles que, además, le servirán para decidir el gobierno de la Diputación. “Muchos medios de comunicación habéis hecho que las cosas sean malignas. Habéis hecho con Rafael Gómez lo mismo que hicieron con Jesucristo, acabar con él. Porque si los humanos fueron capaces de hacerle lo que le hicieron a Jesucristo, qué no serán capaces de hacer a Rafael Gómez”, es una de las afirmaciones que se encuentran en su haber.

Uno de los concejales que tomará posesión el sábado está imputado por seis delitos 

Quizá tarde unos días más en tomar posesión, por la impugnación de varias papeletas, Ismael Álvarez, en Ponferrada. El Tribunal Supremo ratificó en 2003 la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que le condenó como autor de un delito de acoso sexual, en el conocido como caso Nevenka. El PP, de donde vino, no le acogió en su seno y así decidió formar un partido independiente.

Seguro que con puntualidad lo hará, aunque esté en libertad provisional, el también independiente Ramón Vigo, futuro concejal del municipio coruñés de Cee, en la Costa da Morte, que acumula tantos presuntos delitos relacionados con la corrupción como posibilidades hay en el Código Penal español: prevaricación, tráfico de influencias y cohecho, fraude a la Hacienda Pública, malversación y falsedad documental. “Después me tienes que hacer gratis todas las cosas esas de la campaña, ya lo sabes”, se le oye decir en una de las conversaciones intervenidas judicialmente y mientras está hablando con un arquitecto para encargarle un proyecto.

“Tenía que pagar a Francisco Gordillo una comisión de un 20% de lo facturado una vez cobrado y que iba dirigido a financiar al partido”. Esta frase demuestra que no menos clarividente fue la confesión de uno de los empresarios implicados en el supuesto cobro de comisiones irregulares detectado en Telde (Gran Canaria), donde el PP y una de sus imputadas, María del Carmen Castellano, está negociando para auparse como alcaldesa.

La imputación por prevaricación sí puede costarle a Raúl Pérez Vaquero la alcaldía de Coslada, ya que su causa judicial pendiente es obstáculo para llegar a un acuerdo de gobierno. El PP podría pedirle que “sacrificara” su acta de concejal, pero esta es particular y se trata de una decisión propia. Pérez Vaquero eludió la cárcel con 22.000 euros de fianza después de que se supiera que no ejecutó una sentencia contra el sherif de Coslada, Ginés Jiménez, aquel a quien, entre otras cosas, se le grabó el “todavía no has aprendido, tienes que ir a mi despacho como van todos”, como protagonista del caso Bloque, de supuesta corrupción policial en el municipio.

Resulta también chocante que sea otro imputado, concejal electo, el que le vaya a dar la alcaldía al candidato del PP, Xavier García Albiol, que durante la campaña ha arrojado tintes xenófobos, tras el acuerdo alcanzado por los populares y CiU. El cabeza de lista de los nacionalistas, Ferrán Falcó, está imputado por presunta malversación de fondos públicos durante su etapa como presidente de una empresa pública. Un juzgado investiga el presunto cobro de comisiones por la adjudicación de obras en el que podría estar implicado quien decide el destino municipal de esta ciudad catalana.

Con más de 70 pleitos en su haber, Juan Carlos Benavides ocupará también un sillón, desde el que representará a los ciudadanos de Almuñécar (Granada). Empezó en las filas del PSOE, como teniente de alcalde, pasó por el Partido Socialista del Pueblo Andaluz, también el Partido Andalucista lo acogió en sus listas y con Convergencia Andaluza obtuvo casi el 30% de los votos de sus vecinos. Es posible que la resolución de alguna de sus imputaciones, por alzamiento de bienes, prevaricación urbanística, malversación y prevaricación, contra la ordenación del territorio o malversación, le impida terminar la legislatura.